Ya fue expulsado de Justicia y Paz

El Panadero no se deja juzgar como falso testigo

Desde que se instaló la audiencia para juzgarlo por falso testimonio y fraude procesal en mayo de 2015, Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero lleva dos años y siete meses dilatando la acción de la justicia. Ya pesa en su contra una condena a 28 años de prisión por su participación en el secuestro de la periodista Jineth Bedoya.

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Entre tantos esguinces que fue dejando la ley de Justicia y Paz creada para juzgar al paramilitarismo en el gobierno de Álvaro Uribe, a principios de 2008 se coló un personaje que maniobró entre verdades y mentiras, hasta que el pasado agosto la Corte Suprema de Justicia lo puso en su sitio. Se llama Mario Jaimes Mejía, le dicen “El Panadero” y el alto tribunal lo expulsó de Justicia y Paz porque faltó a la verdad en la investigación por el secuestro de la periodista Jineth Bedoya. En febrero de 2016, después de dilatar a sus anchas la solución de este proceso penal, aceptó cargos y fue condenado a 28 años de prisión.

Sin embargo hoy, en vez de colaborar con las autoridades para esclarecer el caso, o de coadyuvar a su propia solicitud de que se investiguen decenas de asesinatos y desapariciones perpetradas en la cárcel Modelo entre 1999 y 2001, además de las falencias del sistema, persiste en su oficio de eludir a la justicia. El pasado jueves debía comparecer en Bucaramanga ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito, que desde hace dos años y nueve meses lo procesa por falso testigo, pero una vez más la audiencia fue aplazada. Ya son nueve citaciones y su estrategia es la misma que adoptó en el caso Bedoya: la dilación a su conveniencia. 

Después de que la Fiscalía lo acusara de falso testimonio y fraude procesal por sus dudosas declaraciones en Justicia y Paz respecto a dos dirigentes políticos de Barrancabermeja, la audiencia preparatoria de juicio en su contra se realizó el 26 de mayo de 2015. Desde ese momento, el juego de “El Panadero” es evidente. El 11 de agosto de 2015, sus abogados pidieron aplazamiento y les fue concedido. El 16 de enero de 2016, no se pudo desarrollar la audiencia porque los abogados renunciaron. El 26 de abril, el abogado de oficio de la Defensoría del Pueblo que debía acudir, no lo hizo porque tenía una capacitación obligatoria.

El 2 de agosto, Panadero mandó a decir que no aceptaba el abogado de la Defensoría del Pueblo y que iba a contratar uno de su confianza. El 27 de octubre, a pesar de que el juez ordenó su conducción, el Inpec no lo hizo y el procesado se negó a asistir porque no había hablado con su abogado. El 2 de febrero de 2017, casi dos años después de la preparatoria y tras cinco sesiones fallidas, por fin se logró iniciar el juicio y se escucharon testigos. El 17 de abril no se pudo continuar porque el testigo que secundó las declaraciones de El Panadero, su compadre Fremio Sánchez, imputado por los mismos delitos, se negó a hablar. 

Este sorpresivo enredo dilató el juicio hasta el 5 de octubre, pero se tardó demasiado la autorización al fiscal de la causa para que se desplazara a Bucaramanga, y el funcionario judicial no consiguió pasajes. Entonces se fijó una nueva fecha: 16 de noviembre. Pero tampoco fue posible continuar el juicio por una novedad: desde el 12 octubre, sin razones claras, El Panadero fue trasladado a la cárcel de Valledupar y el día de la audiencia no lo condujeron a Bucaramanga. El asunto se pospuso para el próximo 14 de diciembre, décima oportunidad para que se pueda avanzar en un juicio que ya lleva dos años y siete meses.

Con otra particularidad. Por aparte, la Fiscalía también imputó cargos de fraude procesal y falso testimonio a Fremio Sánchez, quien ha emulado la estrategia de su compadre para dilatar el juzgamiento. El 13 de marzo de 2017, su abogado, el mismo de El Panadero, no asistió a la audiencia y argumentó que no había recibido citación. El 12 de junio no aparecieron ni Fremio Sánchez ni el abogado. El 10 de agosto se avanzó y la Fiscalía ya radicó escrito de acusación. El dilema es el mismo de El Panadero como falso testigo: mientras eluden el deber de la justicia, sus señalados tratan de probar su inocencia.

El exdirigente político de la Unión Patriótica, David Ravelo, que fue uno de los principales opositores al paramilitarismo cuando irrumpió violentamente en Barrancabermeja en 1998, y que pasó casi siete años en prisión desde que El Panadero y Fremio Sánchez lo involucraron en un plan de asesinato, terminó por acogerse a la Justicia Especial de Paz (JEP). Al recobrar su libertad el pasado 20 de junio, resaltó que nunca perteneció a las Farc, pero que decidió ir a la JEP como una forma de demostrar el montaje judicial del que fue blanco. Ya se había constituido en víctima en el proceso contra El Panadero y Fremio como falsos testigos.

