Fue extraditado este viernes desde EE. UU.

El futuro de Andrés Felipe Arias está en manos del Congreso

Mientras empieza a cumplir su pena de 17 años de prisión por irregularidades en Agro Ingreso Seguro, la esperanza del exministro de Agricultura radica en que su caso sea revisado en segunda instancia. Justo lo que busca el uribismo.

Andrés Felipe Arias fue ministro de Agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe.EFE

Andrés Felipe Arias volvió al país extraditado desde Estados Unidos, en la mañana de este viernes 12 de julio, en una sigilosa operación que buscaba una sola cosa: no dejar registro de su regreso al país como convicto. Solo así se entiende que fueran contados con los dedos de una mano los funcionarios de Migración Colombia que sabían de su traslado, mientras la oficina de prensa creía que llegaba la otra semana. Solo así se explica que no hubiera nadie asignado para tomarle fotos y hacer un video de su ingreso a Colombia, como se hace con todas las personas en sus mismas condiciones. Solo así es claro por qué fue enviado en un chárter y aterrizó en un hangar de la Policía.

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Ese favorecimiento temporal, sin embargo, no cambia su cruda realidad: vino a pagar una condena de 17 años de prisión por delitos contra la administración pública. La Fiscalía lo llevó a juicio ante la Corte Suprema por “celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”. Según la justicia, al firmar un convenio (es decir, sin licitación) con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con el fin de desarrollar el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), “se desconocieron los principios de transparencia, planeación, economía y responsabilidad propios de la contratación estatal y los rectores de la función pública”.

Arias arguyó en su defensa que ese tipo de convenios eran tradicionales, pues el IICA era una entidad especializada en temas del agro y eso era precisamente lo que requería Agro Ingreso Seguro. La Corte, sin embargo, no acogió el argumento y, al contrario, señaló que el proceder de Arias como ministro había hecho que terminaran en bolsillos de terceros miles de millones del Estado. El alto tribunal indicó que el IICA, que no fue elegido con criterios transparentes de objetividad, recibió $232.000 millones del Ministerio de Agricultura, con lo que Arias “comprometió y entregó dineros públicos”, los cuales se distribuyeron bajo reglas que él mismo determinó para escoger a los beneficiarios.

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AIS nació por autoría del propio Arias y así lo hizo saber él en el Congreso, cuando se radicó el proyecto de ley, en 2006. Fue concebido como una política pública con dos grandes componentes: ayudas directas para sectores “sensibles” (subsidios no reembolsables) e incentivos de productividad. Parte de los objetivos era proteger a actores vulnerables del agro que se habían visto afectados por el TLC con Estados Unidos, así como disminuir la desigualdad en el campo. Ese mismo año, el proyecto recibió la bendición del Congreso y comenzó a andar. Tres años más tarde, las revelaciones periodísticas de una revista —que hoy ya no existe— lo dejaron sin piso.

En septiembre de 2009, la revista Cambio publicó una investigación sobre cómo Magdalena fue el departamento más favorecido con los subsidios no reembolsables de AIS y cómo, dentro del Magdalena, tres familias muy acaudaladas se habían visto beneficiadas con estas ayudas que, se suponía, eran para sectores “sensibles”: los Dávila, los Lacouture y los Vives. Entre los Dávila figuraba Juan Manuel Dávila, entonces novio de la exreina de belleza Valerie Domínguez. Un dato relevante de la historia porque hasta Domínguez figuraba como beneficiaria de AIS. Una semana después de destaparse el escándalo, Domínguez renunció a los subsidios. Fue procesada y, finalmente, absuelta.

La casa editorial El Tiempo cerró Cambio en febrero de 2010, cinco meses después de estas revelaciones. La justicia, por su parte, hizo lo suyo. Los hermanos Inés Margarita y José Francisco Vives fueron condenados a doce años de prisión en 2016 por apropiarse irregularmente de estos subsidios —su caso está en la Corte Suprema—. En 2018, un juez avaló el preacuerdo que firmaron seis personas con la Fiscalía, quienes reintegraron unos $2.500 millones: Germán Zapata Hurtado, Luis Miguel Vergara Díazgranados, Jesús Antonio Carreño Granados, Manuel Guillermo Barrios del Ducca y los hermanos Alfonso, Juan Carlos y Alberto Dávila Abondano.

