Escándalo de corrupción en la Corte Suprema

El paz y salvo que pidió José Leonidas Bustos para irse de la Corte Suprema

El año pasado, antes de salir de la Corte Suprema, el exmagistrado les dijo a sus subalternos que firmaran un documento para poder retirarse, aparentemente, con tranquilidad.

Bustos se posesionó como magistrado de la Corte Suprema en 2008. Su período terminó en marzo de 2016. / Archivo El Espectador

José Leonidas Bustos se posesionó ante el presidente Álvaro Uribe en marzo de 2008. Cumplió su período a cabalidad y, luego de ocho años, su salida de la Corte Suprema de Justicia era un paso inevitable. Dos días antes de retirarse, sin embargo, un particular hecho se dio en su despacho: Bustos reunió a sus magistrados auxiliares y les informó que debían firmarle un documento. Se trataba de una especie de paz y salvo, en el que cada auxiliar debía confirmar que Bustos nunca había influenciado, como su jefe, en su trabajo ni le había pedido tomar decisiones contrarias a la ley.

En ese momento, el gesto pareció extraño, pero los magistrados auxiliares aceptaron darle a su jefe la firma. No entendían el porqué de la petición, ni Bustos les dijo, pero sabían que su jefe todavía era su superior y que, aunque faltaran un par de días para que dejara su cargo, seguía teniendo la potestad de declararlos insubsistentes y despedirlos. Algunos, los más nuevos, firmaron sin muchos reparos. Los más antiguos, al contrario, estaban molestos: sabían que lo que acababa de ocurrir era inaudito y algo nunca antes visto en la Corte Suprema de Justicia. La suspicacia prendió sus alarmas. Pero en ese punto no había mucho que hacer y pensaron que firmar un documento así no podría generar mayores inconvenientes.

Hoy, cuando Bustos está en el ojo del huracán, señalado de haber fomentado una red de corrupción dentro de la Corte, quienes trabajaron con él en su despacho piensan en ese paz y salvo. Esta versión fue confirmada a El Espectador por gente que conoce en detalle lo que ocurrió en el despacho de Bustos poco antes de salir de la Corte. ¿Sucedía , acaso, lo mismo en otras oficinas? Este diario contactó a tres exmagistrados de la Sala Penal del alto tribunal y la respuesta fue contundente: no. Esa solicitud no la había hecho ningún otro magistrado antes. Ese tipo de solicitudes, simplemente, no se hacen.

“¡¿Que Bustos hizo qué?!”, preguntó, exaltado, uno de los exmagistrados consultados, quien se retiró del alto tribunal antes de que Bustos llegara. Y agregó: “Nunca en la historia de la Corte había escuchado algo similar. Esto es lo más absurdo que he oído en mucho tiempo, pero supongo que quien tiene mente de pícaro sabe lo que le puede venir. El magistrado titular es responsable de todas las decisiones que se toman en su despacho; ni siquiera tiene sentido que les haya pedido algo así, por eso mismo. Bueno, excepto porque él mismo previera que algo podría pasarle y estuviera buscando algunos seguros que, en su criterio, lo libraran de problemas por venir”.

Otro de los exmagistrados consultados, que sí alcanzó a compartir en la Sala Penal con Bustos, dijo igual de sorprendido: “Pero ¿qué es eso? Cada despacho es independiente y autónomo, es un equipo de trabajo y la cabeza de ese equipazo es el magistrado titular. Es una relación de diálogo académico, porque los magistrados auxiliares son personas muy preparadas. No es normal que un magistrado recurra a hacer firmar documentos que digan que él no hizo nada malo. Que un magistrado pida a sus subordinados una satisfacción sobre el trabajo realizado no deja de ser, cuando menos, exótico. Es una locura”.

El último exmagistrado consultado por este diario puso sobre la mesa un planteamiento más grave aún: “Si hizo eso, Bustos hasta podría haber preconstituido una prueba en busca de favorecerse, probablemente advirtiendo lo que vendría en su contra. Pedir un documento así no lo ha hecho nadie en la Corte, nunca conocí de una situación similar. Y ¿cómo va a pedirles algo así a sus magistrados auxiliares? Es constreñimiento implícito. No hay derecho. Es inconcebible, reprochable. Este es justamente un buen indicio de que él sabía qué se le podía venir. Uno, como magistrado, puede ordenarle a un auxiliar que proyecte un fallo en determinado sentido, y eso es perfectamente legal. Pero, por eso mismo, el magistrado responde por todas las decisiones que salgan de su despacho”.

Cuando Bustos salió de la Corte estaba claro que él era uno de los magistrados con más poder dentro de la corporación, a tal punto que no se desvaneció al retirarse de su cargo. Ese poder, se ha venido a entender hoy, se acumuló en buena parte por la burocracia. Bustos, cuentan magistrados y exmagistrados de la Corte, ofrecía puestos por doquier. Lo hizo con la Fiscalía de Eduardo Montealegre, tal como hoy lo admiten también exfuncionarios de esa administración. “Había varios directores que eran cuota de Bustos. Y bien malitos que eran”, aseguran. Lo hizo, de igual modo, con la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, cuya elección como fiscal recibió una enorme ayuda del hoy cuestionado exmagistrado, así él no haya estado en la Corte cuando la elección se dio en julio de 2016. Bustos se había retirado en marzo de ese mismo año, pero pasó casi un año promoviendo a Martínez como fiscal.

El panorama ahora es otro. Martínez fue quien les entregó a los magistrados de la Corte Suprema, y ellos a la Comisión de Acusaciones, las evidencias que relacionarían a José Leonidas Bustos con una red de corrupción en la Corte Suprema, un escándalo que no se había visto jamás en esta corporación. Con base en grabaciones hechas por la DEA, de conversaciones sostenidas entre el entonces fiscal anticorrupción Gustavo Moreno —quien también sería ficha de Bustos en la Fiscalía—, el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador Alejandro Lyons, surgieron los indicios de que Bustos, al parecer, y apoyado en Moreno, pedía millones de pesos a congresistas o excongresistas a cambio de favorecerlos con decisiones penales.

Esta semana, el senador Musa Besaile le confirmó a la Corte Suprema el esquema de sobornos: confesó que Gustavo Moreno, a quien había conocido a través del exmagistrado Francisco Ricaurte, le pidió en 2015 $6.000 millones a nombre propio y de Bustos, para evitar su captura y que su indagación preliminar por parapolítica, abierta desde 2007, pasara a ser investigación formal. La admisión fue, como era previsible, un terremoto devastador para la justicia. Poco después de conocer esta versión, la Corte le pidió a la Fiscalía que investigara a Ricaurte, quien para el momento en que supuestamente se pidió el soborno ya no era magistrado y, por ende, ya no tendría fuero para ser investigado por la Comisión de Acusación. Nunca la justicia en Colombia se había visto tan comprometida.