El mapa de las denuncias contra la Fuerza Pública por violencia sexual

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Foto: GUSTAVO TORRIJOS

El nuevo escándalo que vive el Ejército a raíz de varias denuncias de abuso sexual contra sus miembros, que incluye la admisión de responsabilidad de siete soldados en la violación de una niña embera chamí de 12 años hace dos semanas, tiene rindiendo cuentas a la institución castrense por acusaciones de ese mismo calibre en años pasados. El propio comandante de esa fuerza militar, general Eduardo Zapateiro, señaló que desde 2016 hay 118 uniformados bajo investigación por casos de abuso sexual que involucran a niñas, niños y adolescentes. De ellos, 76 han sido retirados del servicio activo —31 salieron la semana pasada— y los demás son investigados disciplinariamente.

La ONG Temblores, organización que trabaja para proteger poblaciones vulnerables, armó una base de datos con información de Medicina Legal, en la que recopiló 241 denuncias contra miembros de la Fuerza Pública por violencia sexual en Colombia de 2017 a 2019. De esos, 139 casos (el 56 %) habrían sido cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y los 109 restantes, por miembros de la Policía. La última denuncia, que no alcanza a figurar en esa base, se presentó en abril pasado en plena cuarentena por el COVID-19. Una mujer en Bosa (Bogotá) señaló ante los medios de comunicación que dos uniformados en un CAI la detuvieron, desnudaron, robaron y abusaron de ella.

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Otro de los datos que revela el trabajo de la organización es que, del total de las denuncias, en el 74 % la víctima fue una mujer. Y que, en cerca de 110 casos, las afectadas fueron personas con problemas de adicción a las drogas. El trabajo investigativo arrojó también que aunque este tipo de violencia se ha presentado en mayor proporción en la calle (68 casos), áreas deportivas (50) y viviendas (44), hay dos cifras que no se pueden pasar por alto: que 34 de los abusos se habrían cometido en guarniciones militares y 12 en centros de reclusión. Bogotá, de lejos, es la zona del país que reporta más casos, con 131, seguido de Antioquia (15), Cundinamarca (12), Caldas (7) y Boyacá (6).

“Es importante dejar la claridad de que la violencia sexual en este país se comete no solamente en el marco del conflicto armado, sino también por fuera de él. Por supuesto que uno se escandaliza por la desprotección que tienen niñas y mujeres en centros rurales, en lugares alejados donde la guerra ha hecho estragos con los cuerpos y las vidas de las mujeres. Pero, efectivamente, en Bogotá este tipo de violencia no solo se presenta en el interior de las familias, sino por policías y militares”, dijo a El Espectador Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas.

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A su vez, Temblores concluyó que la población más afectada entre ese período fue la estudiantil, con 148 casos. Y, de nuevo, lanza otra cifra alarmante: 21 de las víctimas se identificaron como miembros de la Fuerza Pública. Sobre población indígena, hay solo seis casos reportados, lo que de entrada indica un fuerte subregistro: el fin de semana pasado, la vicefiscal Martha Mancera viajó a Guaviare para indagar sobre más casos en los que, aparentemente, están implicados militares, luego de que se conociera la denuncia de una nukak de 15 años que habría sido violada por dos soldados en el batallón José Joaquín París en 2019. Mancera informó que el ente investigador priorizó 13 casos no más en ese departamento.

La organización Akubadaura, dedicada a la asesoría legal de comunidades indígenas, señaló que las niñas y adolescentes de estas poblaciones enfrentan una situación particularmente difícil en el contexto del conflicto armado colombiano, “tanto por las situaciones de violencia sexual no limitada a la invasión física del cuerpo humano, sino que incluye actos que no implican penetración o contacto físico, como otras formas de violencia contra las mujeres”. La CIDH también ha aseverado que su situación es “especialmente crítica debido a la historia de discriminación y exclusión sobre la base de su condición de mujeres y de indígenas, y a los graves efectos del conflicto armado”.

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Además, según el Registro Único de Víctimas, del total de mujeres víctimas de delitos contra la integridad sexual, el 19 % son mujeres con pertenencia étnica negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, y el 5 % son mujeres indígenas. “Las organizaciones insistimos desde hace dos décadas para que se cumpla el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe que se involucre a las comunidades rurales en confrontaciones armadas y que se ubiquen bases militares en territorios ancestrales, porque la militarización de los territorios modifica las lógicas culturales y trae como consecuencia el reclutamiento infantil, la violencia sexual y otras violaciones de derechos humanos”, expresó Lina Tobón Yagarí, miembro de la comunidad de juristas Akubadaura.

Luego de esta oleada de denuncias, la Procuraduría tomó cartas en el asunto. El procurador Fernando Carrillo ordenó la creación de un grupo élite para investigar estos hechos, el cual estará conformado por procuradores delegados de Familia, Derechos Humanos y Fuerza Pública. “Hemos solicitado al comandante de las FF. MM. y al director de la Policía que nos envíen toda la información relacionada con casos de abuso y violencia sexual atribuibles a miembros de la Fuerza Pública: lugar, fecha, ubicación de la víctima y si le notificaron a autoridades penales”, indicó la cabeza del Ministerio Público.

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Al debate sobre cómo evitar que en el futuro se presenten más casos se sumó Profamilia, entidad sin ánimo de lucro que lucha por los derechos sexuales. Esta organización pidió fortalecer la formación de los miembros de la Fuerza Pública en el reconocimiento y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Además, pidió que se aplique “un enfoque diferencial de derechos humanos, reconociendo que las niñas, niños y adolescentes más vulnerables, como lo son las niñas indígenas, están más propensas a la violencia por ocasión de crisis humanitarias, como las que se suscitan en el marco del conflicto armado y la pandemia por COVID-19”.

Adriana Benjumea asegura que estos casos no habían trascendido porque denunciar violencia sexual es muy difícil para las víctimas y, cuando hay miembros de la Fuerza Pública involucrados, encuentran aun mayores barreras. “Estos hechos se cometen en regiones en donde el poder lo ostentan las Fuerzas Militares y muchas de las víctimas son amenazadas luego de que ocurren los hechos. En ocasiones, incluso, son los superiores de los militares implicados quienes van a negociar el silencio de las comunidades o las familias empobrecidas”, apuntó.

Tanto Benjumea como Tobón coincidien en que los niveles de impunidad en estos casos también es casi total. Por ejemplo, citan el caso del sargento Juan Carlos Díaz, quien denunció en el interior del Ejército a sus subalternos de haber violado a la niña embera, y luego fue retirado de la institución castrense. Las dos defensoras de derechos humanos señalaron que se le da un pésimo mensaje al país cuando la persona que cumplió con el deber de informar sobre este delito. El Ejército, sin embargo, sostiene que el suboficial, como comandante del pelotón que violó a la niña indígena, tenía el deber de evitar que un crimen así sucediera y que fue por eso que lo sacó.

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“La justicia de este país se debe una conversación seria sobre lo que significa la violencia sexual en los ámbitos de la guerra como por fuera de ella; cuando es en lo privado como en lo público o cuando el agresor es parte de una familia como un extraño. Creo que este escándalo de las Fuerzas Militares es una oportunidad para que se piense en este tema, sin exceptuar a ningún grupo armado. Que ninguna niña, mujer joven o adulta tenga que estar evitando ni el campo ni las ciudades para ser víctima de violencia sexual”, concluyó Benjumea.