A su vez, Aristides Andrade, por varias décadas dirigente político de Barrancabermeja, exdiputado de Santander y excongresista por el Frente de Izquierda Liberal Auténtico (Fila), fue quien los denunció desde 2013. Por las mismas declaraciones que llevaron a la cárcel a David Ravelo, él ahora responde ante la Corte Suprema, que terminó de juzgarlo como persona ausente hace cuatro meses. Mientras espera la decisión del alto tribunal que hace tres ratificó la expulsión a El Panadero de Justicia y Paz por faltar a la verdad, aguarda también a que algún día concluya el juicio contra sus señaladores por falsos testigos.  

Una encrucijada asociada a la historia misma de El Panadero y sus gambetas a la justicia, que se remonta al 19 de marzo de 1999, cuando fue capturado en El Playón (Santander), minutos después del asesinato de un taxista. Su aprehensión fue noticia porque diez meses antes, había protagonizado uno de los episodios más crueles en la historia del conflicto armado: el asesinato de siete personas y la desaparición forzada de 25 más, en desarrollo del capítulo que marcó el ingreso violento del paramilitarismo en el puerto petrolero. Por eso, El Panadero fue remitido de inmediato al pabellón de Alta Seguridad de La Modelo.

En poco tiempo, en el patio cuarto se volvió hombre de confianza de dos paramilitares de alto vuelo: Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha. De hecho, Arroyave, luego convertido en jefe del Bloque Centauros de las Autodefensas en los Llanos Orientales, le apadrinó un hijo. Fue la época en que se desató la violencia en la cárcel por la disputa entre guerrilleros y paramilitares presos, y la periodista Jineth Bedoya empezó a documentar en El Espectador el tráfico de armas que permitía esa guerra, hasta que el 25 de mayo de 2000 fue secuestrada. El hombre que le tendió la celada en la entrada de La Modelo fue El Panadero. 

En ese momento, el poder del paramilitarismo incluía una alta dosis de impunidad para sus acciones, y en consecuencia la investigación por el caso Jineth Bedoya cayó en el ostracismo. Por la misma época, El Panadero se caracterizó por su nula colaboración para esclarecer sus actos de violencia. Sin embargo, en 2003, cuando el gobierno Uribe entabló un proceso de paz con las autodefensas y dos años después se aprobó la ley de Justicia y Paz, su conducta cambió. Como pronto se permitió que los paramilitares que estaban presos antes de los diálogos, fueran también beneficiarios de la ley, El Panadero se acogió de inmediato.

Pero en vez de emprender su confesión de largos años como paramilitar en Santander, en un testimonio antecedido por reuniones suyas con jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itaguí, en abril de 2008 apareció hablando de sus andanzas previas, cuando era guerrillero del frente 24 de las Farc y participó en el asesinato del secretario de obras públicas de Barrancabermeja, David Núñez Cala, el 5 de abril de 1991. Según él, condujo la moto desde la cual un sicario cometió el crimen y el asesinato se planeó en un restaurante del puerto, con intervención de los dirigentes David Ravelo y Aristides Andrade. 

Al momento de ser señalado, David Ravelo oficiaba como líder del Polo Democrático. A su vez, Aristides Andrade, se había retirado de la política desde 2002, pero apoyaba a su hija Claudia Andrade, concejal de Barrancabermeja en 2004 y fallida candidata a la alcaldía en 2007. Durante su tiempo como líder en el puerto petrolero, fueron públicas sus intervenciones para cerrarle el paso al paramilitarismo, como su oposición a que el puerto se sumara a la Asociación Nacional de Municipios Amigos de los Procesos de Paz (Amipaz), una estrategia de penetración política adoptada en esta época por las autodefensas.  

En julio de 2009, cuando la versión de El Panadero dejaba más dudas que certezas, el fiscal 22 especializado de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, William Pacheco Granados, le dio  credibilidad, ordenó escuchar a los señalados, envió a la cárcel a Ravelo y compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigara a Andrade. En 2013, en su columna de la revista Semana, el periodista Daniel Coronell publicó el escrito “El transformer”, en el que denunció que Pacheco fue destituido por la Procuraduría por un caso de desaparición forzada. Es decir, que legalmente no podía desempeñar cargos en la justicia.

Sin embargo, cuando Coronell hizo la denuncia, ya Ravelo estaba condenado. Ante esta situación, Andrade optó por no comparecer ante la Corte Suprema, sobre todo después de que el alto tribunal insistió en asumir su caso, pese a que, para la época del asesinato de David Núñez en abril de 1991, no se había proclamado la constitución del mismo año que otorgó al alto tribunal la facultad de juzgar a los congresistas. En su defensa, denunció a El Panadero y Fremio Sánchez como falsos testigos, y ese es el proceso que no ha podido avanzar porque justamente sus sindicados se han encargado de entorpecerlo.

En el fondo, como lo manifestó en su momento el propio Panadero en declaración ante Justicia y Paz en octubre de 2011, su único obstáculo para saldar sus cuentas con la justicia era el caso Jineth Bedoya. Y justamente ese año fue cuando la Fiscalía lo revivió después de una década de impunidad. En 2014 estaba llamado a juicio, aunque logró dilatar el asunto hasta febrero de 2016, cuando aceptó cargos. Hoy está condenado a 28 años de prisión por este caso y expulsado de Justicia y Paz. Sin embargo, continúa jugando con el poder judicial, donde pasó de testigo estelar en 2008 a sindicado de falso testimonio desde 2014. 

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