El karma de Emilio Otero

Sobre la sanción que el secretario del Senado nunca cumplió.

Durante una década, el proceso para elegir al secretario del Senado era el siguiente: todo el que quería presentaba su hoja de vida y él siempre ganaba. Sin embargo, la sexta reelección de uno de los funcionarios mejor pagados del país —devenga hasta $359 millones al año, entre salarios, bonificaciones y primas— está complicada: el próximo 20 de julio el Senado elegirá a su secretario, y parlamentarios como Juan Manuel Galán –vocero del Partido Liberal en el Senado–, Armando Benedetti –expresidente de esa corporación– y John Sudarsky, del Partido Verde, han dicho que no votarán por él.

Además, el fantasma de una sanción que nunca cumplió y que se le impuso hace 14 años sigue rondándolo. El Espectador conoció la sanción que en segunda instancia profirió la Procuraduría contra Otero, por irregularidades en la realización de tres contratos cuando se desempeñaba como director administrativo y presidente de la Junta de Adquisiciones y Licitaciones del Congreso. En el documento de 52 páginas, el Ministerio Público lo sancionó con 90 días de suspensión de su cargo, sin remuneración, pero esto nunca se cumplió debido a un sinnúmero de demandas que Otero ha impuesto.

Según el expediente, Otero y otras tres personas firmaron en marzo de 1994 un contrato para el mantenimiento de 379 máquinas de escribir y 65 calculadoras por un valor de $29 millones, otro para el suministro de 119 condecoraciones por $19 millones y otro para la adquisición de 600 metros de alfombra por $27 millones. Los contratos se hicieron sin los respectivos estudios previos que de haberse realizado habrían demostrado anomalías y sobrecostos como los que encontró la Procuraduría.

En uno de ellos se presentaron tres proponentes, pero la Procuraduría descubrió que dos de ellos habían sido puestos como “relleno” para que la licitación pareciera ajustada a la ley, ya que estaba hecha para que se la ganara una sola persona. Fue tan así que en un documento del Congreso la proponente salía ganadora de la licitación tres días antes de que la junta decidiera a quién se adjudicaría el contrato.

“La selección del contratista se produjo antes de las cotizaciones y los demás participantes sólo sirvieron de convidados de piedra para dar visos de legalidad al proceso contractual, cuando el mismo estaba resuelto con anticipación”, resaltó el fallo. Para no ser sancionado, Otero argumentó que su función no era la de revisar los requerimientos legales de los contratos y que todo se hizo acorde a la ley.

Respecto a los sobrecostos de los contratos, la defensa de Otero aseguró sin ton ni son que “el sobreprecio en los contratos estatales es una práctica usual entre los comerciantes cuando cotizan para el Estado”. Además aseveró que para la fecha de los hechos, marzo de 1994, no había legislación alguna que regulara la contratación estatal y que, por ello, no había unos lineamientos determinados que seguir.

La Procuraduría desvirtuó estos argumentos y concluyó tajante: “Se olvida el implicado que como ordenador del gasto tenía una responsabilidad no sólo por la celebración de los contratos, sino por su participación activa en el proceso de selección del contratista”. Por eso lo declaró “responsable disciplinariamente”. Otero siempre ha dicho que nunca lo han sancionado y que este fallo jamás se hizo efectivo porque había cambiado de cargo. Curiosamente, en la Procuraduría no figura este hecho en sus antecedentes disciplinarios.

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