Hay más de 20 expedientes abiertos

El panorama del cartel de la toga en 2019

La sentencia a 48 meses de cárcel contra Luis Gustavo Moreno marca el inicio de un año en el que exmagistrados y políticos serán procesados por su relación con la red de corrupción que cooptó el sistema judicial colombiano.

Luis Gustavo Moreno fue condenado en Estados Unidos a 48 meses de cárcel por pedir coimas en suelo norteamericano a Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba. / Gustavo Torrijos

La condena en Estados Unidos contra el exfiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, a 48 meses de prisión, marca el inicio de un año en el que las investigaciones por el cartel de la toga llevarán ante estrados judiciales a exmagistrados y políticos que, supuestamente, participaron en la repartición de coimas a cambio de direccionar y dilatar procesos penales. Será una pelea jurídica en la que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia buscarán demostrar cómo, entre 2012 y 2016, una red de corrupción, en la que Moreno fue pieza clave al ser unos de los intermediarios, se tomó la justicia colombiana.

Gustavo Moreno, también condenado en Colombia a cuatro años y ocho meses de prisión y beneficiario de un principio de oportunidad, se comprometió tanto acá como en Estados Unidos a colaborar con la justicia. Algunos de los casos en los que servirá como testigo es en los de los exmagistrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, quienes desde junio de 2017, cuando capturaron a Moreno, han insistido en su inocencia y en que Moreno es un testigo mentiroso que solo busca beneficios penales. “Lo importante es que Moreno diga la verdad, porque es un mentiroso consumado y es un criminal que maneja hábilmente la mentira”, dijo Álvaro Luna, abogado del exmagistrado Ricaurte.

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Entre los principales reclamos de los abogados está que aún no se conoce la totalidad de las pruebas, pues aseguran que el audio con el que se dio origen al expediente del cartel de la toga fue editado por la Fiscalía en Colombia. Se trata de la conversación en Miami entre Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Pinilla (también condenado en EE. UU.), en la que acuerdan el pago de una millonaria suma para direccionar los procesos contra el exgobernador de Córdoba.

“Hay unos lados oscuros en la investigación que hay que aclarar. Un fiscal delegado ante la Corte sostiene que son tres personas las que intervienen en la conversación que ha salido a la opinión pública como si fuese única y exclusivamente de Porcino (Leonardo Pinilla) y el exgobernador Lyons. Pero él dice que hay tres personas que participan, y la tercera hace referencia a (Gustavo) Moreno Rivera, y la Fiscalía colombiana ha ocultado la totalidad de esas grabaciones”, agregó Luna.

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Hasta el momento poco se conoce de los acuerdos a los que llegó Gustavo Moreno con la justicia estadounidense. Sin embargo, su abogado en ese país, David Weinstein, le dijo a Blu Radio que el exfiscal Anticorrupción está estudiando la posibilidad de pedir protección en Estados Unidos una vez cumpla su sentencia, pues su seguridad está en riesgo por su cooperación con la justicia. Sin embargo, cabe recordar que Gustavo Moreno debe cumplir su pena en Colombia y tiene un compromiso de colaborar como testigo en los procesos contra más de veinte personas.

Leonidas Bustos

Foto: Cristian Garavito-El Espectador

En octubre de 2017 la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió investigación formal contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, por supuestamente pedir millonarias sumas de dinero a congresistas y excongresistas a cambio de favorecerlos en decisiones judiciales en el interior del alto tribunal. Aunque a través de varias recusaciones a los representantes ponentes de su caso Bustos ha intentado retrasar el curso de su investigación, en octubre del año pasado se cerró esta etapa y se espera que este año se defina si el exmagistrado es acusado formalmente o no.

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Gustavo Malo Fernández

Foto: Gustavo Torrijos-El Espectador

En diciembre del año pasado el Senado de la República le quitó la investidura al exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo Fernández, dejando en manos de la Corte Suprema de Justicia la investigación por su presunta participación en el ya conocido cartel de la toga. La Cámara alta aceptó el informe de la comisión instructora, que concluyó que existen suficientes indicios que demostrarían que el exmagistrado formó parte de una “empresa criminal” dedicada a modificar decisiones judiciales a cambio de millonarias coimas.

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Camilo Ruiz

El exmagistrado auxiliar de Gustavo Malo Fernández es señalado de ser el destinatario de $200 millones pagados por el representante Nilton Córdoba Manyoma para que se dilatara su investigación en el despacho del magistrado Malo. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue su participación en este caso. La Procuraduría ya lo investiga.

