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No fueron de buen recibo las declaraciones hechas en diversos medios por parte del Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz en las que aseguró que la liquidación del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó (Chocó) era responsabilidad directa de la Corte Constitucional. Para el alto tribunal el funcionario debe abstenerse de hacer este tipo de declaraciones que faltan a la verdad.
La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional citó las declaraciones hechas en diferentes entrevistas por el Superintendente en las cuales aseguró que la liquidación del principal centro de atención en la capital chocoana se había hecho atendiendo una orden de la Corporación. En este punto asegura que la información fue inexacta y “distan completamente” del informe del 7 de julio de 2016.
En la determinación se le pide al Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud resolver una serie de interrogantes frente a los incumplimientos frente a la efectividad de las medidas que se adoptaron para garantizar los recursos para dicho centro de atención médico pese a la existencia de diversos fallos judiciales. (Ver Gobierno tiene que tomar medidas para solucionar crisis en la salud en el Chocó)
Igualmente se le dio un plazo de tres días a la Procuraduría General para que entregue una serie de informes frente a las investigaciones y actuaciones que adelanta frente a las irregularidades por parte de funcionarios públicos en la adopción y ejecución de medidas dirigidas para solucionar la grave situación en el sector de la salud en el Chocó.
Señala la Corte que es indispensable conocer “si existe claridad sobre si el Gobierno seguirá ejecutando los recurso del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet) destinados al pago de pasivos (...) Cuán el término en el cual se realizará la transición entre el Hospital San Francisco de Asís y la entidad que lo reemplazará”.
Llama la atención que desde el anuncio de la intervención administrativa del Hospital se registraron 18 agentes interventores, 12 solicitudes de prórroga y pese a esto los indicadores mínimos de gestión “hayan empeorado drásticamente como lo es el componente financiera”. Se advierte que en 2006 las cuentas por pagar eran de $5.046 millones y en abril ascendiera a $31.530.
Debido a esto se solicitó un informe que responda el interrogante frente a la necesidad de la liquidación para solucionar la crisis en el hospital, además si se enajenarán los activos y la infraestructura para cubrir los pasivos. Finalmente pide que se responsa cómo se obtendrán y desembolsarán los 37 mil millones de pesos para lograr el saneamiento del centro hospitalario.
Debido a esto considera la Corte que el presidente de la República deberá tener copia de todo los relacionado con las órdenes emitidas y las decisiones que se adopten para garantizar el acceso a la salud en dicho departamento.