El informe Springer sobre el Eln

El fiscal general, Eduardo Montealegre, presentó en Washington un documento de 46 páginas que, de nuevo, deja interrogantes en el aire sobre el trabajo que la firma de Natalia Springer ha hecho para la Fiscalía.

La firma de Natalia Springer ha recibido $4.276 millones para investigar a las Farc y el Eln. / Archivo
 
Gráficas de sólo dos fuentes públicas, sin análisis, interpretación o cruce de datos, sin conclusiones concretas a la vista, con un breve repaso por la historia del Eln, y una explicación sucinta de la metodología utilizada: ese es el contenido del resumen que el pasado miércoles en Washington, ante miembros del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, divulgó el fiscal Eduardo Montealegre. Un documento de 46 páginas que intenta dar luces sobre el trabajo que la firma Springer Von Schwarzenberg está haciendo para la Fiscalía, en el marco de un contrato directo que fue firmado el pasado 3 de julio por $3.085 millones. 
 
La firma de Natalia Springer fue contratada para brindar “asesoría, acompañamiento y apoyo jurídico y técnico (…) para el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales/internacionales cometidos por el grupo armado Eln”. Este es el primer avance que se conoce de su trabajo de manera oficial, pues el fiscal Montealegre se ha negado a entregar detalles de estas asesorías argumentando que tienen la debida reserva de una investigación penal. Incluso, Natalia Springer ha catalogado su trabajo de seguridad nacional.
 
En Washington, el fiscal presentó este avance sobre los ataques contra la infraestructura petrolera acompañado, nada más y nada menos, que de la propia Natalia Springer, quien viajó a la capital de Estados Unidos sólo para hacer acto de presencia en esa rueda de prensa. Allí, fiscal y contratista enunciaron como resultados de esa investigación un listado de cifras entre 1986 (cuando empezó Caño Limón a funcionar) y 2014: la cantidad de atentados cometidos contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, los derrames sobre ecosistemas especiales, los días que el oleoducto dejó de funcionar y las ganancias que el país dejó de recibir. 
 
El resumen de 46 páginas contiene la portada, una página introductoria, siete páginas que hablan de cómo el análisis cuantitativo y la tecnología satelital han sido usados para investigar violaciones de derechos humanos en otras partes del mundo, una página que reseña las herramientas metodológicas, cinco páginas en las que se hace una breve línea del tiempo del Eln, un mapa que muestra el trayecto del oleoducto Caño Límón-Coveñas, dos infografías y 19 tablas que enlistan datos como el costo de las reparaciones o la cantidad de petróleo derramado por municipio.
 
Todas las gráficas y cifras de ese documento vienen de dos fuentes: el Sistema de Información Geográfica del Agustín Codazzi o  Ecopetrol. En la academia se considera que cualquier análisis cuantitativo serio sólo llega a conclusiones novedosas cuando las fuentes de información son múltiples. “Esta metodología permite la obtención de datos numéricos y estadísticas precisas que soportan todas las investigaciones de la Fiscalía”, señaló el fiscal Montealegre. Las cifras, sin embargo, distan de ser inéditas. Ecopetrol lleva desde hace más de 13 años un juicio conteo de todos los ataques contra la infraestructura petrolera; el Ministerio de Defensa hace lo mismo.
 
“Más allá de unos gráficos con una información que es pública y una caracterización de las zonas afectadas (clima, ecosistemas, etc.), en el documento no hay mucho. La parte que podría llegar a ser interesante, que es la de la valoración económica de los daños al medio ambiente causados por los atentados, no tiene casi nada de información.”, señaló Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. “Natalia Springer sigue posando de hacer cosas súper sofisticadas, cuando en realidad son unos gráficos y la descripción de unos datos que son públicos”, agregó.
 
El plus de un trabajo como este no es sólo arrojar cifras, para eso las bases de datos son públicas. El valor agregado radica en cómo se interpretan estos datos para que la Fiscalía los pueda usar en eventuales juicios contra los integrantes del Comando Central (Coce) del Eln, como es el plan de la Fiscalía. La “Valoración económica de los impactos ambientales”, que está en las últimas siete páginas del informe, podría ser ese gran aporte, pues ni siquiera Ecopetrol o el Agustín Codazzi, que llevan años trabajando estos temas, han logrado determinar una metodología para tasar el impacto de los derrames de crudo  en los ecosistemas, más allá de cuánto petróleo se deja de vender o cuánto cuesta reparar los tubos.  
 
Esas siete páginas, sin embargo, no son para nada claras. La firma Springer tomó en cuenta cuatro variables: el valor del barril (no especifica en qué períodos), el clima, la cobertura (tipo de suelo) y el bioma (ecosistema). A cada una de esas variables les atribuyó un valor sin explicar de qué manera. Y al final, concluyó que el total era de US$22.878 millones. Cifra que no coincide con la que el fiscal Montealegre dio en la rueda de prensa, que fue de US$42.000 millones.
 
Tampoco se entiende que en una de las infografías del reporte se establezca, sin saber cómo –porque en ningún otro lado se menciona–, que el país ha dejado de recibir US$20 billones (o sea, US$20.000 millones) por los ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas. Ecopetrol estima que las pérdidas de Colombia en casi 30 años, por cuenta de los barriles de petróleo que se han dejado de producir por ataques a toda la infraestructura petrolera –no sólo Caño Limón–, es una décima parte de lo que calculó la firma Springer: US$2 billones, o sea, US$2.000 millones. Hablar de US$20 billones es hablar de una cuarta parte de la fortuna de Bill Gates que, según la revista Forbes, es de $79.200 millones, lo cual lo hace el hombre más rico del planeta en 2015 “Evaluar asuntos ambientales es algo que está por inventar, es muy complejo”, le dijo a este diario un funcionario de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
 
“No se puede tasar de forma uniforme, los ecosistemas varían en cada lugar. Para eso se necesitaría un trabajo de campo de al menos uno o dos años, recorriendo metro a metro las regiones a evaluar”. La firma Springer logró hacerlo en menos de cuatro meses. 
Ese fue el primer esbozo oficial sobre el trabajo de la firma de Natalia Springer. El informe completo sólo lo conocen el fiscal Eduardo Montealegre, el fiscal Juan Pablo Hinestroza, jefe de la Dirección de Análisis y Contextos, y por supuesto, la propia Springer. La ausencia de conclusiones más allá de un torrente de números sin análisis, las metodologías no explicadas y la valoración del impacto ambiental que han tenido los ataques a los oleoductos, sin saber con claridad cuáles de esos ataques se le pueden atribuir al Eln, son algunas de las varias preguntas que quedan el aire después de leer este documento, divulgado ayer por El Espectador. 
 
 
 

 

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2015-10-29T23:22:41-05:00

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2016-03-27T12:51:33-05:00

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Diana Durán Nuñez / Jaime Flórez Suárez

Judicial

El informe Springer sobre el Eln

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