El lío jurídico que desataron las denuncias de acoso contra Ciro Guerra

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La Fiscalía citó a interrogatorio a las periodistas que revelaron denuncias anónimas de ocho mujeres que aseguran haber sido violentadas por el cineasta. Si el ente investigador sigue adelante con el proceso, les queda retractarse o comprobar sus afirmaciones, pero no es tan sencillo.

En una decisión cuestionada, la Fiscalía citó a interrogatorio a las periodistas Matilde Londoño y Catalina Ruiz-Navarro por el presunto delito de calumnia el cineasta Ciro Guerra las denunciara penalmente por publicar una investigación en la que lo señalaban de conductas de acoso y abuso sexual. La diligencia judicial causó revuelo en el movimiento de mujeres, en organizaciones de derechos humanos y hasta la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) lanzó una alerta, pues “parece orientarse al uso del derecho penal para limitar la libertad de prensa”.

(En contexto: Citaron a interrogatorio a las periodistas que revelaron supuestos acosos de Ciro Guerra)

El Espectador consultó con abogadas que llevan casos de acoso sexual y denuncias similares y sostuvieron que es común que los agresores sexuales denuncien a las víctimas cuando ellas alzan la voz, por lo que no les extrañó el recurso de Guerra. Sin embargo, hay un consenso alrededor de un punto, como le dijo a este diario Carolina Giraldo, de la Red Jurídica Feminista: “La Fiscalía debería empezar es a preocuparse por qué es lo que pasa para que las mujeres no tengan confianza en denunciar, sino que tengan que acudir a medios de comunicación, ¿qué es lo que está mal en la justicia?”.

El reportaje de las periodistas Londoño y Ruiz-Navarro es, en palabras de la Flip, “extenso, detallado e incorpora los más altos estándares de rigurosidad periodística”. Lo publicaron en la revista web Volcánicas y reúne los relatos de ocho mujeres que aseguran haber sido violentadas sexualmente de alguna manera por el director de El Abrazo de la Serpiente. “Tenemos chats, tenemos mails, tenemos notas de voz, tenemos mínimo un testigo por cada caso que coincide con las víctimas”, le aseguró Ruiz-Navarro a este diario al conocerse su citación a interrogatorio.

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Las denunciantes, a su vez, son anónimas. Y, cuando en junio pasado publicaron el reportaje, la Fiscalía inició una investigación de oficio. Sin embargo, la justicia opera de una manera en la que se hace necesario saber quiénes son las denunciantes. Según explicó Viviana Benavides, de la firma Derecho Vivo Abogadas, “la Fiscalía tiene la obligación de investigar: seguramente el fiscal buscará conseguir los nombres de las mujeres para llamarlas a declarar, pero si ellas no declaran probablemente el proceso no va a avanzar”. Mientras tanto, Guerra denunció a las periodistas por injuria y calumnia.

A renglón seguido, sin embargo, Benavides aclara que, “una mujer víctima tiene el derecho a denunciar y el derecho a quedarse callada. No por eso las autoridades pueden quedarse quietas. Por el contrario, tienen la obligación de investigar y de recabar todas las pruebas que puedan”. Y, en la misma línea, la abogada Lina Morales, también de la Red Jurídica Feminista, considera que “les hemos trasladado a las mujeres una obligación de presunción de inocencia, de derecho a la defensa, cuando este es un derecho que se garantiza procesalmente. Es decir, si yo digo que un hombre me violó él no deja de tener derecho a presumirlo inocente, pero dentro de un proceso”.

En el trabajo de asesoría jurídica que han hecho Morales y Giraldo dicen que se han topado con muchos casos como el que ahora enfrentan Ruiz-Navarro y Londoño. Cuando un grupo de mujeres se dice denunciar públicamente a un hombre en una posición de poder, este usualmente responde con tutelas y denuncias. “Realmente la mayoría de denuncias por injuria y calumnia se archivan. La Fiscalía poco se esmera en investigar porque son delitos querellables, excarcelables y tienen es una multa”, explica Giraldo. Pero aclara: “Lo que pasa es que el solo hecho de denunciar a una víctima genera intimidación y eso genera más miedo en las mujeres que no han denunciado”.

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Morales, a su vez, agrega que el delito de injuria está pensado para daños muy profundos al buen nombre, pero, “es claro que a los hombres no se les acaba la reputación y la vida cuando son denunciados por acoso. En cambio, en este caso, esta denuncia sí puede afectar el ejercicio periodístico de dos mujeres. Y eso que se trata de dos mujeres que tienen el privilegio de poder mantenerse en sus afirmaciones y que pueden ir al interrogatorio. No es lo mismo que lo hagan ellas dos a que lo haga un colectivo de chicas universitarias al denunciar a un profesor, por ejemplo”.

Benavides explica que una de las formas más comunes en las que termina un proceso por injuria y calumnia es porque la persona que ha sido denunciada. Este probablemente no sea el caso porque las periodistas han dejado claro que no se van a retractar en una coma de lo que escribieron. Pero la otra forma en la que el proceso puede terminar a su favor es que demuestren que todas las denuncias contra el cineasta son ciertas, pero ahí se complica el panorama jurídico por una disposición del Código Penal, explica la abogada Benavides.

Y es que, la ley penal colombiana prohíbe defenderse de una imputación de injuria y calumnia demostrando los hechos cuando se trate de señalamientos “que se refieran a la vida sexual”. Es decir, en la lectura de Benavides, este artículo limita la capacidad que podrían tener Ruiz-Navarro y Jaramillo de demostrar ante un juez los señalamientos que ya expusieron en su reportaje. Además, limitaría las acciones de cualquier víctima de violencia sexual para sostenerse en denunciar a su agresor. “Considero necesario que ese numeral segundo se replantee; que el Congreso tome cartas en el asunto, porque se está discriminando a las víctimas de violencia sexual”, agregó la abogada.

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