El nuevo capítulo en la novela judicial de la familia Mora Urrea

Los hermanos Alirio y Uriel Mora Urrea. / Óscar Pérez - El Espectador

Foto: OSCAR PEREZ

El caso de la familia Mora Urrea, señalada de lavar dinero del Bloque Oriental de las Farc para enriquecerse, tomó un giro inesperado. Aunque los hermanos Alirio y Uriel Mora, dueños de Merkandrea, fueron recapturados hace una semana, un juez de control de garantías los volvió a dejar en libertad y compulsó copias para que se investiguen aparentes irregularidades en el proceso de extinción de dominio que permitió el embargo de sus bienes, viéndose también afectado el supermercado Supercundi, propiedad de su otro hermano Norberto Mora Urrea, también procesado por los mismos hechos.

La decisión se dio a escasos días de la audiencia de lectura del escrito de acusación contra los Mora Urrea que está prevista para hoy. Desde su captura, en febrero de este año, en medio de un escándalo mediático, la pelea en los estrados judiciales no ha cesado. Mientras los abogados defensores sostienen que se trata de un montaje contra la familia Mora Urrea con falsos testigos a bordo, la Fiscalía insiste en que tiene pruebas suficientes para demostrar que, con dinero de las Farc, los sindicados montaron sus negocios y lavaron millones de pesos del frente de la guerrilla que comandaba alias Romaña.

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En el novelón judicial en que se ha convertido el caso, la defensa ha insistido en tener evidencias para probar que se trata de una persecución. En abril pasado, cuando un juez de garantías los dejó por primera vez en libertad, reiteró que los testimonios de tres desmovilizados de las Farc, que a su vez son los testigos estelares del caso, tienen anomalías. A pesar de que el pasado julio, contra los Mora Urrea se libraron nuevas órdenes de captura y, salvo Norberto, Alirio y Uriel se entregaron a la Fiscalía, por segunda ocasión la justicia consideró que no había justificación para que estuvieran presos.

En esta ocasión, el juez 22 penal de control de garantías regañó a la Fiscalía y compulsó copias para investigar sus actuaciones en el proceso de extinción de dominio, piedra angular de la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Además, en esa medida cautelar reposan los testimonios con los que se capturó a los Mora Urrea y las pruebas de los supuestos incrementos patrimoniales sin justificar de la familia desde finales de los años 90. En particular, la defensa de los Mora Urrea sostuvo que el testimonio de Wilson Martín Rivas, alias Muelas, tiene inconsistencias.

Según la transcripción del testimonio de Wilson Rivas, firmada por el fiscal 35 de Extinción de Dominio, Nicolás Sotomontes, la declaración fue tomada el 20 de noviembre de 2017 en El Espinal (Tolima). Sin embargo, la defensa presentó una certificación, firmada por el propio Sotomontes, en la que aseguró que ese día el testigo estaba en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. Es decir, que mientras el documento decía que la diligencia había tenido lugar en Tolima, el mismo fiscal certificó que ese día él estaba junto a Muelas en su oficina. Para la defensa, esa declaración sugiere una presunta falsedad en documento público.

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“Las certificaciones del 20 noviembre de 2017 aparecen suscritas por el fiscal Sotomontes y eso supone dos cosas: o que se adulteró alguno de los documentos y se está plasmando información falsa, o es un error tipográfico. Los dos escenarios son delicados porque si es dolosa la actuación, es claro que se está manipulando la actuación de extinción de dominio en contra de la familia Mora Urrea. La segunda es que si de muy buena fe hubo errónea inscripción del sitio en el que se adelantó la diligencia, con eso no se puede tener a dos personas presas”, recalcó el juez 22 penal el pasado 27 de agosto.

A su vez agregó: “Si no soy diligente para hacer un acta o una declaración, con menos veras puedo decirles a personas que se presumen inocentes que los voy a guardar. Es bastante delicado que con un error (en esa declaración), que no es menor, se embarguen bienes y se sustente una medida de aseguramiento (…) Es un duro golpe a la razonabilidad de la inferencia de autoría o participación”. Por esas razones, el juez 22 de control de garantías ordenó la compulsa de copias para establecer qué fue lo que realmente sucedió en ese expediente para la extinción de dominio de los bienes de los Mora Urrea.

En su decisión, el juez sostuvo que no se puede aún determinar si los Mora Urrea puedan seguir colaborando con estructuras criminales —según la Fiscalía, podrían ayudar a los disidentes de alias Guacho—, pues su única vinculación con grupos armados ilegales se estableció a partir de los testimonios de los desmovilizados. El juez centró su segunda crítica en que si bien en febrero y marzo se embargaron los bienes de los Mora Urrea, se les capturó y envío a prisión por lo que dijeron los exguerrilleros, solo hasta el 18 de abril se buscó verificar si los testigos fueron o no miembros de las Farc.

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La Fiscalía ya apeló la decisión con el argumento de que el abogado defensor no fue coherente y que el juez de control de garantías no puede valorar pruebas o testimonios, pues eso hace parte de otra etapa procesal a cargo del juez destinado a la etapa de juicio. Sobre la declaración de Wilson Rivas, sostiene que fue un simple error de fecha y que el juez destruyó la “inferencia razonable” del testimonio. En pocas palabras, que lo desacreditó sin tener competencia. Por falta de pruebas, la Procuraduría siempre se ha opuesto a que a los Mora Urrea se les imponga medida de aseguramiento.

En medio del galimatías jurídico, Uriel y Alirio Mora Urrea sostienen que de todos modos el proceso ya acabó con su negocio familiar, el mismo que su padre arrancó cuando tenían diez años. Insisten en que nunca han tenido nexos con las Farc y que su verdadero pecado fue evadir impuestos. Lo cierto es que, seis meses después de iniciado el escándalo, sus supermercados Merkandrea están acabados y solo tienen deudas. “A los bancos se les deben $6.000 millones más intereses y a los proveedores, como $800 millones”, señaló Uriel Mora.