El obstáculo en las investigaciones de periodistas ecuatorianos asesinados

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, trabajadores del diario “El Comercio”. / AFP

Tres meses después de la muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, trabajadores del diario El Comercio, asesinados por hombres de alias Guacho, las investigaciones avanzan, pero no esclarecen lo sucedido. En medio de la lucha por armar el rompecabezas de lo que ocurrió con los ecuatorianos, la Fiscalía solicitó al Ministerio de Defensa un informe de las operaciones militares que se llevaron a cabo mientras estuvieron en cautiverio y fueron asesinados. Pero este aún no ha sido entregado y sería determinante para esclarecer la hipótesis de que existieron operaciones militares ofensivas en la zona para ese entonces.

La petición que el ente investigador elevó al Comando Principal de las Fuerzas Militares se hizo formal el pasado 16 de mayo, casi un mes después de que se conociera de la muerte de los ecuatorianos. A hoy, ya son dos meses y siete días sin respuesta alguna por parte del sector defensa. Y esta no ha sido la única solicitud. El 24 de abril, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y 83 periodistas más, enviaron una carta al ministro Luis Carlos Villegas haciendo cinco peticiones similares que puedan aclarar el oscuro panorama que gira en torno a estos asesinatos.

Una de ellas tiene que ver con “toda la documentación sobre los operativos realizados por las diferentes entidades de la fuerza pública en la zona fronteriza de Colombia con Ecuador, entre los días 26 de marzo y 13 de abril del 2018”. La segunda tiene que ver con los canales de información que se establecieron para lograr la liberación de los trabajadores, teniendo en cuenta que el mismo Frente Óliver Sinisterra dio a conocer la negociación fallida que se estaba llevando a cabo con el gobierno de Ecuador para salvar a Javier, Paúl y Efraín, a través del mismo comunicado que anunciaba su muerte.

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En tercer lugar, piden que se dé un recuento de las hipótesis que se manejaron sobre el secuestro y asesinato de los ecuatorianos durante el desarrollo de los hechos. Asimismo, solicitan que se informe cuántos operativos de control territorial se llevaron a cabo en la zona y en los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. Y, finalmente, la Flip pide que se informe el “numero de personal militar y policial que fue desplegado en la frontera durante esos días”. Sin embargo, este derecho de petición tampoco fue contestado. Los familiares piden transparencia con la información de la investigación y no filtraciones a la prensa.

“Nos llama mucho la atención que esta información no se haya entregado a la Fiscalía, ha pasado mucho tiempo y no creo que estén elaborándolos. Eso ya debería existir y eso nos podría dar un marco más amplio a través de las investigaciones”, aseguró Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, en diálogo con este diario. En Ecuador, la duda y la desconfianza es cada vez mayor, y más aún después de que el ministro de defensa de ese país, Oswaldo Jarrín, negara el pasado jueves que los periodistas habrían sido secuestrados en territorio ecuatoriano, salvando de responsabilidad a este gobierno por lo ocurrido.

Este ha sido uno de los puntos de mayor controversia a lo largo de esta historia, debido a que las autoridades colombianas siempre han afirmado que los periodistas fueron secuestrados en Ecuador y posteriormente traídos a Colombia. Así se hizo saber en una de las audiencias de imputación de cargos de uno de los pocos disidentes procesados hasta el momento por este caso: Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel. Según lo expresó la Fiscalía en esta diligencia, a la cual tuvo acceso El Espectador, el equipo de el diario El Comercio fue movido a territorio colombiano tras su plagio en el país vecino.

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Este dato lo habría confirmado uno de los disidentes de esta organización, quien hoy es testigo protegido de la Fiscalía. “Da cuenta, entonces, este testigo, además de la existencia de la organización delincuencial, que efectuó un secuestro -sustenta la Fiscalía- que ocurrió el 26 de marzo, en el que se privó de la libertad a tres personas de nacionalidad ecuatoriana que tenían como profesión la de ser periodistas, uno de ellos conductor, de el diario El Comercio, de Ecuador. Esas tres personas fueron plagiadas y posteriormente trasladadas a territorio colombiano, donde desafortunadamente no terminó el secuestro con su liberación sino con su muerte”, aseguró la juez encargada del caso en Cali.

Este mismo testigo habría revelado cómo los secuestrados estuvieron a cargo de otro disidente conocido con el alias de Pitufo, quien era el encargado de su cuidado y movimiento. “Yo me quede con la comisión de Pitufo y, con él, el diario vivir allá era de prestar guardia y entrenarnos. Ahí es cuando viene el tema de los retenidos y Pitufo da la orden de cuidarlos. Nombra guardias especiales y ahí quedamos a cargo de ellos. Estuvimos en muchos lugares con ellos, los movíamos cada dos o tres días”, aseguró el testigo a la Fiscalía. Otro de los testimonios clave en el proceso ha sido el de un desmovilizado de este frente, quien contó detalles de la retención.

Este hombre informó a las autoridades quiénes eran las personas que hacían parte de esta disidencia, mencionando a Reinel y describiéndolo físicamente, lo que permitió su posterior identificación. También entregó información sobre las condiciones de secuestro en que se encontraban los periodistas, como por ejemplo, el nombre del jefe de la comisión de secuestrados, señalando a Didier Danilo Pantoja, “quien organizaba los turnos de guardia”. Asimismo, contó que custodió a los ecuatorianos una semana antes de su asesinato en cercanías a la casa de alias Reinel, debido a que Pitufo se había accidentado.

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Aunque en los últimos días se han capturado más de 19 personas que harían parte de esta disidencia, solo dos están siendo procesados por el secuestro del equipo periodístico, los cuales son Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel y Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, capturado por el Ejército. Cherry, según informó el fiscal Néstor Humberto Martínez, será imputado este lunes como responsable del secuestro de los periodistas, como autor material de la retención de Óscar Villacis y Katty Velasco, también asesinados en cautiverio, y como coautor del asesinato de los tres agentes del CTI que fallecieron en la vía que conduce de Tumaco a Pasto (Nariño).

“Es deber de las entidades correspondientes colombianas indicar los informes o reportes respectivos para efectos de transparentar todo este caso que se viene generando”, pide Ricardo Rivas, para esclarecer lo ocurrido con sus seres queridos que fueron víctimas de una guerra injusta, como ellos lo han expresado. Asimismo, se espera que en la audiencia de “Cherry” se entreguen más pistas de lo ocurrido con Javier, Paúl y Efraín, en el tiempo que estuvieron secuestrados y que se determine, de manera pronta, qué fue lo que pasó para que se ordenara su asesinato o cuáles fueron los errores que no permitieron su liberación.