El primer empresario que busca un lugar en la JEP

Se trata de Luis Fernando Zea Medina. Un empresario de palma condenado en 2013 a 10 años de prisión por el desplazamiento de dos comunidades afro en el Chocó.

El alto tribunal rechazó la libertad condicional que Zea Medina solicitó en octubre de este año. Archivo

Luis Fernando Zea Medina, quiere ser el primer empresario en ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Fue condenado en 2013 a 10 años de prisión por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín y, cuatro años después, busca un lugar en el nuevo sistema de justicia transicional. Sin embargo, por falta de competencia, la Corte Suprema de Justicia le negó esa solicitud, pues consideró que el que debía tomar esa decisión era el juez de ejecución de penas según la ley de amnistía (Ley 1820 de 2016).

“El caso en estudio se encuentra en sede de casación. Esto significa, de acuerdo con lo que se ha dejado visto, que la competencia para conocer de la petición de libertad condicionada radicaría, en principio, en el juez de primer grado, a instancias del fiscal del caso”, explicó la Corte Suprema. En pocas palabras, lo que el alto tribunal le dijo al empresario es que esa solicitud debe ser resuelta en otra instancia porque ya existe una condena en firme.

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La Fiscalía acusó a Zea Medina, junto con el también comerciante Héctor Duque Echeverry, por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado en concurso homogéneo e invasión de áreas de especial importancia ecológica agravado. Ambos hacían parte de la Promotora Palmera de Curvaradó Limitada (Palmadó S.A.), empresa que, según la investigación, tendría nexos con el exjefe paramilitar Raúl Emilio Hazbún Mendoza, alias Pedro Ponte o Pedro Bonito, jefe del extinto frente Arles Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El proceso que estos dos empresarios atravesaron se enmarca en una investigación del masivo desplazamiento forzado y despojo de tierras que sufrieron desde 1997 las comunidades afrodescendientes de la región del Urabá, en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, producto de una alianza entre paramilitares, militares y algunos empresarios palmicultores. Tres años más tarde, en 2000, en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó, se establecieron plantaciones de palma de aceite y ganaderías que ocuparon, en conjunto, 7.500 hectáreas.

Según el expediente de la Fiscalía que llevó a la condena de Zea Medina y Duque Echeverry, el jefe paramilitar Vicente Castaño Gil fue quien decidió, por esos tiempos, adelantar un “mega proyecto” agro industrial para el cultivo y explotación de palma africana. Y para su implementación, además de los dos condenados, se encontraban los productores de palma Irving Jorge Bernal Giraldo y María Isabel Correa, exesposa del exjefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza.