El montaje contra el capitán Castillo

La Fiscalía les imputó cargos a un fiscal y a dos miembros del CTI que, al parecer, manipularon interceptaciones telefónicas y crearon falsas noticias criminales para enlodar el nombre del director de la DIAN en Barranquilla.

El investigador judicial Alexánder Hormiga y el fiscal Manuel Orlando Molano Rojas. / El Heraldo.

En ocho meses la Fiscalía descubrió el montaje del que estaba siendo víctima el capitán de la Armada Jorge Eduardo Castillo Santos, director seccional de Aduanas de Barranquilla. En un principio se intentó vincularlo con una supuesta red de oficiales que trabajan en la Costa Caribe al servicio del contrabando y el narcotráfico. Tanto así que el 4 de agosto de 2013 El Espectador reveló unos audios en los que se mencionaba al capitán. Sin embargo, Castillo había denunciado la persecución desde el 17 de junio de 2013 y hace una semana el ente investigador les imputó cargos a tres de sus funcionarios que habrían armado y manipulado un expediente.

Se trata del fiscal quinto seccional de Soledad (Atlántico), Manuel Orlando Molano Rojas, y de los investigadores del CTI Miguel Antonio de León Porras y Alexánder Hormiga, a quienes les imputaron cargos por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, prevaricato, violación ilícita de comunicaciones, abuso de autoridad y revelación de secreto. Todo comenzó cuando el fiscal Molano le dio validez a una denuncia que presentó el 30 de enero de 2012 José Benito Flórez, un hombre inexistente y que no aparece en las bases de datos de la Registraduría.

Supuestamente Flórez entregó un escrito en el que decía ser funcionario de la DIAN en el aeropuerto de Barranquilla y que el director de aduanas —nunca nombró a Castillo— amenazaba, sometía y agredía con palabras a sus trabajadores. Asimismo, que desde el 10 de marzo de 2011 empezó a trasladar gente sin justa causa. Sin embargo, según demostró el propio oficial, su nombramiento ocurrió fue el 11 de marzo de 2011 y sólo ejerció funciones desde el 16 de marzo de ese mismo año, cuando se posesionó. Para la Fiscalía, Molano continuó la investigación de manera “sesgada y sin fundamento penal”, ya que el acoso laboral no era un delito.

El fiscal Molano ordenó entrevistar a José Benito Flórez, inspeccionar las oficinas de la DIAN en Barranquilla, solicitar la hoja de vida del capitán Castillo y todas las resoluciones que firmó desde su nombramiento, a pesar de que en la denuncia aún no se había establecido la identidad del oficial. En pocas palabras, Molano enfiló baterías contra Castillo aún sin tener la certeza de que era el denunciado. Quienes adelantaron estas diligencias fueron los investigadores De León y Hormiga.

El 6 de febrero de 2012 los investigadores De León y Hormiga elaboraron un informe en el que precisaban que una fuente no identificada por vía telefónica les advirtió que el director seccional Jorge Castillo estaba cometiendo irregularidades a través de actos administrativos y que había contratado como asesores a Augusto Ríos y Ricardo Daza para “entrenarle en cómo evadir los controles establecidos en el código aduanero”. La fuente anónima agregó que el oficial junto a su personal estaban beneficiando al contrabando y que todo lo coordinaban por celular.

En el informe se precisó que buscaron fuentes adicionales. La Fiscalía encontró que el único entrevistado fue el presidente del sindicato de la DIAN (Sintradian), Rafael Acevedo Suárez —quien confirmó el supuesto acoso laboral que ejercía el capitán Castillo—. Pero lo más grave del caso es que en medio de las pesquisas la Fiscalía evidenció el pasado 15 de enero que a las denuncias de la supuesta fuente anónima jamás les abrieron noticia criminal, no aparecían registradas en bases de datos oficiales y que con base en esa información el fiscal Molano solicitó interceptar el celular de Castillo.

En pocas palabras, para las autoridades el fiscal Molano y los investigadores del CTI emitieron el 17 de febrero órdenes de interceptación sin tener soportes jurídicos. Asimismo, que en el momento en el que solicitaron la legalización de estas escuchas, el fiscal Molano engañó por fuera de micrófonos al juez segundo de Soledad —según dijo este último en interrogatorio— al manifestarle que esta era una situación que comprometía la seguridad nacional, pues se trataba de una red criminal que tenía nexos con el contrabando y el narcotráfico. De esta forma, el ente investigador indicó que Molano logró que en otras dos oportunidades, el 22 de mayo de 2012 y 16 de agosto de ese mismo año, le legalizaran las interceptaciones al teléfono del capitán Castillo.

Otro de los elementos que demostraban el supuesto complot contra Castillo fue la manipulación que les hicieron a las transcripciones de las llamadas interceptadas. El audio que generó más polémica, por el artículo de El Espectador, fue en el que se escuchaba al capitán hablando con el vicealmirante César Narváez sobre un cargamento de droga que habían decomisado en la ribera del Magdalena y que, según dijo en su informe el investigador De León, estaban intentando ocultar o destruir. La Fiscalía ordenó a la Dijín volver a analizar los registros y la conclusión fue que en ningún momento se podía evidenciar que los oficiales incurrieran en algún delito.

Para la Fiscalía, los audios filtrados tenían como objetivo enlodar el buen nombre del capitán Castillo, ya que los investigadores de la Dijín manifestaron que en la llamada lo que se estaba era solicitando el préstamo de una bodega para guardar un cargamento y que en ningún momento se buscaba ocultarlo. Además, que Castillo luego fue informado de que era prohibido utilizar algún centro de almacenamiento de la DIAN para tales usos, por lo que se desestimó la idea. Finalmente la droga fue llevada a un batallón en Cartagena.

Desde que el capitán Castillo instauró la denuncia contra el fiscal Molano, señaló que detrás de su cabeza estaban mafias que se habían visto afectadas por sus logros como director seccional. Agregó que en anteriores oportunidades había sido amenazado de muerte —situación reportada a las autoridades el 17 de mayo de 2012— y que había acusado a Sintradian por injuria y calumnia el 26 de julio de 2011, cuando lo señalaron de violar los derechos de los trabajadores. Por ahora, el fiscal Molano y el investigador De León tienen medida de aseguramiento domiciliaria. Hormiga quedó libre, pero con restricciones. Aún queda mucha tela por cortar en un caso en el que las redes de narcotráfico y contrabando han puesto en su mira a los funcionarios de la DIAN.