Cerca de dos meses duró el análisis de los restos del excomandante del M-19 Carlos Pizarro Leongómez por parte de un grupo encargado de criminalística del CTI de la Fiscalía General. El pasado 26 de noviembre se adelantó la exhumación del cuerpo del candidato presidencial asesinado el 26 de abril de 1990 en pleno vuelo. Igualmente se exhumaron los restos de Gerardo González Uribe, señalado de haber sido el autor material del crimen.
En el informe balístico se hizo un análisis de la trayectoria de los tres proyectiles que acabaron con la vida de Pizarro Leongómez, así como su ubicación y la de su atacante. Esto en el marco de la investigación que se reabrió por parte de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General que consideró que existían nuevas hipótesis sobre el autor material del asesinato registrado en el avión que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla. (Ver "Existió una clara intención para desviar el caso desde el momento del asesinato")
Según se ha podido establecer, una de las hipótesis a las que se llegó en dicho documento es que el candidato presidencial recibió tres impactos en su cabeza que ingresaron de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Para esto, con un análisis de alta tecnología, se logró la ubicación de las heridas de ingreso y salida de los proyectiles, tarea que tuvo dificultades teniendo en cuenta los daños y fisuras que presentaban los huesos por el paso del tiempo.
Este documento reposa en el despacho del fiscal del caso, que con otras pruebas realizadas en los últimos años tendrá que escalecer el ángulo del proyectil y la posición de la víctima y el victimario en este caso. Para esto también tendrá en cuenta la recreación realizada en mayo de 2010 por agentes del CTI con el fin de establecer la veracidad de las declaraciones presentadas por los testigos presenciales de la acción. (Ver Las razones de la exhumación de Carlos Pizarro)
Desde hace cuatro años surgió la hipótesis que González Uribe no habría sido el autor de los disparos que acabaron con la vida del dirigente político sino que había sido uno de los miembros de su cuerpo de seguridad que estaba en manos de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Debido a estas dudas se ordenó la recolección de pruebas para establecer la participación de otras personas en este atentado.
Y es que en los últimos años tomó fuerza los señalamientos sobre la participación de agentes del Estado en la ejecución de este crimen, así como la infiltración de personas al cuerpo de seguridad de Pizarro Leongómez. Se espera que en los próximos meses se tome una decisión de fondo frente a este caso.