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Juan Manuel Dávila Fernández —exnovio de la exreina—, su padre, Juan Manuel Dávila Jimeno; su madre, María Clara Fernández, y su hermana, Ana María Dávila, fueron condenados a no más de dos años en prisión. También le devolvieron al Estado cerca de $2.500 millones. Este escándalo de corrupción dejó igualmente a funcionarios sancionados: Camila Reyes, quien era funcionaria de confianza de Arias y luego se volvió testigo en su contra, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por once años. Óscar Schroeder, exjefe jurídico del Ministerio, fue inhabilitado doce años. El exviceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar, fue condenado a diez años de prisión.

En 16 de julio de 2014, el turno fue para Andrés Felipe Arias: en un fallo de 403 páginas, la Corte Suprema plasmó sus razones para responsabilizar al exministro de Agricultura, uno de los más leales alfiles del uribismo, de los delitos que le endilgaba la Fiscalía y que, por ende, debía pagar una pena de 17 años, cinco meses y ocho días de prisión. Semanas antes de conocerse el fallo, en los medios de comunicación se filtró el borrador del mismo, en el cual la magistrada ponente, María del Rosario González, pedía a sus colegas de la Sala Penal condenar al exministro. Y así fue. En una votación prácticamente unánime (un magistrado se declaró impedido), Arias fue condenado.

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Pero cuando Arias fue condenado a 17 años de prisión, en 2014, ya no estaba en el país: había huido con su familia a Estados Unidos, con la esperanza de recibir asilo político, al cual aplicó apenas tocó suelo estadounidense. Con esa solicitud, sin embargo, no logró esquivar lo que quería: una solicitud de extradición en su contra, que pidió la misma Corte Suprema al confirmar que Arias no se encontraba en territorio colombiano para pagar su pena. El 24 de agosto de 2016, dos años después de haber arribado a Miami, fue arrestado. Y desde ese momento ha estado detenido, lo cual contará a la hora de calcular cuánto tiempo estará tras las rejas ahora que regresó, forzadamente, a Colombia.

Arias dio una extensa batalla jurídica en Estados Unidos, centrándose principalmente en un argumento: que Colombia y ese país no tenían un tratado de extradición vigente. En su camino contó siempre con el respaldo del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, el mismo que, como presidente, dio luz verde a más de 900 extradiciones hacia Estados Unidos. Arias, incluso, llegó a pedirle a la justicia estadounidense que verificara que Colombia no había ratificado con éxito el tratado en cuestión, lo cual fue recibido por la justicia estadounidense como una solicitud “inapropiada”, pues de los asuntos de relaciones exteriores solo se encargaba el presidente.

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En paralelo a esa batalla jurídica, Arias dio otras ante otras instancias internacionales. Uno de sus abogados, Víctor Mosquera, presentó un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo que terminó dándoles la razón: el Estado colombiano le negó el derecho a la doble instancia, pues, en su caso, la Sala Penal de la Corte Suprema fue la única instancia a la que tuvo acceso. En terreno local, Arias también apeló a ese argumento y presentó tutelas en la Corte pidiendo que su caso pasara a una segunda instancia, la cual fue aprobada para aforados como él —en calidad de ministro— en enero de 2018.

Pero el concepto de Naciones Unidas no es vinculante (es decir, no obliga al Estado) y las tutelas no le han dado frutos. La Corte le ha explicado que la doble instancia no aplica retroactivamente, que por eso, en su proceso, no es válida. Arias, sin embargo, insiste, y también el uribismo, que encontró allanado el camino por donde menos pensaba: la Corte Constitucional. En mayo de este año, ese alto tribunal señaló que todas las personas que, desde 1991, han sido condenadas en única instancia tienen derecho a impugnar sus fallos. Con base en esa determinación, el uribismo prepara ya un proyecto de ley que espera radicar en la próxima legislatura y que podría beneficiar al exviceministro.

Andrés Felipe Arias, por su parte, ha expresado hasta la saciedad que no cometió ninguna irregularidad con el que era su proyecto estrella: Agro Ingreso Seguro. Y su partido, el Centro Democrático, insiste en ello: “Reafirmamos que Andrés Felipe Arias no es un delincuente ni un prófugo. No cometió ningún delito ni se apropió un solo peso. Buscó asilo político porque fue condenado injustamente y en Colombia no tiene doble instancia ni garantías”, afirmó la colectividad en un comunicado. “En defensa de la justicia, el Centro Democrático seguirá impulsando en el Congreso una ley que permita reabrir casos de personas condenadas en única instancia. Es una medida urgente e indispensable”.