El polémico caso del zar de los taxis en Medellín

El alto tribunal suspendió provisionalmente una sentencia del Consejo Superior de la Judicatura que anuló la condena a 23 años y 9 meses de prisión contra Jorge Andrés Montoya Moreno, hijo del asesinado gerente de Coopebombas, Jorge León Montoya Negrete.

La magistrada María Mercedes López, presidente de la Sala Disciplinaria. / El Espectador

No cesa la controversia por el caso del empresario y cantante Jorge Andrés Montoya Moreno. La Corte Constitucional acaba de suspender provisionalmente el fallo del Consejo Superior de la Judicatura que anuló la condena de 23 años y 9 meses de prisión que un juez de Medellín le impuso a Montoya –hijo del asesinado gerente de la empresa de taxis Coopebombas, Jorge León Montoya Negrete– en 2007 por un intento de asesinato contra el prestamista Jhon Fredy Cañas Villa perpetrado a las 3 de la tarde del 6 de enero de 2006, en la oficina de Cañas, en Medellín, al parecer, para robarle un dinero.

De acuerdo con los testimonios ese día “Montoya Moreno se presentó a la oficina del señor Jhon Fredy Cañas Villa y con el supuesto fin de pagarle una deuda le entregó en dinero a éste, quien, cuando se disponía a contarlo, recibió varios impactos de bala de arma de fuego sin que le produjeran la muerte. El hoy procesado le decía a sus compañeros que lo remataran y les daba instrucciones con el fin de sustraer los documentos de un vehículo que estaba en prenda afianzando el préstamo, así como el dinero acabado de entregar, más otro millón de pesos que se encontraba en la caja menor del afectado y su pistola, avaluada en 8 millones de pesos”.

La suspensión del fallo del Consejo Superior de la Judicatura se da mientras la Sala Plena de esa corporación revisa la mencionada decisión. El presidente de ese alto tribunal, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, explicó que este caso “se va a estudiar en Sala Plena dado a la magnitud de los acontecimientos que ha rodeado este proceso. Se tomó la decisión de suspender la sentencia proferida por la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hasta cuando se profiera la sentencia de la Sala Plena” sobre este proceso que ha tenido de todo: desde controversias judiciales hasta el asesinato del juez que condenó a Montoya y de uno de los testigos en su contra: Rubiel Durango Yepes.

Puntualmente la Sala Plena de la Corte Constitucional debe definir si confirma o no un fallo emitido en septiembre del año pasado por la Sala Disciplinaria de la Judicatura en la que se anuló la condena contra Montoya por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado pues, en criterio de la magistrada ponente –la hoy presidente de la Sala Disciplinaria María Mercedes López– y un grupo de conjueces, la Fiscalía no tuvo en cuenta una prueba que, al parecer, demostraría la inocencia de Montoya.

El fallo fue duramente cuestionado por algunos de los magistrados de la Sala Disciplinaria que no hicieron parte del debate por este caso porque –en su criterio– López usurpó las funciones del entonces presidente de la Sala, el magistrado Wilson Ruiz, al convocar a una sala de conjueces cuando, de acuerdo con el reglamento, no podía hacerlo. Criticaron –además– que al tomar la decisión los togados no hubiesen tenido en cuenta que este caso ya había sido estudiado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.

Precisamente el 7 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia inadmitió una demanda de casación presentada por los abogados del cuestionado empresario y cantante –conocido como el Jorge Negrete de Colombia– contra el fallo del juez Diego Fernando Escobar –asesinado por sicarios, en abril de 2010, en Medellín– y el del Tribunal Superior de Medellín, que el 8 de noviembre de 2007 confirmó la sentencia contra Montoya por el atentado a Cañas Villa.

Por su parte el 14 de diciembre de 2009 la Corte Constitucional le dijo no a una tutela presentada por los defensores de Montoya. Esto porque en ningún momento se le notificó a Cañas del recurso interpuesto por su presunto victimario. La magistrada María Mercedes López ha dicho que su decisión fue conforme a la ley. Ahora es la Corte la que debe definir si confirma o no este fallo y si se pone fin a este tortuoso expediente judicial.