El Porvenir, la finca de Víctor Carranza en el Meta regresa a manos del Estado

En el acto participaron además miembros de las Fuerzas Armadas, que llegaron de forma permanente a la comunidad desde el 2015. / Foto: Archivo

En la mañana del pasado 9 de noviembre, la Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de Miguel Samper Strouss, tomó posesión material sobre 27.000 hectáreas que hasta el 2014 pertenecieron presuntos testaferros del fallecido “zar de las esmeraldas”, Víctor Carranza en El Porvenir, al nororiente de Meta.

Esta es la primera vez que el Estado toma posesión de manera oficial y simbólica de terrenos baldíos. Si bien esta decisión tiene que ver con un fallo en el que la Corte Constitucional protegió los derechos de 73 campesinos para el acceso a esas tierras, Samper Strouss señaló que el acto además en un mensaje de que “las tierras de los colombianos se respetan. No se venden, no se arriendan, no se permutan”.

“Hoy es un día histórico. Hoy traemos el porvenir a El Porvenir”, dijo Samper Strouss en el evento de toma material de los predios Mi Llanura, El Rnicón, Los Coroceros, Campo Hermoso y Pedregal; cuyos títulos de adjudicación se revocaron en el año 2014, cuando el Incoder descubrió que dichas propiedades superaban la extensión de tierra permitida para baldíos.

La historia de estas 27.000 hectáreas comenzó en 1979, cuando Víctor Machado, el primer empresario en ser dueño de los terrenos, falleció. En sus terrenos vivían alrededor de cuarenta campesinos, que habían llegado a un acuerdo con el empresario para adelantar labores de ganadería en las tierras.

Tras la muerte del empresario, la viuda de Machado vendió los terrenos al controvertido empresario de las esmeraldas Víctor Carranza. En los años ochentas, con la llegada de paramilitares a la zona, varios campesinos fueron expulsados. En 1987 fueron asesinados diez labriegos, en el caserío que hoy tiene 53 viviendas.

Más tarde, en 1992 y 1994, el Incora entregó 27 títulos de propiedad sobre esos baldíos a supuestos campesinos. De ellos, varios fueron cuestionados como presuntos testaferros de Carranza, pero nada pudo probarse antes de la muerte del esmeraldero en 2013. Más tarde, en el año 2007 los 27 predios se englobaron en cinco grandes haciendas, cuyos titulares serían también cercanos a Víctor Carranza.

Ahí comenzaron los problemas entre los dueños de las cinco fincas, en las funcionaba la empresa Ganadería La Cristalina, y los ocupantes tradicionales, quienes subsisten de la ganadería y el cultivo de yuca, plátano y limones. En 2011, los labriegos denunciaron que los empresarios les habían quitado el ganado y que los estaban amenazando constantemente para abandonar esas tierras.

Siete años después, en 2014, el Incoder encontró que con el englobe se había llevado a cabo una acumulación de baldíos ilegal, razón por la cual, mediante la resolución 6423 de 2014, revocó los títulos de adjudicación. El año pasado, 2015, el hijo de Víctor Carranza, Holman, entregó voluntariamente las tierras.

No obstante, a la fecha el Estado no había tomado de forma oficial las tierras, razón por la cual comenzaron a llegar personas desconocidas a la zona, para instalar ranchos y reclama esas tierras como suyas. Ante la vulneración de los derechos de los habitantes tradicionales de El Porvenir, la Corte Constitucional se pronunció y ordenó al Estado posesionarse en las tierras, y además, hacer un censo en el que se establezca claramente quiénes tienen derechos sobre las 27.000 hectáreas que alguna vez pertenecieron a Carranza.

En el evento participaron además del director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss; el director de Acceso a Tierras  el Javier Flores; la gobernadora del Meta, Marcela Amaya; el alcalde Puerto Gaitán, Jose Alexander Fierro; el alcalde de Orocué, Anderson Salvador Bernal y el presidente de la Junta de Acción Comunal de El Porvenir, Miguel Ángel González.

Además de los discursos de los participantes, Samper Strouss y la gobernadora Amaya destaparon una valla de las 30 que rodearán el predio, y que anuncian que esas tierras pertenecen al Estado y que cualquier intento por venderla, arrendarla o permutarla es ilegal. Por ahora, resta esperar que la ANT reparta los terrenos entre los campesinos beneficiados, operación para la cual la Corte dio un plazo de un año en su fallo de tutela.