El incompleto rompecabezas de Mapiripán

El expediente de esta masacre condenó a 37 años de prisión al general (r) Jaime Uscátegui.

El general (r) Uscátegui lleva 15 años vinculado al proceso. / Daniel Gómez Hernán Orozco fue condenado a 40 años de prisión por la masacre. / Archivo

A pedazos se ha tenido que reconstruir el expediente de la masacre de Mapiripán durante los últimos 17 años, cuando se conoció el horror que allí sembraron los paramilitares. Del 15 al 20 de junio de 1997, los habitantes de este municipio y sus alrededores supieron que la sevicia de algunos hombres no tiene límites: asesinatos, torturas, cuerpos lanzados al río Guaviare y hasta la orden de no recoger los restos que yacían en las calles sellaron con miedo los labios de los sobrevivientes. El silencio fue el primer reto que enfrentó la investigación de este caso. Luego vino la incertidumbre sobre el número de víctimas, la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia y el descubrimiento de personas que se hicieron pasar como víctimas para cobrar la millonaria indemnización.

Este martes la masacre de Mapiripán reeditó uno de sus capítulos cuando la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 37 años de prisión contra el general (r) Jaime Humberto Uscátegui por no haber impedido que la crueldad paramilitar se ensañara contra este municipio. Una decisión que el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón lamentó y sobre la que trinó que “éste fallo causa profundo dolor”, aunque se respeten las competencias de los jueces. Por su parte, el presidente candidato Juan Manuel Santos destacó que Uscátegui podría ser cobijado con el Marco Jurídico para la Paz porque éste contempla que “si hay algún tipo de beneficios para la contraparte también se contemplan beneficios para los agentes del estado”.

El oficial ha insistido desde 1999, cuando fue vinculado al proceso, en su inocencia. Dijo que presentará una acción de revisión para demostrar que no tenía mando operacional sobre el batallón Joaquín París, el grupo militar que debió responder ante la irrupción ‘para’ por su cercanía con Mapiripán, al tener su sede en San José del Guaviare. De hecho, fue el comandante de este batallón, en su momento el mayor Hernán Orozco, quien acusó a Uscátegui de no haber actuado, pese a que se le informó sobre la acción bélica.

“Orozco me mandó un oficio el 16 de mayo de 1997, diciendo que había presencia de paramilitares en Mapiripán, pero en el último punto aseguró que el juez de allá no recomienda realizar operaciones. Y si no lo recomendó es porque nada grave estaba pasando. Si Orozco era tan recto, ¿por qué no informó que del 12 al 15 de julio el Joaquín París y la Brigada Móvil 2 se confabularon con los paramilitares para transportarlos hasta Mapiripán? ¿Por qué no contó cómo llegaron y en los aviones de quién?”, señaló Uscátegui en conversación con El Espectador.

Precisamente, sobre el oficial Orozco pesa una condena de 40 años de prisión por la masacre, sentencia de la cual no ha purgado ni un minuto porque está viviendo en Miami desde 2003. Logró un asilo en Estados Unidos aduciendo que la vida de él y de su familia corrían peligro en Colombia. Al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se le ha endilgado la carga de haber colaborado en esta salida del país; sin embargo, según el abogado del caso Eduardo Carreño, “quien lo saca del país es el mismo gobierno, lo que nosotros hicimos ante la amenaza fue solicitar medidas de protección ante la OEA, como lo hemos hecho en muchísimos casos y lo seguiremos haciendo”. Lo cierto es que aquí aún debe explicaciones para terminar de reconstruir el rompecabezas inconcluso de la masacre. Por ahora vive en Miami como si nada.

Además, la lenta investigación de las autoridades nacionales para esclarecer los hechos también dio pie a que haya una penumbra sobre el número de víctimas que perecieron en la encrucijada paramilitar. Hasta 2003, cuando el caso llegó a los estrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se decía que fueron 49 los asesinados. Aun así, cuando este organismo produjo la primera sentencia al Estado colombiano por esta masacre la cifra se redujo a 20. Después, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía reveló en 2011 que los ‘paras’ segaron la vida de 77 personas, en contraposición a la Unidad de Justicia y Paz del mismo organismo que calculó un máximo de 13 víctimas. La bruma sobre la totalidad de los afectados y sus identidades generaron un nuevo escándalo que enlodaría la sentencia.

En 2011, la Fiscalía descubrió irregularidades en los testimonios de los supuestos afectados y descubrió que existían falsas víctimas. Mariela Contreras, Zuly Herrera y Argemiro Arévalo fueron los primeros procesados por mentirle al Estado y haber recibido $3.343 millones de la indemnización. En estos momentos, están esperando una sentencia por los delitos de fraude procesal y estafa agravada, luego de que aceptaran cargos. Y, como si los giros inesperados no tuvieran fin en el drama de la masacre de Mapiripán, el general Uscátegui fue aceptado como víctima de las falsas víctimas porque el Tribunal de Bogotá consideró que los testimonios de estas personas lo afectaron.

La imagen de la masacre y el horror con el que se tiñó aún están lejos de completarse. Los interrogantes aún no resueltos continúan empolvándose con el paso del tiempo, mientras elementos tan claves como el número de víctimas siguen siendo una incógnita.

 

[email protected]

@macamilarincon

Temas relacionados