El lío por un supuesto carro robado de la UNP

Luz Almanza, defensora de DD. HH., denunció que 20 policías intentaron decomisarle el carro de la Unidad Nacional de Protección en el que se moviliza, asegurando que era hurtado. El organismo de protección confirmó la autenticidad del vehículo.

Esta es la camioneta que la Policía quería decomisarle a Luz Almanza. / Cortesía

Luz Almanza regresó a Barrancabermeja (Santander) el pasado 14 de enero. Como ha ocurrido en los últimos nueve años, el 21 de diciembre fue blanco de nuevas amenazas que la obligaron a dejar el municipio en el que coordina la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes). Las amenazas, firmadas por el clan Úsuga, le decían que había llegado “la limpieza” para “volar las cabezas” con las “guerrilleras hijas de puta disfrazadas en AsFARCdes”.

Al otro día, cuando sus escoltas llegaron a recogerla en la camioneta que hace dos años le asignó la Unidad Nacional de Protección (UNP) como parte de su esquema de seguridad, tres patrullas de la Policía y seis motorizados llegaron a su casa. Le dijeron que su carro estaba “gemeliado”, es decir, que era robado. Le exigieron, sin una orden judicial, que les entregaran las llaves del vehículo, a lo que ella se negó.

La discusión llegó a tal punto que los familiares de Almanza salieron a defenderla. De inmediato, los uniformados, en cabeza del capitán Gabriel González, comenzaron a tomar fotografías no sólo del vehículo, sino de Luz Almanza, sus familiares y su casa. “Ellos trataron de abrir la camioneta y de llevársela, pero nosotros no dejamos. El capitán Gabriel me mostró un pantallazo de un Mazda 3 que tenía la misma placa. Yo sólo le dije que no tenía nada que ver en esto”, le contó Almanza a El Espectador.

Lo que más la asustó fue la actitud agresiva de los uniformados, entre quienes también logró hablar con un patrullero de apellido Fernández. “A pesar de que mis escoltas llamaron a la empresa que alquila los carros, Renta Car, y de que yo llamé a la UNP y al comandante de la Policía del Magdalena Medio, ellos insistían en llevarse el carro. Ni siquiera les interesaban los papeles”, señala Almanza.

Los policías se fueron de la casa cuando Almanza exigió por teléfono explicaciones al comandante del Magdalena Medio. Antes de irse, el capitán González le dijo a la mujer: “Le voy a dar unos días para que solucione esto”. De haberse efectuado el procedimiento, Almanza, quien sólo el año pasado fue víctima de amenazas en dos ocasiones, habría quedado sin un medio de transporte seguro para adelantar sus funciones como coordinadora de Asfaddes en Barrancabermeja y otros lugares cercanos.

Este diario se puso en contacto con la Policía del municipio a orillas de Magdalena, que señaló que el operativo se llevó a cabo “con base en una información que tenían y que habían recogido en inteligencia”. Sin embargo, no respondieron sobre los motivos por los cuales no se presentó una orden judicial para el decomiso del vehículo, ni por qué o para qué tomaron fotografías de Luz Almanza, sus allegados y su lugar de vivienda.

El Espectador se puso en contacto con la empresa Renta Car, que señaló que la vocería del asunto estaba en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que ellos sólo se encargaban de adquirir los vehículos a través de Toyota, que los importaba. La UNP señaló que Renta Car es uno de los cinco operadores que le alquilan los vehículos a la entidad para los esquemas de seguridad, y que “es casi imposible que este carro sea robado, pues lo que hacen estas empresas es adquirir lotes completos de vehículos directamente de los concesionarios”.

Aun así, la UNP inició la investigación, junto con la Policía de Tránsito, para esclarecer lo ocurrido. El subdirector de Protección de la entidad, coronel Nelson Aceros, le aseguró a este diario que las investigaciones ya habían corroborado la autenticidad de la camioneta Toyota Prado TX de color gris y que, en ese caso, el vehículo plagiado sería el Mazda 3 que le mostró el capitán Gabriel González a la líder social. “En el operativo llamé a la UNP y me dijeron que esto era inaudito. Y es que yo llevo dos años andando por todo el país en este carro, y nunca jamás me han puesto problema”, señaló Almanza.

La lideresa, cuyo esposo fue desaparecido por paramilitares el 16 de mayo de 1998, en la peor masacre que ha experimentado Barrancabermeja, señaló que ya le solicitó a la UNP que le hiciera un cambio del vehículo. Aun así, dice, cada vez que recorre las calles del barrio donde vive, los policías del cuadrante de esa comuna la paran y le preguntan si ya resolvió la situación. “Yo sólo les digo que eso es responsabilidad del Estado, no mía”.

Los hechos ya están consignados en el informe que le envió la Comisión Colombiana de Juristas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que le otorgó medidas cautelares a Almanza desde el año 2008.

“La señora Almanza Suárez teme por su seguridad”, dice el informe, y agrega: “pues aparte de lo molesto del incidente, considera que puede haber otro propósito subyacente al procedimiento policial que sufrió, en tanto que es completamente inaudito e inverosímil que se realice semejante despliegue sobre un vehículo que hace parte de un esquema de seguridad aprobado por una entidad estatal”.

En dicho reporte, además, la Comisión le pidió al tribunal internacional que le diera la orden al Estado colombiano de abrir una investigación disciplinaria contra los uniformados que estuvieron involucrados en los hechos, que cambiara el vehículo de Almanza y que se aclare a dónde fueron a parar las fotos tomadas.