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Mientras la sociedad discute sobre los efectos del fallo en el que la Corte Constitucional le dijo no a la solicitud de abrirle la puerta a la posibilidad de que las parejas homosexuales adopten, el alto tribunal se apresta a estudiar una nueva demanda que es vista por la comunidad LGBTI como un Plan B para que la justicia apruebe esa posibilidad. Se trata de una demanda presentada por la Universidad de Medellín, en la que esa entidad le pide a la Corte tener en cuenta el derecho que tienen los niños, las niñas y los adolescentes a tener una familia.
En el texto, de 85 páginas, conocido por El Espectador, la universidad señala que “si el objetivo de nuestro ordenamiento jurídico y de la normativa internacional es la efectiva protección del interés prevalente de los niños, las niñas y los adolescentes, representado en su derecho fundamental a tener una familia, negarles la posibilidad de que sean adoptados por una pareja homosexual implica una violación de sus derechos”.
Agrega que la controversia no es si los homosexuales tienen derecho a adoptar, sino si los menores tienen derecho a ser adoptados por una familia, sin importar la forma en la que ésta esté conformada. El Alma Mater señala al respecto que si la Corte ha dicho, desde 2011, que dos homosexuales pueden constituir una familia y que los menores tienen el derecho fundamental de un núcleo familiar que los proteja, entonces no hay argumentos para que se les impida a los menores acceder a este derecho.
Y agrega que negarlo “genera un tratamiento discriminatorio injustificado entre el menor que va a ser adoptado por una pareja heterosexual y el menor que desea ser adoptado por una pareja homoparental, y un grave desconocimiento del interés prevalente de éste, afectando sustancialmente sus derechos al no poder acudir a la adopción y los efectos que de ella se derivan”.
Entonces, si se parte de que la adopción es un mecanismo efectivo para acceder a una familia y a la protección que ésta brinda, “resultaría contrario a los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, el no permitir que aquellas parejas, por el solo hecho de compartir la misma opción de género, puedan brindar las mínimas garantías que su condición de menores requiere“ (…). No se puede afirmar que limitar la adopción sea una medida adecuada y coherente con el interés prevalente del menor representado en su derecho fundamental a tener una familia. La adopción, sea por parte de parejas de diverso o de igual sexo, se erige en un medio adecuado para la protección de ese derecho fundamental”.
Para la Universidad de Medellín, de nuevo, la discusión no debe enfocarse en el derecho de las parejas homosexuales a adoptar, sino en el del menor a acceder a una familia que lo cuide. “Si el análisis se realiza a partir del derecho de las parejas homoparentales a adoptar, pueden intervenir un sinnúmero de razones morales, religiosas, psicológicas, etcétera, dirigidas a demostrar que esas parejas no son iguales a las heterosexuales en relación con el tema de la adopción, discusión que no sólo pone en un segundo plano el interés prevalente del menor, sino que lo lesiona (…). Es muy distinto el juicio de constitucionalidad de cara a la adopción, si la misma se ve como derecho de los homosexuales, frente a un derecho de los menores a ser incorporados a un núcleo familiar”.
Aunque no niega que hay discriminación en contra de las parejas homosexuales, la Universidad de Medellín señala que la desigualdad, en este caso, es ante todo en contra de los menores. “La desigualdad no se configura solamente frente a las parejas del mismo sexo, sino, principalmente, en relación con los niños, las niñas y los adolescentes como titulares del derecho a tener una familia”.
En su criterio, esto viola “el interés prevalente del menor, en la medida que no garantiza su estabilidad emocional y restringe la posibilidad de gozar de todos los derechos que se derivan del parentesco civil”, entre ellos una educación garantizada y de buena calidad, alimentación balanceada, seguridad social y fácil acceso al sistema de salud, recreación y cultura aptas para su edad, amor, cuidado, especial protección, seguridad, derecho a heredar en caso de fallecimiento del adoptante y por ello le pide a la Corte actuar, de inmediato, en procura de la protección de los menores.
La conclusión de la Universidad de Medellín es que no existe razón suficiente para impedir que las parejas homosexuales adopten “en la medida que todos los menores tienen derecho al acceso a una familia, y como las parejas homoparentales constituyen familia y no un tipo especial o de menor categoría en relación con la familia heterosexual, debería imponerse un tratamiento igual (…). Todos los niños huérfanos se encuentran en igualdad de condiciones conforme al derecho a tener una familia. No existe en el ordenamiento jurídico criterio alguno que justifique de manera razonada el reconocimiento para unos del derecho a tener una familia y la omisión para otros de poder acceder a ella a través de una pareja homoparental”.
Mientras la Corte se apresta a estudiar esta nueva demanda, persiste el debate entre quienes creen que la Corte se quedó corta a la hora de decidir sobre la posibilidad de que las parejas homosexuales adopten y quienes consideran que falló en derecho. Entre los primeros se encuentran el fiscal Eduardo Montealegre y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien sostuvo ayer que “la Corte contaba con elementos de juicio suficientes para permitirla sin ningún tipo de restricciones”. De la otra orilla se encuentran representantes de sectores conservadores como los que promueven un referendo para que la sociedad decida si las parejas homosexuales pueden adoptar o no.
En el Gobierno se ha propuesto que este tema llegue al Legislativo y que éste defina, de una buena vez, el futuro de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Aunque vale destacar las palabras de la misma Universidad de Medellín con respecto a la posibilidad de que este tema quede en manos del Parlamento: “La protección del interés prevalente del menor no puede esperar la mejor actitud del Legislativo en reglamentar un mecanismo de protección de sus derechos fundamentales”. El debate se enciende con el paso de los días.