El nuevo lío de Piedad Córdoba

Declaraciones en las que pide a indígenas del Cauca rechazar la presencia militar la tienen en el ojo del huracán.

Vuelve y juega Piedad Córdoba. La exsenadora liberal, quien fue destituida por la Procuraduría en 2010 e inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 18 años, está de nuevo en el ojo del huracán. Esta vez por una intervención que se realizó en el municipio de Miranda (Cauca), donde arengó a las comunidades indígenas para que se opongan a la presencia militar en la región, al tiempo que pidió hasta la salida del presidente Santos.

La intervención de la exsenadora quedó registrada en un video divulgado por medios de comunicación y en poco tiempo las autoridades reaccionaron. El primero en recriminar los comentarios de Córdoba fue el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien dijo que invitar a los indígenas del Cauca a levantarse contra la Fuerza Pública podría dar cabida a una judicialización.

La observación fue recogida por el procurador Alejandro Ordóñez, quien advirtió que aunque carece de competencia para emprender alguna acción contra Córdoba, sí cree que se debe abrir una investigación penal por los presuntos delitos de asonada, concierto para delinquir e instigación a la violencia. Ordóñez aclaró que una cosa es la protesta social y otra instar a las comunidades a tomar vías de hecho.

De cualquier manera, lo que quedó en evidencia una vez más es que la exsenadora se ha convertido en protagonista de un interminable debate por sus posturas públicas. Pero así como la atacan, también hay quienes la defienden, porque en su criterio ha tomado banderas que pocos se atreven a asumir. Por ejemplo, la lucha que libró para que volvieran del cautiverio los secuestrados de las Farc, en contravía de enemigos de los acuerdos humanitarios.

“Me parece que llamar a tumbar al presidente Santos es un acto de deslealtad con el Estado. Por eso debería ser objeto de investigación, pues nadie en Colombia puede llamar de manera impune a deshacer las instituciones democráticas”, manifestó el analista político Alfredo Rangel. El director de la Fundación Seguridad y Democracia añadió que no es la primera vez que lo hace y recordó que en otra oportunidad llamó a los gobiernos extranjeros a romper relaciones con Colombia.

En sentido contrario, Olga Amparo Sánchez, integrante del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, afirmó que Córdoba ha sido perseguida y malinterpretada por jugarse su capital político en favor de la paz. Agregó que lo que se escucha en el video no es lo que se está diciendo y que los ataques en su contra reflejan la intolerancia del país hacia quien piense distinto.

Más allá de las interpretaciones de unos y otros, el fiscal Eduardo Montealegre se mostró cauteloso y manifestó que hará un análisis integral del video y del contexto en el que se produjeron las declaraciones. “La regla general en el ordenamiento jurídico colombiano es que la protesta social no puede ser punible, salvo que termine en actos de violencia”, añadió Montealegre.

Al margen de la polarización que crea Córdoba con sus declaraciones, lo cierto es que desde sus días como congresista ha sido una figura controvertida. Hija de docentes de secundaria y sobrina del dirigente chocoano Diego Luis Córdoba, sus orígenes en la política están asociados con el fallecido dirigente William Jaramillo. Con su apoyo llegó al Concejo de Medellín en 1988, pasó luego por la Asamblea de Antioquia y en los años 90 dio el salto al Congreso.

Aunque su agenda siempre fue la del Partido Liberal, sus debates públicos fueron en la defensa de las minorías y, en especial, en la búsqueda negociada del fin del conflicto armado. Producto de esta persistencia, en mayo de 1999 fue secuestrada por las autodefensas de Carlos Castaño. Ante el clamor nacional los paramilitares la dejaron en libertad y se marchó al exilio. Luego de algunos años en Canadá regresó para seguir con su postura de un liberalismo de izquierda democrática.

Sin embargo, con la victoria electoral de Álvaro Uribe, la posición de Córdoba se endureció y entró a ser una de sus mayores opositoras. Quizá por esa razón, después de una baja votación en las elecciones de 2002, para el año 2006 llegó a tener el mayor respaldo electoral de su carrera. Ya entonces se había convertido en la dirigente más activa en la búsqueda de los acuerdos humanitarios para liberar a los secuestrados. Tanto así que el presidente Uribe la nombró facilitadora para ese acuerdo en 2007.

Ese mismo año empezaron los dilemas mayores. Para cumplir la labor encomendada Córdoba solicitó la intervención del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pero todo iba normal hasta que Álvaro Uribe le retiró el aval. Primero fue un encuentro de Córdoba y Chávez con el jefe guerrillero Iván Márquez en el Palacio de Miraflores, después fueron unas fotografías de Córdoba con varios líderes guerrilleros y, por último, unas llamadas de Chávez a militares colombianos. A Uribe se le llenó la taza, pero Córdoba ganó reconocimiento.

Desde entonces, en todos los procesos de liberación de secuestrados a través de acciones unilaterales, Córdoba fue la persona clave. Simultáneamente, sus comentarios públicos le causaron problemas. La prueba es que el actual presidente de la Cámara, Augusto Posada, la denunció penalmente por los supuestos delitos de traición diplomática y conspiración al haber pedido públicamente desde México que los gobiernos de América Latina rompieran relaciones con Uribe.

Luego vino el tema crítico. Producto de los hallazgos de las autoridades en los computadores obtenidos por la Fuerza Pública en el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, en marzo de 2008, la Procuraduría la destituyó en septiembre de 2010, al concluir que había pruebas de que la senadora mantenía vínculos con las Farc más allá de lo humanitario. Esa sanción la puso fuera del Congreso, pero no de la arena política. Colombianos y Colombianas por la Paz y la llamada Marcha Patriótica así lo demuestran.

En ambos frentes, Córdoba ha persistido en la búsqueda de diálogo para poner fin al conflicto. Una labor, para algunos, netamente humanitaria y generosa, pero que para sus detractores es temeraria y provocadora. Al mismo tiempo, Córdoba sostiene sus actividades en el ámbito judicial, en calidad de víctima de las chuzadas que hizo el desaparecido DAS contra opositores políticos. En este contexto se presenta esta nueva polémica. ¿Se le fue la mano pidiéndoles a los indígenas que rechazaran la presencia militar? La Fiscalía tiene la palabra.