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El miedo, por encima de todas las cosas, es la razón por la cual en Colombia ha sido y sigue siendo extremadamente difícil establecer cuál es el patrón de las víctimas de desaparición forzada. El miedo no le permite a la gente denunciar. El miedo obstaculiza que las familias den información que podría ser valiosa en las investigaciones -en caso de que llegara a haber alguna-, como la orientación sexual o el grupo étnico de quien fue desaparecido. Así, a la larga, la información que se recolecta termina siendo precaria.
Según el informe que este martes 22 de noviembre lanza el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), titulado "Hasta encontrarlos", ni siquiera de todas las víctimas de desaparición se conocen datos tan básicos como su sexo o género: de 60.630 personas que, calculó el Centro en su investigación, han sido desaparecidas entre 1970 y 2015, se sabe el sexo de un poco más de 59.000 víctimas: 88% son hombres; 12%, mujeres. Con la edad, el desconocimiento es mayor aún: sólo se conoce en el 33% de los casos, y se identifica que casi la mitad de ellos tenían entre 18 y 35 años.
El documento del CNMH, revelado por El Espectador el pasado 17 de noviembre, cuenta que hay más de 3.000 víctimas que eran niños o adolescentes entre los 0 y los 17 años cuando fueron desaparecidos. Un dato que indica que este crimen los ha golpeado mucho más, en comparación con otros delitos: "En este sentido, el 15,9 por ciento de las víctimas de las que se conoce la edad son niños, niñas y adolescentes, lo que supone un nivel de victimización directa bastante alto de este grupo etario en comparación con otras modalidades de violencia".
Sólo en 12 casos -entre ellos el de Ana Rosa Castiblanco, desaparecida del Palacio de Justicia- se pudo saber si las víctimas estaban embarazadas. Y aunque las mujeres son minoría entre las víctimas de este espantoso crimen, de nuevo, el miedo entra a jugar un factor importante: las familias de las víctimas de desaparición sienten un temor inmenso de que sus esposas, hermanas o hijas sean víctimas de violencia sexual. Ese temor hace su padecimiento más grande aún.
¿A qué se dedicaban las víctimas de desaparición forzada? Hay muy pocos datos al respecto también. Sólo en 5.231 casos quedó claro qué hacían: de ellos, el 43% eran campesinos, jornaleros o administradores de fincas; 15%, comerciantes o vendedores ambulantes, y 4%, miembros de la Fuerza Pública. "Esta baja proporción de conocimiento impide construir perfiles por periodos, regiones o presuntos perpetradores", señaló el Centro de Memoria.
De esas más de 60.000 víctimas de desaparición forzada, en al menos 1.600 se identificó una posición de vulnerabilidad "por su ser o su hacer": 576 dirigentes políticos, 259 sindicalistas, 151 líderes comunitarios, 135 docentes, 76 funcionarios públicos, 67 líderes campesinos, 55 desmovilizados o desvinculados (es decir, que entregaron las armas siendo menores de edad), 39 defensores de derechos humanos, 22 periodistas.
En Colombia los perpetradores de desaparición forzada, ese crimen en el cual alguien es privado de la libertad con el propósito de que su familia nunca más sepa de su paradero, han logrado su propósito: de las 60.630 víctimas que se cuentan, se ha logrado determinar qué suerte corrieron en 8.122 casos. El 13%. La mitad fueron halladas muertas, sólo 984 aparecieron vivas y en el resto, 3.658 personas, aunque existe información sobre su paradero, siguen desaparecidos. Un drama de nunca parar.