Francisco Ricaurte

Foto: Gustavo Torrijos-El Espectador

El exmagistrado de la Corte Suprema fue llamado a juicio por la Fiscalía como uno de los supuestos cerebros de una organización dedicada a direccionar investigaciones. Al parecer, Ricaurte utilizaba sus contactos para conseguir clientes, obtener información privilegiada, manipular medios de comunicación y hasta alterar evidencias. En concreto, se le señala de hacer gestiones en los procesos de los políticos Álvaro Ashton, Musa Besaile y Juan Carlos Abadía. El caso está en audiencia preparatoria y su defensa pidió como testigos desde el expresidente Juan Manuel Santos hasta el fiscal que lleva este caso, Jaime Camacho Flórez. Ricaurte está preso desde septiembre de 2017.

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Álvaro Ashton

Foto: archivo El Espectador

El expediente contra el excongresista se abrió luego de que en 2012 la Corte Suprema de Justicia iniciara una investigación en su contra por parapolítica. En ese entonces, junto a su abogado Luis Ignacio Lyons buscaron la forma de influir en la ponencia que debía presentar el despacho del magistrado Gustavo Malo. Según la Fiscalía, en 2013 acudieron donde el exmagistrado Francisco Ricaurte y Gustavo Moreno para que, a cambio de $1.200 millones, dilataran el proceso. El pago se habría realizado en dos entregas en efectivo de $600 millones.

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Juan Carlos Abadía

Foto: archivo El Espectador

Entre los años 2013 a 2016, el exgobernador del Valle del Cauca tenía 10 expedientes abiertos en el despacho del fiscal noveno delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Bettin Sierra. Según la Fiscalía, Abadía acudió a Francisco Ricaurte para que le ayudara a interceder ante Bettin para que se archivaran los procesos a cambio de prometerle que no lo sacarían de su cargo en la Fiscalía. El ente investigador encontró que para noviembre de 2017 todas las indagaciones fueron archivadas, al parecer, por la gestión realizada por Ricaurte y Leonidas Bustos.

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Musa Besaile Fayad

Foto: Gustavo Torrijos-El Espectador

El exsenador se convirtió en el primer congresista llamado a juicio por la Corte Suprema en este caso. Se le acusó por los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer por haber entregado $2.000 millones al entonces abogado Gustavo Moreno. El dinero buscaba frenar una orden de captura que, al parecer, se iba a expedir en su contra en una investigación por parapolítica. Este pago lo confirmaron el propio Besaile, Moreno y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Entre los beneficiarios de este dinero estaría el exmagistrado Gustavo Malo.

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Alejandro Lyons Muskus

Foto: El Heraldo

El exgobernador de Córdoba, testigo estrella en esta investigación, acudió a las autoridades de Estados Unidos cuando el entonces fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, le pidió un millonario soborno a cambio de entregarle información clave de un proceso que se le seguía por el desfalco a las regalías en el departamento. Lyons desató el escándalo del cartel y fue clave para las capturas de Moreno y su aliado, el abogado Leonardo Luis Pinilla. El exgobernador llegó a un preacuerdo que le valió una condena de 5 años y 3 meses a cambio de colaborar con la justicia en varios procesos.

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Congresistas vinculados

A pesar de que han sido varios los congresistas salpicados en este escándalo, son pocas las actuaciones que se han adelantado en su contra. Uno de los primeros mencionados fue el exsenador Julio Manzur, a quien Moreno le habría pedido una suma de $2.000 millones para frenar una orden de captura por parapolítica. Sin embargo, el pago no se concretó. Otro de los implicados en este escándalo fue el representante Nilton Córdoba, quien habría pagado $200 millones al exmagistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz para evitar su captura. La Corte Suprema de Justicia ya abrió investigación en su contra.

Otra de los clientes del cartel de la toga habría sido la representante Argenis Velásquez, quien fue llamada a indagatoria por la Corte en mayo del año pasado por el supuesto pago de $300 millones a esta red. La lista la cierra Julio Gallardo Archbold, quien habría pagado $300 millones a Moreno. Sin embargo, hasta el momento el dirigente político no ha sido investigado.

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Los políticos implicados en el cartel de la toga

Entre los políticos que fueron mencionados como clientes de esta organización se encuentra Franklin Chaparro, exalcalde de Villavicencio (Meta), quien fue condenado a 38 años de prisión por el asesinato de Omar López, su antecesor en la Alcaldía. Supuestamente, Chaparro buscó la ayuda de Moreno, pactando unos honorarios de $120 millones. Sin embargo, días después, la organización decidió cobrar la suma de $500 millones para la admisión de un recurso de casación en su caso, que finalmente no fue admitido.

Uno de los que tampoco ha sido investigado es Lucas Gnecco Cerchar, exgobernador del Cesar, quien habría pagado cerca de $150 millones para dilatar “indefinidamente” su juicio por irregularidades en contratación. El tercer mencionado es Alberto Velásquez, exsecretario general de la Presidencia, quien fue condenado por el famoso escándalo de la Yidispolítica. Velásquez, al parecer, pagó $300 millones a cambio de información sobre el proyecto de fallo de su caso.

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Redacción Judicial

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