El oro genera más ganancias que la cocaína, advierte el fiscal Martínez

La Fiscalía les abrió investigación a 12 personas porque habrían lavado el metal precioso que se extrae al margen de la ley en el sur de Córdoba, el bajo Cauca y Chocó y lo enviaban a Estados Unidos. La compañía reportó dividendos por $1,9 billones de 2009 a 2014.

“Mientras un kilo de coca puesto en Nueva York vale 25 mil dólares, un kilo de oro en el mercado en Nueva York vale 42 mil dólares", aseguró el Fiscal. Getty Images

A 12 personas que estarían vinculadas con las actividades ilegales de la comercializadora CI Metales les imputó cargos la Fiscalía por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Según el ente investigador, la empresa exportaba oro colombiano extraído de manera ilegal en regiones como bajo Cauca, Córdoba y Chocó y, por esta actividad, habría obtenido utilidades de casi 2 billones de pesos.

“Hemos terminado por reescribir la leyenda del Dorado, 300 años después”, declaró el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Por lo que ha podido concluir la entidad, “mediante la creación de empresas fachada, transacciones inexistentes con resguardos indígenas y con personas fallecidas” los detenidos habrían logrado legalizar, en el papel, 29 toneladas de oro entre 2009 y 2014.

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La empresa comercializaba oro de las minas ilegales que ya han sido denunciadas en Chocó, el bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, según la investigación. El material, entonces, lo registraban ante las autoridades como si se lo hubieran comprado a terceros, con todo el papeleo del caso. Sin embargo, tras las indagaciones se habría constatado que los supuestos proveedores “no existían y serían casas de familia, chatarrerías y, en pocas ocasiones, pequeñas compraventas”.

El esquema que asegura haber descubierto la Fiscalía consistía en “hacerse del oro extraído ilegalmente en diferentes partes del país y ponerlo en el mercado internacional”. Para regresar sus recursos al país, además, habrían utilizado el sistema bancario lícito. Por esto, Martínez Neira aseguró que el fenómeno de la minería ilegal en Colombia no vería su fin en tanto las diversas entidades del Estado no tomaran acciones en conjunto para combatirlo.  

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Uno de los casos que resaltó la Fiscalía involucra a un resguardo indígena en Guainía al que CI Metales le habría comprado 20 millones de dólares del metal precioso. Sin embargo, “allá no conocen el oro”, según declaró Martínez Neira: “Tan así que Guainía pasó a ser un departamento productor de oro que aporta el 0,71% del metal (de todo el país) sin ser una zona aurífera”.

Agregó el jefe del ente investigador que ya solicitó a su homólogo en Estados Unidos, William Barr, que “su país regule el ingreso de oro al territorio aduanero como si fuera un instrumento monetario para que así se hagan reportes a las autoridades aduaneras al ingreso del oro a ese país”. Además, dijo que le insistió en la petición al vicefiscal norteamericano, segundo al mando del Departamento de Justicia, quien le aseguró que se encuentran trabajando en mecanismos para atender el requerimiento.

Para el fiscal, la minería ilegal está reemplazando al narcotráfico como combustible del crimen organizado, porque sería más rentable. “Mientras un kilo de coca puesto en Nueva York vale 25 mil dólares, un kilo de oro en el mercado en Nueva York vale 42 mil dólares. Es decir, prácticamente el doble” y “los costos transaccionales de esta industria criminal son mucho más bajos porque hay menos regulación, menos control”.

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Además, el fiscal aprovechó la ocasión para sugerir otra alternativa para combatir situaciones así: que el Banco de la República retome el monopolio de compraventa del oro. Ese mecanismo, que dejó de existir en 1991 “permitía que los barequeros [mineros artesanales] se acercaran a las diferentes sucursales de la entidad y, en consecuencia, se desarrollaba en mercado totalmente legítimo y, a parte de ese material entraba a las reservas internacionales de Colombia”, según declaró.

La propuesta requeriría un trámite legislativo, pues la Ley 9 de 1991 y la y 31 de 1992, tendrían que ser modificadas. No obstante, Martínez Neira dijo que ya cuenta con el apoyo del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien celebra que se le quitaría la obligación de la vigilancia de ese mercado a la Fiscalía y “el Estado podría concentrarse en perseguir a quienes tienen un mercado informal con propósitos de consolidar las estructuras criminales”

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Redacción Judicial

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