El paso de ‘Juancho Prada’ por las Autodefensas

Desde 1995 hasta 2004, ese excomandante paramilitar cometió múltiples crímenes en el sur del Cesar y Norte de Santander. Este martes, la Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad.

El Tiempo

Con 62 años, Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, se convertirá en el segundo mando medio de las autodefensas en recobrar su libertad. El beneficio le fue concedido este martes por la Corte Suprema de Justicia, que revocó una decisión proferida en octubre de 2014 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que le negó la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad. Entonces, el Tribunal consideró que Prada, excomandante del frente Héctor Julio Peinado Becerra, no había cumplido satisfactoriamente con su obligación de contar la verdad y de entregar sus bienes para la reparación de las víctimas. Además, determinó que había continuado delinquiendo después de su desmovilización, toda vez que un postulado denunció que ese excomandante paramilitar lo había amenazado.

Sin embargo, la Corte consideró que Prada sí contribuyó al esclarecimiento de la verdad y que los otros dos señalamientos no habían sido probados. Así las cosas, le concedió libertad con sometimiento al sistema de vigilancia electrónica, a cargo del Inpec. No obstante su inminente salida de la cárcel Modelo de Barranquilla, donde se encuentra recluido desde mayo de 2004, deberá continuar contribuyendo al proceso de Justicia y Paz, vincularse a los programas de la Agencia Colombiana para la Reintegración, no salir del país sin autorización judicial y no conservar ni portar armas de fuego de defensa personal o de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Además, tendrá que cumplir con las órdenes que le fueron impartidas en la sentencia condenatoria que, en diciembre pasado, profirió en su contra el Tribunal Superior de Bogotá.

En el fallo, elaborado con ponencia de la magistrada Léster González, se le ordenó pedirles perdón a las víctimas en una ceremonia pública; recibir y aprobar una capacitación de dos años en derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, justicia transicional y formas de reparación, y “someterse a valoración y tratamiento psicológico que conduzca a su plena readaptación”. Y es que, tal como quedó consignado en esa decisión, ‘Juancho Prada’ y los hombres bajo su mando victimizaron a cientos de pobladores de sur del Cesar y de los municipios de Ocaña, La Playa de Belén, Hacarí y Ábrego (Norte de Santander), donde ejercieron dominio político, social y militar desde 1995, cuando Prada asumió el control de un grupo de autodefensas por solicitud de su primo Roberto Prada Gamarra.

Éste último, que era agricultor, conformó su propio grupo de seguridad privada en 1992, junto a algunos exmilitares. Durante ese incipiente periodo, ‘Juancho Prada’ contribuyó a financiar la organización y, en 1994, “ante la imposibilidad de trabajar por los hostigamientos de la guerrilla”, se instaló en distintos municipios de Casanare, donde se dedicó a cortar arroz. Sin embargo, según su propio testimonio, “en esa zona también era fuerte el accionar guerrillero”, por lo que regresó al Cesar a comienzos de 1995 y asumió la comandancia de un segundo grupo de autodefensas en el sur del departamento. Un año después, Prada Gamarra fue capturado y los hombres bajo su mando quedaron a cargo de su hijo Roberto Prada Delgado, que operaba en la provincia de Ocaña.

En 1998, por solicitud de Carlos Castaño, las autodefensas de ‘Juancho Prada’ se unificaron con las de ‘Camilo Morantes’, que operaban en Santander, y con las de Mario Zabala, que delinquían en Norte de Santander. Los tres grupos adoptaron el nombre de Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar (Ausac), pero el proyecto duró solo hasta finales de 1999, cuando ‘Morantes’ fue asesinado por orden de los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil. Ese año, ‘Juancho Prada’ asumió el control de la provincia de Ocaña y denominó su estructura como Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (Acsuc). Desde su privilegiada posición geográfica contribuyó al proyecto expansivo de las Auc, prestando colaboración para la llegada de comandos paramilitares al Catatumbo y el Sur de Bolívar.

Sin embargo, esa posición le valió enfrentamientos con el bloque Central Bolívar, por lo que anexó las Acsuc al bloque Norte, al mando de ‘Jorge 40’, y asumió el nombre de Frente Héctor Julio Peinado Becerra. Durante sus años de existencia el frente emprendió una campaña de exterminio político contra los copartidarios del exalcalde y candidato a la Alcaldía de Aguachica (Cesar) Luis Fernando Rincón, a quien ‘Juancho Prada’ ordenó asesinar el 15 de agosto de 2000. A la par que arremetió contra ciertos dirigentes políticos y cívicos, el frente se financió gracias a la extorsión a comerciantes, el cobro de impuestos ilegales sobre la venta de gaseosas, cervezas e inmuebles rurales, el robo de gasolina y el hurto de rieles, ganado, maquinaria agrícola y vehículos, además del cobro del impuesto de gramaje por kilo de base de coca y botella de mancha de amapola.

Según el Tribunal, la aparente libertad con la que organización de ‘Juacho Prada’ delinquió en la zona obedeció a que su existencia fue justificada “con un discurso según el cual las actividades paramilitares habían permitido las condiciones para que llegara el desarrollo a la región, lo cual fue asimilado por miembros de la institucionalidad al punto que hubo integrantes de la Fuerza Pública que solicitaban autorización y apoyo al Frente Héctor Julio Peinado Becerra para desarrollar ciertas actividades”. Por esa razón, y gracias a las confesiones de Prada y otros paramilitares, la Fiscalía de Justicia Transicional pidió que se investigara a al menos 13 militares y policías.

Como resultado de esas pesquisas fue capturado en 2011 el coronel del Ejército Jorge Alberto Lázaro Vergel, procesado por su presunta responsabilidad en la masacre de Puerto Patiño, ocurrida en Aguachica en 1995. Por ahora, Prada, a quien no se le ha imputado ningún cargo por reclutamiento ilícito y tan solo dos por violencia sexual, deberá continuar contribuyendo a esclarecer los crímenes que ordenó entre 1995 y 2006, cuando comandó distintas estructuras paramilitares. Ya en la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento celebrada el año pasado en el Tribunal Superior de Bogotá, el defensor público de víctimas argumentó que aún se desconocen las verdaderas razones por las cuales se cometieron decenas de delitos contra la población civil.