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La escena que protagonizó Carlos Eduardo Valdés el pasado jueves en la noche no es usual. En un país acostumbrado a ver a sus altos funcionarios atornillándose en sus cargos mientras algún gran escándalo azota a las instituciones que representan, Valdés se paró frente a periodistas que él mismo había citado en el búnker de la Fiscalía para informar de su renuncia, presentada tras detectar que había cometido un error en el caso de Jorge Enrique Pizano. Se trataba, y él lo sabía, de un proceso clave: Pizano ejerció como controller de la concesionaria Ruta del Sol II y desde ese puesto detectó irregularidades con Odebrecht —se sabría luego que eran pagos de sobornos— que transmitió, entre otros, al entonces abogado del Grupo Aval, NéstorHumberto Martínez.
Pizano murió el pasado 8 de noviembre en la finca donde vivía en Subachoque (Cundinamarca). Medicina Legal, la entidad que Valdés dirigió desde abril de 2011 hasta este 20 de diciembre, era la llamada a sacar de dudas a su familia y demás interesados respecto a las circunstancias del fallecimiento. El respeto y el buen nombre que Valdés había construido a lo largo de más de 30 años de carrera eran un ingrediente fundamental en esta enrevesada historia. Por eso, en círculos académicos y profesionales donde Valdés es conocido, más de uno quedó sorprendido ante su admisión de que había fallado al decir que una mancha de sangre analizada era de Pizano, cuando no lo era.
Ahora, el ciclo de Valdés en Medicina Legal quedó cerrado. Lo nombró allí la entonces fiscal general Viviane Morales, quien reconoció su labor de casi siete años en la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, como coordinador de la Unidad de Derechos Humanos, y sus 13 años largos como jefe de la División de Criminalística de la Fiscalía. Valdés sabía como pocos de la búsqueda de desaparecidos. “En ese momento había más nombres para Medicina Legal. Él fue nombrado porque tenía una hoja de vida muy buena y una experiencia muy grande”, le dijo a este diario un exfuncionario de la administración Morales.
Su experticia en el tema de la desaparición se hizo evidente y un caso en especial así lo deja ver: el del Palacio de Justicia. Un caso que, por demás, lo ha perseguido durante su trayectoria: cuando estudiaba décimo semestre de medicina en la Universidad Nacional, como practicante de la entidad que llegaría a dirigir 26 años más tarde, ayudó a organizar las bolsas en las que empleados de la Empresa Distrital de Servicios Públicos —lo cual, aceptó, fue un exabrupto científico— iban guardando restos de las víctimas del holocausto. Para Valdés fue claro que en ese momento, noviembre de 1985, la Fuerza Pública se tomó el instituto.
“Esa labor nunca se debió realizar de esa manera. Siendo apenas un estudiante, yo no contaba con elementos de juicio suficientes para criticar o controvertir las órdenes que se daban”, dijo hace un mes a Cecilia Orozco en entrevista con este diario. Agregó: “(En la morgue) había mucho personal uniformado y de civil, repito, que daba instrucciones sobre los contenidos de las bolsas. Asumo que con esas indicaciones, ellos orientaban lo que se reportaba al final”. Entre 1996 y 2000, cuando estaba en la Fiscalía, acató la orden de un juez sin rostro de exhumar los restos de víctimas del Palacio inhumados en el Cementerio del Sur, en Bogotá. Así fue como apareció Ana Rosa Castiblanco.
Ya en Medicina Legal, Valdés constituyó un banco genético con muestras de familiares de muchas víctimas del Palacio de Justicia —no todos han querido—. Ese esfuerzo llevó a que, en los últimos años, se hallaran e identificaran los restos de cinco personas que fueron desaparecidas después de la toma del M-19 y la retoma militar: Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo, Cristina Guarín, Bernardo Beltrán y Héctor Jaime Beltrán. También se han identificado las osamentas de personas que fueron sepultadas en tumbas erradas, como los magistrados auxiliares Emiro Sandoval y Carlos Horacio Urán. La labor posterior de explicar en qué circunstancias murieron o fueron desaparecidos, a cargo de la Fiscalía, aún no se ha hecho.
“Con su llegada se puso punto final a más de seis años de ires y venires con varios directores que tenían al instituto en incertidumbre”, le contó a este diario un alto funcionario de Medicina Legal. “Estábamos en una crisis en el Instituto de Medicina Legal, venían de muchos escándalos, con muchos problemas en el interior —cuenta Viviane Morales—. Pedí que se buscara una hoja de vida excelente, sin tacha, y el vicefiscal Juan Carlos Forero postuló la del doctor Valdés. Un hombre íntegro, que trajo mística al instituto y reorganizó. Me parece que hizo un trabajo serio e importante, y lamento profundamente el episodio por el cual está atravesando y su renuncia. Tengo el mejor concepto de él”, añadió la exfiscal general.
(Lea sobre: el trabajo que hizo Medicina Legal en el caso de Yuliana Samboní)
Deja un legado que reconocen quienes trabajaron con él y aplauden sobre todo la renovación de la morgue de la regional Bogotá, que podría llegar a ser la más moderna de Latinoamérica; la expansión en el territorio nacional, “generando estadísticas cada vez más confiables para los diferentes entes investigadores”, y “la certificación nacional e internacional de exámenes de diferentes laboratorios. Es decir, las pruebas no certificadas no tienen validez”. No todo fueron aciertos, claro. Critican, asimismo, que deja un problema de salarios y que no obtuvo el músculo financiero que la entidad requería. El sindicato de la entidad cuestionó duramente su trabajo en el caso Pizano.
Hombre sereno, de tono de voz afable y buen trato, se despidió de Medicina Legal con la voz quebrada mientras aseguraba que no debía dudarse de la credibilidad de la entidad y que, a pesar de su error, el resultado de los laboratorios sobre las muestras de Jorge Pizano seguía siendo válido. Es decir, que en el cuerpo de este testigo esencial del caso Odebrecht no se hallaron rastros de cianuro. Visiblemente compungido, Valdés pronunció sus últimas palabras como director de la entidad: “A Colombia le entrego un instituto con alta calidad científica, con unos peritos honestos. Es el director el que cometió el error”. “Su actitud es un ejemplo para otros funcionarios”, dijo a este diario el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar.