En el limbo caso de robo al Fosyga

El Consejo de la Judicatura dio plazo hasta diciembre para que se terminen procesos sensibles en despachos adjuntos de Bogotá.

La justicia investiga a Claudia Patricia Rojas, excoordinadora de recobros del Ministerio de Protección.   / Archivo
La justicia investiga a Claudia Patricia Rojas, excoordinadora de recobros del Ministerio de Protección. / Archivo

El expediente por el millonario desfalco por recobros irregulares o inexistentes al Fosyga —la defraudación rondaría los $30 mil millones— está ad portas de quedar en la impunidad. ¿La razón?: el juicio que se lleva a cabo en el Juzgado 4 adjunto especializado de Bogotá podría ser objeto de una nulidad que lo dejaría herido de muerte. Por orden del Consejo Superior de la Judicatura, éste y otros seis juzgados adjuntos tienen sus días contados. En palabras castizas, significa que los juicios que se están adelantando podrían caerse y los procesados recobrar su libertad.

Desde noviembre de 2011, cuando jueces de carrera fueron nombrados en juzgados especializados que estaban en provisionalidad, se vio la necesidad de crear varios despachos adjuntos a esos juzgados para que se terminaran procesos sensibles. Sin embargo, hace dos semanas la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidió ponerles punto final a estos juzgados y dar a lo sumo hasta diciembre para evacuar todos los expedientes que allí se tramitaban. Uno de esos procesos es el desfalco al Fosyga.

Según sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el principio de inmediación en el derecho obliga a que el mismo juez que practica las pruebas sea el que dicte sentencia. Si esto no ocurre puede decretarse una nulidad y devolver el expediente a sus etapas iniciales. En el proceso del Fosyga están detenidos Claudia Patricia Rojas —excoordinadora de análisis de recobro del Ministerio de Protección Social—, Luis Andrés Ruiz —exfuncionario de sistemas de esa entidad— y los particulares Édgar Medina, John Lemus y Héctor Durán. Si no se prorroga el tiempo del juzgado adjunto que lleva el caso y se falla, éste podría quedar en la impunidad.

No es el único caso. Fuentes de los juzgados especializados le dijeron a El Espectador que también peligra el proceso en contra de varios pesos pesados de la banda criminal Los Rastrojos. En pleno juicio varios testigos han sido asesinados y si administrativamente no se hace algo urgente para garantizar que la audiencia continúe y se dicte sentencia, es probable que toda la investigación se venga a pique. Aún peor, de darse esa posibilidad, sería prácticamente imposible utilizar las confesiones de los declarantes asesinados en desarrollo de los juicios.

Otro de los procesos que se vieron afectados fue el del atentado a Caracol Radio, ocurrido el 12 de agosto de 2010. El Consejo de la Judicatura dio como fecha máxima hasta el 31 de diciembre para acabar ese juicio. ¿Podrá terminarse? ¿Pueden casos como estos, tan delicados, tener un tiempo límite? Con las complejidades que cada expediente tiene, ¿es posible cumplir con las expectativas del Consejo de la Judicatura? Son algunas de las preguntas que se hacen en los juzgados especializados de Bogotá. “Tal parece que por presiones de la Contraloría en el manejo de los recursos es que se tomó la decisión de acabar con los despachos adjuntos. Pero, ¿y las consecuencias?”, añadió la fuente.