El general que frenó los falsos positivos en Sucre

El Espectador revela las razones de la Fiscalía para exonerar al oficial, hoy comandante de la Séptima División, del escándalo de las ejecuciones extrajudiciales.

El general Jorge Arturo Salgado Restrepo, hoy comandante de la VII División del Ejército. Juan Carlos Sierra - "Semana"

La horripilante página de los falsos positivos en Colombia pudo haberse evitado. Lo ocurrido en la Brigada XI tras la llegada del general Jorge Arturo Salgado, en noviembre de 2007, es la prueba de ello. Entonces dicha brigada encabezaba las estadísticas de abatidos en combate, un ranquin que se inventó el comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe, en una suerte de competencia por resultados en la lucha contra la subversión en los tiempos de la Seguridad Democrática. “Yo lo que necesito son litros de sangre”, solía decir Montoya.

Ese vertiginoso ascenso en las cifras de “positivos” se fue al piso cuando Salgado asumió la dirección de la Brigada XI. Alertado por algunos generales de mayor antigüedad a los que no les daban las cuentas y prevenido por el ruido sobre posibles asesinatos de civiles, el alto oficial tomó medidas: nombró a un asesor jurídico para impulsar las investigaciones disciplinarias y las denuncias empolvadas contra sus hombres, reforzó el control de las operaciones militares y, sobre todo, descubrió la máquina criminal del coronel Luis Fernando Borja.

Este último, en calidad de comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, confesó 57 crímenes de inocentes reportados como “bajas enemigas”. Una espeluznante radiografía asesina. El coronel Borja patrocinó estas graves violaciones a los derechos humanos durante la comandancia en la Brigada XI del coronel William Hernán Peña Forero (antecesor del general Salgado). Las delaciones de Borja resultaron contundentes para las autoridades. Hoy la Fiscalía investiga al coronel Peña Forero por ese baño de sangre de 2007.

Por ejemplo, Borja contó lo siguiente: “En dos oportunidades el coronel Peña me llamó a que fuera a Montería y me dijo que la Brigada XI estaba de segunda en las estadísticas de bajas y que necesitaba que yo le diera dos bajas al día siguiente para quedar de primero. Yo le dije que eso tan encima era muy difícil, sin embargo, las bajas se hicieron”. Esta confesión está consignada en un documento de la Fiscalía conocido por El Espectador. En esa misma decisión se revela que cuando el general Jorge Arturo Salgado sucedió al coronel Peña -en noviembre de 2007- se detuvo ese fenómeno criminal.

De hecho, fue Salgado el que pidió el retiro del coronel Borja al constatar innumerables irregularidades durante las investigaciones por bajas en combate que éste reportó como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre. La Fiscalía realizó cuatro inspecciones a la Brigada XI, con sede en Montería, entre noviembre de 2013 y febrero de 2014. En total se recolectaron 1.629 documentos que les permitieron a los investigadores llegar a la siguiente conclusión: “Entre los años 2007 y 2008 en la Brigada XI existieron dos formas de mando, una que corresponde a la del coronel William Peña Forero y otra a la del general Jorge Arturo Salgado”.

Según las evidencias, el coronel Peña impuso metas de muertes en combate y habría asesorado a sus subordinados para “cobrar” crímenes como positivos. En contraste, para el general Salgado resultaba de vital importancia el control de las unidades tácticas en todo procedimiento militar, “razón por la cual durante los programas radiales les indicaba a todos los comandantes que debían utilizar su tiempo ‘5 % dando órdenes y 95 % controlándolas’”. En criterio de la Fiscalía, esa vigilancia estricta acabó con los falsos positivos de la Brigada XI.

Un fenómeno que se disparó en 2007, pues, de acuerdo con el coronel Borja, aquellos comandantes que no cumplían las cuotas de bajas eran reprendidos, trasladados o retirados. De hecho, el oficial que antecedió a Borja en la Fuerza de Tarea Sucre fue enviado al Chocó “por no presentar muertos en combate”. Con algo más grave: en su relato, el condenado exoficial sostuvo que el entonces coronel William Peña se obsesionó con la idea de superar el número de bajas que la Brigada XI había reportado el año anterior a su llegada. Y lo logró. Mientras en 2006 se contabilizaron 115 abatidos, en 2007 esa cifra llegó a los 181 muertos.

Esos “resultados le permitieron a la Brigada XI ocupar uno de los primeros puestos en el ranquin de las estadísticas del Ejército” y por eso el coronel Peña fue llamado a curso de ascenso a general. No obstante, su ascenso jamás se hizo efectivo y, por el contrario, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, lo bloqueó. Después vino el retiro y hoy las investigaciones en su contra por cuenta de las confesiones del coronel Borja. Hablando de Borja, un dato clave para los investigadores: los asesinatos que antes perpetraba a sus anchas tuvieron un freno en seco tras una sencilla orden.

El general Jorge Arturo Salgado -ya suficientemente advertido sobre las andanzas de Borja, le exigió que le informara y le pidiera autorización “para desarrollar operativos militares con fines ofensivos”. Luego de esa instrucción, según le contó Salgado a la justicia, “no se presentaron más bajas”. En su extensa declaración ante la Fiscalía, el general Salgado aseguró que una vez fue nombrado como comandante de la Brigada XI, el 20 de noviembre de 2007, los generales Jorge Ernesto Rodríguez y Sergio Mantilla le expresaron sus sospechas por los “números exagerados” de positivos de esa brigada.

Según contó Salgado, el primer diagnóstico que hizo de la brigada fue nefasto: “Todas las investigaciones de la Fuerza de Tarea del año anterior estaban con los términos vencidos, no se habían movido un ápice (...) Después supe por qué no se movían, ¿no? Porque obviamente ellos estaban involucrados”. Aterrado, descubrió Salgado que ninguno de sus pelotones estaba en el área de guerra en el Nudo de Paramillo. ¿De dónde estaban saliendo las bajas?, se preguntó. “Paramillo era mi jurisdicción y no había un soldado ahí y todas las Farc felices”, dijo.

Pronto estableció el general Salgado que muchos de los positivos en la era de los coroneles Peña y Borja eran crímenes de lesa humanidad. Cuando la Fiscalía lo interrogó sobre Borja, señaló: “Yo lo hice dar de baja, le acabé su ‘gran éxito’ (...) Supongo que no tendrá los mejores deseos hacia mí porque yo lo desenmascaré”. En 2008, durante la comandancia de Salgado, se reportaron 60 muertos en combate. Es decir, 121 menos que el año anterior. “Cuando usted ve los resultados de 2007 a 2008 ve unas curvas perfectas de inversión”, concluyó el alto oficial en su testimonio.

De hecho, el coronel Peña entregó la Brigada XI en 2007 en el segundo puesto en el ranquin de muertos y el general Salgado terminó ese 2008 en el puesto 13. Al ser cuestionado por sus primeras impresiones tras asumir el control de la brigada, el oficial resaltó: “Pues digamos que hay presunción de inocencia, pero (lo que hacían) era tan criminal que rápidamente usted detecta que hay que neutralizar esa fuente de riesgo”. Las acciones que tomó Salgado, constató la Fiscalía, fueron claves para evitar nuevas ejecuciones de civiles. Por eso archivó su caso y por primera vez desde que estalló el escándalo de los falsos positivos, reconoció en el oficial un militar determinado a extirpar de las filas castrenses el cáncer del body counting.

La liberación de dos secuestrados

El general Jorge Arturo Salgado Restrepo oficia hoy como comandante de la VII División del Ejército, con jurisdicción en Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Santander, Boyacá y Chocó. Tiene bajo su mando a 35.000 hombres y la responsabilidad de evitar la expansión de la guerrilla del Eln y las bandas criminales. Tras su paso por la Brigada XI, cargo en el que estuvo hasta marzo de 2009, fue trasladado al Comando del Ejército. El pasado viernes el general Salgado y sus hombres lograron la liberación de Ángel Gabriel Valencia y Héctor de Jesús Palacios, dos conductores que fueron secuestrados el 6 de abril por el Eln en un retén ilegal en Chocó. El grupo insurgente pedía $10 millones por la liberación de cada uno de ellos. No obstante, la presión de la VII División permitió que regresaran a la libertad en zona rural de Tadó.