El pleito por quién se queda con Belén de Bajirá

Belén de Bajirá es un corregimiento del Chocó y, al mismo tiempo, un corregimiento de Antioquia. O eso, por lo menos, consideran sus habitantes, los que se sienten chocoanos y los que dicen ser antioqueños. A Belén lo conocen como el pueblo sin dueño por cuenta de una pelea político-jurídica de casi cinco años que no se ha logrado resolver en los pasillos del Congreso ni en los despachos de las cortes. En la misma situación están otros tres territorios de la zona: Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo. Una decisión del Consejo de Estado podría cambiar la incertidumbre de más de 16.000 habitantes y dejar de una vez claro a qué departamento le pertenece esta porción del territorio del noroccidente del país.

En el despacho de la magistrada María Elizabeth García González, de la Sección Primera, está el expediente que inició con la demanda del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en contra del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). En ese recurso, el funcionario alegó que el mapa en el que se fijó el cambio de lugar de estas cuatro zonas era ilegal, porque no tuvo en cuenta que la única entidad que tiene la potestad de hacer esa modificación en la cartografía es el Congreso. Además de pedir que se decrete la nulidad del mapa, Pérez le pidió al Consejo de Estado que decretara unas medidas cautelares para frenar cualquier acto que modificara el mapa.

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A esta última petición el alto tribunal ya le dijo que no. A finales de agosto de 2018, la magistrada García explicó que no tenía suficientes pruebas ni elementos de juicio para resolver unas medidas cautelares y tampoco tenía certeza de la situación jurídica en la que están Antioquia y Chocó. Pese a la decisión en firme, Pérez insistió en que todo lo hecho por el IGAC se debe suspender. Así se lo hizo saber a Evamaría Uribe Tobón, nueva directora del Instituto, en una carta enviada a su despacho el pasado 14 de enero. En las seis páginas de la misiva, el gobernador no hizo referencia alguna a que el Consejo de Estado ya le había negado la misma petición.

Además de hacer un listado de los hechos que llevaron a que el caso llegara al Consejo de Estado, Pérez insistió en que el problema es que el IGAC realizó un mapa que es ilegal y que, bajo ninguna circunstancia, podía modificar la localización de los cuatro territorios pues, insistió, esa es una facultad que recae en el Congreso. Ante estos señalamientos, el Instituto se ha defendido con un argumento claro: ni el mapa es ilegal, ni sus técnicos cambiaron los límites legales de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo; por el contrario, lo único que se hizo fue aclarar los límites que están consignados en la Ley 13 de 1947 y publicar el mapa con esas coordenadas.

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Fuentes del IGAC le explicaron a El Espectador que el problema limítrofe empezó hace más de 14 años por incomodidades en la región. Al tratar de solventar el lío y revisar lo que había dicho el Congreso, recopilaron la única ley que existe sobre estos parámetros: la 13 de 1947, y pidieron al Congreso que interviniera y aclarara la situación, pues sabían bien que era la única entidad con el mandato para hacerlo. A comienzos de 2017, el IGAC le entregó todos los archivos y la documentación para que los congresistas dieran la última palabra. Su respuesta fue clara: aquí no hay problema en los límites, pues la ley del 47 es clara en delimitarlos.

Sin embargo, la pelea jurídico-política sigue vigente. A finales del año pasado, el Consejo de Estado recibió la respuesta de todas las partes involucradas en el caso y está en este momento estudiando cada una de ellas. Por su parte, el IGAC, ante las presiones de varios sectores de la sociedad que han denunciado que el instituto no ha entregado información actualizada sobre los mapas, ha explicado que todo se trata de un error, pues los archivos están en su página web y que en ningún momento han ocultado datos; pero los funcionarios consultados por este diario —que por seguridad prefirieron reservar sus nombres— sí están a la expectativa de lo que pase con el nuevo Gobierno.

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Primero, porque se avecinan elecciones locales y, en el dilema de saber cuáles son los territorios del Chocó y cuáles los de Antioquia, podría haber intereses políticos de ambas partes para asegurar votos en Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquicet y Macondo. Y segundo, porque la nueva directora, Evamaría Uribe Tobón, es muy cercana al Gobierno y al partido del presidente Iván Duque. En los dos períodos del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue la superintendente de Servicios y, durante el empalme con el gobierno de Juan Manuel Santos, estuvo al tanto de las reuniones en el Palacio de Nariño con varios ministerios.

“Nos preocupa la cercanía de la directora Uribe Tobón a los gobernantes de Antioquia. Ya el Consejo de Estado se pronunció con respecto a las medidas cautelares, pero nos preocupa que se salten esa decisión y suspendan lo ya hecho”, resaltó uno de los funcionarios consultados por El Espectador. En diálogo con este diario, Uribe Tobón resumió así su postura: “Mi condición de antioqueña no determina ni dirige mis actuaciones ni el ejercicio de mis funciones y obligaciones”.