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Este miércoles, 19 de septiembre, se conoció el último reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), que detalla cómo está el panorama de cultivos ilegales en Colombia. De entrada, cabe destacar que, según el informe, 171.000 hectáreas de matas de coca están sembradas en el país, a corte del 31 de diciembre de 2017. Esto es, en palabras de la entidad adscrita a la Organización de Naciones Unidas (ONU), 25.000 hectáreas más con respecto al año 2016.
Entre los hallazgos más relevantes entregados en el informe se destaca, por ejemplo, que los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca, se encuentra el mayor incremento de cultivos de coca con el 64%. Por su parte, según el informe, el departamento de Nariño y el municipio de Tumaco continúan siendo las zonas con más coca en el país, pero en Tumaco la coca se redujo en un 16 %. (Lea también: EEUU solicita a Colombia reducir cultivos de coca y producción de cocaína)
Igualmente, el informe detalla que el 80% de la coca está en las mismas zonas donde ha estado durante los últimos 10 años, que el 32% de los cultivos se ubican en zonas a más de 10 kilómetros de un centro poblado y el 34% está en zonas que en 2014 eran bosque, y que el 16% de la coca está a menos de 10 kilómetros de una frontera. El reporte Simci destaca que las fronteras con Venezuela y Ecuador son las más afectadas.
Otros datos consignados en el reporte describen que los cultivos producen 33% más hoja que en 2012 y que los precios de la hoja de coca fresca, la pasta básica y el clorhidrato de cocaína cayeron el 28%, el 14% y el 11% respectivamente. Además de afirmar que las incautaciones de cocaína aumentaron un 20% en 2017, el informe dice que la región con mayor reducción se presentó en el departamento de Guaviare, donde se reportaron 1.915 hectáreas menos que en 2016. (Le sugerimos: La coca es la gran fuente de alimentación de la corrupción: Mindefensa)
Luego del informe, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, manifestó que el reporte genera una “preocupación inmensa” por el crecimiento de cultivos: “es una curva que va en ascenso permanente y que no ha encontrado su punto de inflexión. Eso es lo que más nos preocupa”. El ministro también dijo que desde que llegó a la entidad se han erradicado 7.000 hectáreas, pero que los niveles son tan altos que la situación exige llegar con una asistencia social del Estado para resolver este problema.
“Hemos viviendo por tantos años en la ilicitud que a los campesinos les parece que están en una actividad lícita y que están en un magnifico aprovechamiento de la agricultura. Eso no puede continuar siendo así (…) por las implicaciones que eso tiene. El gran beneficiado tampoco está siendo el campesino, son unas mafias internacionales que se están lucrando”, comentó el ministro Botero. (Lea: Propuesta de tratamiento especial para campesinos con cultivos ilícitos regresa al Congreso)
Asimismo, comentó que este tema ya es tratado como un asunto de seguridad nacional y que, por eso, el Gobierno tomará las medidas necesarias con las Fuerzas Militares y la Policía. Por su parte, el procurador general, Fernando Carrillo, dijo que se debe abrir el debate sobre las alternativas que se deberán tomar, entre los que se encuentra la fumigación, para erradicar los cultivos ilícitos. “Queremos que se abra el debate de si hay otro tipo de químicos que se puedan utilizar y qué va a pasar con la sustitución voluntaria (…). Ustedes han visto cómo los actores de la violencia están recrudeciendo sus acciones”, expresó.