El oscuro futuro de la sede de la Contraloría

Aún no se tiene una sede alterna para una mudanza porque las antiguas oficinas del Minjusticia tienen capacidad para 400 personas y no para 2.300.

Mientras el contralor general Edgardo Maya tiene un equipo de ingenieros evaluando edificios ubicados en tres sectores de Bogotá donde podría quedar ubicada la nueve sede de la Contraloría ante el posible desalojo de las oficinas del centro comercial Gran Estación, las esperanzas de que no se genere un traumatismo al interior del organismo de control están en la jueza primera de ejecución de penas de Bogotá. La funcionaria judicial, quien regresó de vacaciones este lunes, decidirá si ampara una tutela del sindicato de la Contraloría (Asocontrol) con la que se busca aplazar por cuatro meses la mudanza. Sin embargo, ya hay camiones parqueados afuera de las instalaciones que están siendo cargados con cajas para el traslado.

Para Asocontrol es necesario que se les respeten los derechos al mínimo vital, la salud y el trabajo, ya que no sería posible que durante enero consiguieran un lugar con las condiciones necesarias y dignas para laborar. La jueza, quien fue criticada en su momento por solicitar vacaciones en medio de la crisis de la Contraloría, es la última carta que tiene Asocontrol para evitar que el funcionamiento de la entidad se estanque por dos meses, ya que según ha expresado el propio Maya, trasladar el Centro de Datos, que expide los certificados de antecedentes fiscales, tendría un costo de $22 millones de dólares para su reinstalación. Además, estos registros son de especial cuidado y por este motivo se le solicitó al Archivo General de la Nación que dispusiera una de sus bodegas para guardar los equipos.

Uno de los principales problemas a los que se ha vito enfrentado Edgardo Maya es al tema del cumplimiento de las cláusulas del irregular contrato que firmó la excontralora Sandra Morelli. En una de ellas, se estableció que de no cumplir con un contrato de arrendamiento a 10 años, la Contraloría tendría que asumir el costo de los inmuebles por adhesión por un valor de $30.000 millones. En pocas palabras, lo pactado entre el arrendatario y el organismo de control era que por la instalación de las redes eléctricas, los sanitarios, los separadores y otros bienes, la Contraloría iría pagando por año el 10% del valor de éstos.

Para el contralor Maya esto significaría un detrimento patrimonial gigantesco, por lo que advirtió que no pagará un solo peso de esa cláusula y que la palabra final la tendrá un tribunal de arbitramento. Según conoció El Espectador, la Cámara de Comercio escogerá el 14 de enero los árbitros que definirán la situación entre la Contraloría y la firma arrendataria Proyectos y Desarrollo Uno S.A., y así establecer el monto real de lo que deberá pagar el organismo de control por incumplir con el contrato firmado por Morelli. Lo que sí es claro para Maya, es que sea cual sea el tiempo que les dé un juez para salir del centro comercial Gran Estación, estas oficinas no seguirán siendo su sede.

El contralor Maya ya ha recibido varias protestas para trasladar las oficias. Hasta el momento, la opción más viable es mudarse a la antigua sede del Ministerio de Justicia que queda ubicada en el centro de Bogotá. Sin embargo, el área es mucho más pequeña que la que tenían en el centro comercial Gran Estación –solo caben 400 funcionarios–, por lo que evalúan la posibilidad de arrendar otros edificios y así acomodar a los más de 2.000 empleados que trabajan a nivel central.

Tras la declaración de la urgencia manifiesta, que le da las facultades a Maya para definir el futuro de la Contraloría, se emitió una resolución en la que se le ordenó a varios funcionarios que realizarán sus labores a partir del teletrabajo, ya que varios de sus equipos, archivos y expedientes, están confinados en las cajas de mudanza. Desde la semana pasada, varios camiones se han parqueado al frente del centro comercial Gran Estación (ver fotos) para transportar los elementos que serán compilados en las bodegas del Archivo General y en otra que es propiedad el organismo de control que queda ubicada en el barrio Álamos de Bogotá.

Son pocos los caminos que le quedan al contralor Maya. Aún no se ha tomado la decisión final porque el fallo de la jueza podría darle un respiro, y así decretar con serenidad cuál será la sede en la que finalmente funcionará la Contraloría en pleno. De no ser así, el futuro es oscuro. EL organismo de control tendría a todos sus funcionarios regados por distintos edificios en la ciudad. No existiría una sede central y las labores diarias se verían seriamente afectadas durante enero y febrero, al punto que existiría un riesgo al trasladar las bases de datos y la infraestructura tecnológica, ya que actualmente se adelantan 16.102 expedientes electrónicos por responsabilidad fiscal y eso se paralizaría.