El millonario pleito entre una farmacéutica y una multinacional

Laboratorios Biogen de Colombia denunció a dos funcionarios de la aseguradora Royal & Sun Alliance que habrían pedido adulterar un peritazgo para pagar una indemnización menor a la que correspondía.

Fernando Londoño, presidente de laboratorios Biogen de Colombia. / Luis Ángel - El Espectador

El 8 de julio de 2005, la multinacional Royal & Sun Alliance —una de las diez aseguradoras más grandes del mundo, con presencia en 140 países, 17 millones de clientes y 23.000 empleados— aseguró a la compañía farmacéutica Biogen de Colombia a través de una póliza de responsabilidad civil adquirida por ésta en caso de cualquier siniestro. El 25 de agosto de ese año, a las 12:07 de la madrugada, por la combinación de gases se presentó una explosión en la planta de la farmacéutica ubicada en la zona industrial de Bogotá. Esta fue la génesis de un pleito millonario que sigue sin resolverse y que tiene a tres personas ad portas de ir a prisión.

Se trata de los funcionarios de Royal Guillermo García Escobar y Francia Elena Rincón, así como Juan Carlos Lancheros Rueda, director general de McLarens Young Colombia: una firma investigadora creada para proteger el patrimonio corporativo de las empresas cuando sufren eventos catastróficos. La Fiscalía los llamó a imputación de cargos por los delitos de falsedad en documento privado y estafa agravada. La audiencia, programada para el 17 de marzo pasado, no se pudo realizar porque no se presentaron ni los imputados ni sus abogados. Ni siquiera presentaron una excusa.

La historia es así: después del estallido de la planta de producción de Biogen en 2005, la multinacional aseguradora entregó un anticipo de cerca de $6.000 millones para la reconstrucción de las instalaciones, la compra de equipos, la sustitución de otros y, en general, para garantizar la permanencia del laboratorio colombiano, que tiene más de 40 años en el mercado. Todo iba bien hasta que comenzaron las dilaciones por parte de Royal para tasar una indemnización definitiva por cuenta de los perjuicios ocasionados al laboratorio por este siniestro y el dinero que dejó de percibir la compañía.

Fue entonces cuando de común acuerdo la aseguradora Royal y Biogen contrataron a la firma ajustadora McLarens Young Colombia con el fin de que una empresa experta en este tipo de situaciones pudiera valorar el monto final de las pérdidas. McLarens delegó al contador público Arnulfo Silva para que como experto contable calculara la indemnización que debía ser cancelada a Biogen por concepto de lucro cesante. El 16 de abril de 2007 McLarens entregó su reporte a la aseguradora Royal, pero persistían los desacuerdos.

Una semana más tarde el laboratorio convocó un tribunal de arbitramento con el objetivo de conseguir el pago de la póliza. El tiempo fue pasando y los problemas económicos de la farmacéutica se agravaban, pues estaba acosada por múltiples obligaciones económicas. Ante esto, sus directivos tuvieron que acudir a varios créditos por un valor total de $12.000 millones para cubrir ese faltante de la aseguradora. Después de muchas maniobras para conseguir los dineros, el laboratorio siguió funcionando, pero al mismo tiempo había un pleito en un tribunal de arbitramento que seguía sin resolverse por cuenta de las diferencias entre Biogen y Royal.

En noviembre de 2007, tras los requerimientos del árbitro designado Bernardo Botero Morales, la aseguradora Royal hizo entrega del informe de ajustes elaborado por la firma McLarens y suscrito por su representante legal, Juan Carlos Lancheros. Un documento que tenía sustanciales diferencias con el primero que fue elaborado por el experto contable Arnulfo Silva. Mientras este último aseguraba que la utilidad bruta perdida por Biogen era de $11.883 millones, misteriosamente el reporte que recibió el árbitro Botero Morales aseguraba que esta suma era de apenas $1.318 millones.

Nadie se percató de este súbito cambio en el peritazgo hasta mucho tiempo después de que se fallara el laudo arbitral. El 14 de octubre de 2008, con base en un presunto reporte alterado por funcionarios de Royal y McLarens —según el expediente judicial—, el árbitro determinó que al laboratorio Biogen le correspondían en total cerca de $14.000 millones. Biogen había pedido $29.000 millones y, según las cuentas del perito Arnulfo Silva, esta compañía tenía la razón. Tanto así, que Silva se dio cuenta de que el reporte que él hizo fue modificado para favorecer a Royal y que el documento que se le entregó al árbitro fue firmado por Juan Carlos Lancheros.

