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Hace ocho años, cuando estalló el escándalo de la EPS Saludcoop y se supo que había invertido dinero destinado al servicio de salud en temas diferentes a la atención médica, se creía que era una realidad lejana que los responsables pagaran. Los máximos cerebros del entramado de corrupción habían sido durante años los hombres más poderosos del sector de la salud en Colombia. El presidente y representante legal de la EPS, Carlos Palacino, era uno de ellos y, desde que se destaparon las irregularidades, trató por todos los medios de esquivar el cerco de la justicia.
Pero un caso que duró tres años en etapa de indagación preliminar, ayer tuvo un anuncio que parecía impensable hace unos años: Palacino irá a juicio para que responda por el delito de peculado –apropiación indebida de recursos– dentro de la investigación por las irregularidades en Saludcoop que llevaron a la quiebra a la que fue la EPS más grande del país. Según las pesquisas del ente investigador, el expresidente estuvo detrás de la apropiación y desvío de más de $398 mil millones, entre 2000 y 2004. Dinero que corresponde a lo que le pagaba el Gobierno a la empresa, a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), por cada afiliado que tenía en el sistema.
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La cifra millonaria de dineros públicos se invirtió, de acuerdo con la Fiscalía, en compra de entidades, remodelaciones, patrocinios, bonificaciones, honorarios de abogados, arrendamientos, gastos de viaje, inversiones en el exterior (México y Ecuador), préstamos a socios y trabajadores, así como pago de deudas, entre otras cosas. El caso en contra de Palacino empezó a moverse hace dos años, cuando el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez se posesionó y desde su primera reunión con periodistas anunció que el caso iba a desempolvarse. La quietud del proceso fue uno de los temas que más valieron críticas a la administración de Eduardo Montealegre.
Como es bien sabido, el exfiscal era abogado de Carlos Palacino y su amigo personal. Por eso, cuando fue elegido en 2012, Montealegre advirtió que se declaraba impedido. Sin embargo, haber dado un paso al costado no se tradujo en lo que la opinión pública esperaba: acciones concretas de la Fiscalía para establecer si Palacino había tenido responsabilidad en el desvío de más de $398 mil millones que, en vez de utilizarse para prestar el servicio de salud a miles de colombianos, terminaron invertidos en edificios para la EPS y hasta en inversiones inmobiliarias como Villa Valeria, un complejo residencial y hotelero de lujo en Meta.
El tema fue, además, motivo de una batalla campal entre Montealegre y la entonces contralora general, Sandra Morelli, cuya entidad fue la primera en sacar a la luz pública las irregularidades de Saludcoop. El fiscal Martínez cumplió con su palabra y, un mes después de llegar a la Fiscalía, anunció que Palacino había sido llamado a indagatoria. La cita se concretó para octubre de 2016 y el expresidente de la EPS llegó al búnker de la Fiscalía convencido de que iba a lograr probar que nada tuvo que ver con el desvío del dinero. “Vengo a demostrar la transparencia con la que se manejó la institución y el papel que cumplimos, que fue muy importante”, precisó Palacino.
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Un año después, en septiembre del año pasado, la Fiscalía escuchó por última vez a Palacino en indagatoria y seis meses después fue capturado. Sus primeros días como preso los pasó en una celda del búnker de la Fiscalía y después fue trasladado a La Picota. En ese momento, el ente investigador señaló que tenía suficientes indicios para señalar que quien fuera el todopoderoso de la salud sí tenía que ver con las irregularidades que advirtió la Contraloría. Fue así como empezó a correr un plazo de cuatro meses para que el ente investigador estableciera si tenía las suficientes pruebas para llevar a juicio a Palacino. Y, con la decisión de ayer, parece que sí las tiene.
Además de este proceso, el presidente de Saludcoop tiene otro activo en la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, porque, supuestamente, a la EPS ingresaron recursos que no le correspondían. Aunque hasta ahora su proceso penal empieza a andar, el disciplinario, en cambio, ha dado frutos. En marzo de 2013, la Procuraduría sancionó a Palacino para que durante los próximos 18 años no pueda ejercer cargos públicos ni contratar con el Estado. En esta investigación, el Ministerio Público logró probar que el expresidente autorizó de manera fraudulenta multimillonarios recobros al Fondo de Seguridad y Garantías (Fosyga).
Paralelo a estos procesos, Palacino emprendió un proceso inesperado para quienes han trabajado para establecer la responsabilidad del desfalco en Saludcoop. El año pasado, el expresidente demandó al Estado por más de $32 mil millones. En el recurso pidió dos cosas: que se anulen las decisiones de la Contraloría, en las cuales se declaró su responsabilidad fiscal por la desviación del dinero, y que la nación lo indemnice por las investigaciones que ha emprendido la justicia en su contra. Palacino, desde la cárcel, enfrentará todos estos frentes judiciales.
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