Tercera entrega

El lastre político que arrastra Barrancabermeja con sus alcaldes (III)

El avance del paramilitarismo se hizo cada vez más notorio en el puerto petrolero. Se creó la Asociación de Municipios Amigos por la Paz (Amipaz), impulsada por las autodefensas, y Barranca fue protagonista.

Édgar Cote (derecha) recibió apoyo de Nelson Naranjo, representante a la Cámara entre 2002 y 2006 por Convergencia Ciudadana que resultó condenado por parapolítica. Foto: Tomada de Barrancabermejavirtual.com

En 2004 terminó elegido alcalde Edgar Cote Gravino, un acomodado arquitecto y comerciante de la ciudad que se había lanzado tres veces sin suerte y que finalmente ganó la alcaldía. Pero en poco tiempo la ciudad entendió quién iba a gobernar de verdad en el municipio: las autodefensas. Con un agravante más para sellar ese nuevo poder: a la Gobernación de Santander accedió Hugo Aguilar, tiempo después condenado por parapolítico.

Un testigo de excepción fue el periodista Alfredo Serrano, autor de varios libros sobre el conflicto y sus tentáculos en Santander. Él refiere que personalmente denunció al alcalde Cote porque su connivencia con el paramilitarismo saltaba a la vista. En medio de una turbia atmósfera política y social, Serrano tuvo que huir de la ciudad y vivir un año exiliado en Argentina. Entre tanto, el Bloque Central Bolívar planeaba su desmovilización sin declinar su poder. 

Dos momentos específicos ejemplarizan lo que fue ese imperio a la sombra. A finales de 2004, con el respaldo de 36 alcaldes de zonas de influencia paramilitar, se creó la Asociación de Municipios Amigos por la Paz (Amipaz), que luego se supo fue impulsada por las autodefensas. El presidente de esa inusual organización fue justamente el alcalde Édgar Cote Gravino, y para su aprobación sucedió un hecho aún más desconcertante.

(En contexto: Las cuentas pendientes de “Ernesto Báez”)

El 31 de diciembre de 2004, para sorpresa de los concejales por lo extraño de la fecha para deliberar, fueron convocados a una sesión extraordinaria. El único punto fue aprobar un acuerdo municipal para otorgarle facultades al alcalde Cote y vincular a Barrancabermeja a la referida asociación. La oposición la lideró la concejal Claudia Andrade, pero el ponente del proyecto, el concejal John Moros, logró que la mayoría le diera su voto.

“No pueden desaprovechar la gran oportunidad que les dan para que el alcalde tenga al municipio como miembro fundacional de esta asociación que les va a representar muchos beneficios y muchas dignidades en Colombia y en la región”, expuso ese día el concejal John Moros. Esa misma fecha fue aprobado el acuerdo y el alcalde Cote quedó facultado para comprometer recursos para el pago de la afiliación y las cuotas de sostenimiento.

El periodista Alfredo Serrano recuerda de qué manera él fue testigo del nacimiento de Amipaz. “En agosto de 2004 fui a entrevistar a un exalcalde de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, y cuando terminamos me pidió que lo acompañara a una reunión política en Montería. Con otros alcaldes y exgobernantes viajamos a Córdoba y el evento se realizó en la sala de conferencias de una caja de compensación. No me querían dejar entrar”.

Serrano relata que al evento asistieron, entre otros, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, el político Carlos Moreno y varios académicos, y que con el aval de los alcaldes y varios políticos nació Amipaz, cuya asamblea de constitución se formalizó en diciembre del mismo año en Cartagena. Según denunció después la hoy congresista Claudia López, esa asociación llegó a tener 120 alcaldes para defender el legado político paramilitar.

Entre ellos, el primer mandatario de Barrancabermeja, Édgar Cote -fallecido en accidente aéreo en 2012-, quien facilitó la causa desde su propio gobierno. Entre la complacencia de los invitados a crear Amipaz, como lo registró el periódico virtual Portada tiempo después, el día de la fundación de Amipaz  Ernesto Báez comentó: “El alcalde de Barrancabermeja soy yo”. El sacerdote De Roux reconoció que acudió engañado y luego cuestionó esa encerrona.

El otro momento, tan evidente como crítico, se dio en 2006, cuando el alcalde Cote intentó entregar a un gestor privado la empresa estatal Aguas de Barrancabermeja, para que operara los sistemas de acueducto y alcantarillado. Un sector del concejo se opuso argumentando daño fiscal, pérdida de autonomía administrativa, falta de transparencia en la licitación pública y sospecha sobre turbios intereses privados e ilegales detrás del negocio.

(Vea en la primera entrega de este tema los inicios de la problemática relación que ha tenido Barrancabermeja con sus mandatarios locales. 

Vea en la segunda entrega de este tema la historia de cómo el paramilitarismo empezó a hacer sombra en el puerto petrolero.) 

El asunto derivó en un intenso debate público y solicitud de intervención a la Contraloría. Al final lo hizo la Procuraduría y paró la licitación. La gestión la hizo el excongresista Aristides Andrade, y fue tal la calentura política ante la postura del  Ministerio Público, que hubo hasta intento de asonada contra los opositores a la licitación. En la traescena era un secreto a voces la razón de la pelea: en el negocio del acueducto se ocultaban intereses poco santos.

En la citada entrevista a Vanguardia Liberal de julio de 2012, en su versión web, el jefe paramilitar Ernesto Báez detalló lo que sucedió realmente en Barrancabermeja y en otros municipios de Santander.  En algunos casos manejaron hasta el 80% de la contratación pública, y patrocinaron candidatos a alcaldías, concejos, asamblea y Congreso. A los opositores políticos optaron por silenciarlos o someterlos a través de la intimidación armada o la calumnia.

Por eso, la campaña para la Alcaldía en 2007, en pleno auge del escándalo de la parapolítica, demostró el cansancio del electorado barranqueño. Con apoyo del sacerdote Francisco de Roux y el aval de ASI, se impuso Carlos Contreras López, un geólogo, excontratista y exsecretario de planeación que parecía cambiarle el destino al puerto petrolero, pero que terminó también enredado y en la cárcel por aprobar unos viáticos a una asesora jurídica.

El proceso penal se desarrolló cuando Contreras ya había terminado su gestión, porque durante la misma los dilemas de Barrancabermeja y, en general de Santander, se replicaron con fuerza en los estrados judiciales. No solo por la avalancha de la parapolítica, sino porque en el ámbito de la aplicación de la ley de Justicia y Paz (ley 975 de 2005), los jefes paramilitares empezaron a protagonizar con su dossier de verdades y mentiras entrelazadas.

Espere en la siguiente publicación cómo ciertos sectores de Barranca empezaron a tratar de hacer contrapeso al monstruo paramilitar que se había tomado ya el municipio.