El 7 de noviembre de 2008, es decir, tres semanas después del laudo arbitral, Arnulfo Silva acudió a un notario y presentó una declaración extrajuicio en la que señaló que McLarens y Royal le hicieron varias solicitudes para que redujera el monto de la indemnización en su peritazgo. Silva sostuvo que durante una reunión en marzo de 2007, Juan Carlos Lancheros, Francia Elena Rincón y Daniel Guillermo García le indicaron que su informe debía ser modificado, pues la aseguradora Royal no reconocería un valor superior a $7.000 millones y tampoco serían contempladas otras indemnizaciones reclamadas. La explosiva confesión de Silva terminó en que sin ningún recato le habían exigido la manipulación del peritazgo.

Alertados por las revelaciones del investigador Silva, las directivas de Biogen decidieron llevar este caso a la justicia penal. Y es que Silva advirtió que el informe aportado al tribunal de arbitramento no había sido el que él había hecho, que las diferencias en cuanto al monto de indemnización eran tremendamente grandes —más de $10.000 millones— y que estas inconsistencias evidentes eran demasiado graves. Con base en estas revelaciones, los abogados Julio Sampedro y Juan David Riveros, en representación legal del laboratorio, denunciaron ante la Fiscalía estos hechos.

Casi cinco años después, la Fiscalía 85 seccional de Bogotá llamó a imputación de cargos a los funcionarios de Royal & Sun Alliance Daniel Guillermo Escobar y Francia Elena Rincón, así como al representante legal de McLarens Juan Carlos Lancheros como posibles coautores de los delitos de falsedad en documento privado y estafa agravada. Hoy este caso, que ajusta casi una década de pleito judicial, puede aproximarse a una cuantía de $15.000 millones. Para Fernando Londoño, presidente de Biogen, tanto la aseguradora Royal como la firma ajustadora McLarens obraron de mala fe con el objetivo de “tumbarlos”.

“Royal le ocultó a Biogen el documento de ajuste elaborado por el experto Arnulfo Silva. Fuimos engañados y con ese documento adulterado fue que el árbitro Bernardo Botero falló. Si el árbitro hubiera conocido el verdadero documento de Silva, nos habría reconocido la indemnización que hemos pedido, que es de cerca de $29.000 millones. No obstante, apenas nos pagaron $14.000 millones. Además, hay otra inconsistencia clave: el peritazgo alterado lo firmó el representante legal de McLarens y no el perito Silva como debió ser. Por eso en su declaración ante el notario, Silva reconoció que su informe había sido cambiado”, le dijo a este diario Fernando Londoño.

Y añadió: “La gente de Royal nos dijo que si sus funcionarios son condenados por la justicia penal pagarán el dinero correspondiente, pero que si ese escenario no ocurre, no cancelarán ningún dinero extra. En cualquier proceso que enfrenta una compañía de seguros con su asegurado, ésta tiene que obrar con altísima buena fe. Las compañías de seguros no se pueden prestar para entorpecer, modificar o pagar menos de lo que tienen que pagar. Tampoco tienen que pagar de más, pero no pueden intentar maniobrar para pagar menos. Uno paga un seguro pensando que la compañía va a afrontar como corresponde la indemnización por un siniestro”.

El Espectador dialogó con el representante legal de McLarens Juan Carlos Lancheros, quien señaló que no se iba a pronunciar al respecto, que sus abogados, de los cuales no dio el nombre, se comunicarían con este diario en las próximas horas y que lo único que tendría que decir, se lo diría a la justicia. Sobre esta firma internacional habría que decir que es una de las empresas ajustadoras más antiguas del mercado, con presencia en 83 países en los que tiene 330 oficinas y con un amplio reconocimiento.

Este diario además se comunicó con Royal & Sun Alliance pero al cierre de esta edición no había tenido respuesta de un vocero oficial. Después de Semana Santa se reprogramará la audiencia de imputación de cargos en los juzgados de Paloquemao en Bogotá contra los dos funcionarios de Royal y el representante legal de McLarens. Entretanto, Fernando Londoño insiste en que la justicia terminará por demostrar que quisieron estafar a su empresa y que acudirá a todos los medios legales para demostrarlo.

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