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Del campamento en el que supuestamente estaban disidencias de las Farc lideradas por Gentil Duarte, que fue bombardeado el pasado 2 de marzo, quedaron pocos sobrevivientes. El operativo, en el municipio de Calamar (Guaviare) ha sido criticado porque en el lugar, al parecer, había menores de edad, que el ministro de Defensa, Diego Molano, llamó “máquinas de guerra”. Una de las personas que habría salido con vida es Edwin Fernando Arévalo Puentes, a quien las autoridades se refieren con el alias de Hermes y quien asegura ser un profesor, algo que desmienten fuentes de este diario.
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Los municipios de Calamar, San José del Guaviare y El Retorno, dice la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana, “cuentan con amplias zonas boscosas que les permiten a los grupos armados ocultarse, abastecerse y realizar entrenamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes recién reclutados”. Y sería en esa zona de bosque que logró esconderse el profesor Arévalo Puentes durante cinco días, luego del bombardeo, que ocurrió a orilla del río Ajajú, en la vereda Buenos Aires. Al parecer por todo este tiempo el hombre no comió, hasta que finalmente se entregó a las autoridades y ya fue presentado ante un juez de control de garantías.
Según fuentes del Ejército consultadas por El Espectador, este hombre, al parecer, era el encargado de realizar la encriptación de las comunicaciones del grupo armado sobre el que recayó el bombardeo. “Estaba encargado de instruir en el manejo de equipos de comunicación a los radistas de las disidencias de alias Gentil Duarte”, señaló una fuente enterada del tema, que pidió reserva. Al momento de entregarse, según esta persona, Arévalo Puentes vestía elementos de uso privativo de las fuerzas militares, por lo que se sumó ese delito a su judicialización.
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La Fuerza Pública lo entregó a la Fiscalía, que lo presentó ante un juez con funciones de control de garantías de Villavicencio (Meta) por los delitos de concierto para delinquir agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias, con lo que queda formalmente vinculado a un proceso penal. Además, para el ente investigador, según supo este diario, Arévalo Puentes no sería ningún profesor y, según manifestó al ser entrevistado, sería un profesional en sistemas.
Una versión que difunde el diario El Tiempo sostiene que a Arévalo Puentes lo contactó un amigo en Bogotá y le ofreció trabajo en Guaviare instruyendo en el manejo de internet. Sin embargo, cuando llegó a ese departamento, en el sur del país, lo condujeron al campamento del grupo de Gentil Duarte y le hicieron demostrar sus capacidades encriptando las comunicaciones de la organización criminal. Supuestamente, no le pagaron y tampoco lo dejaban salir, con lo cual habría terminado en este actividad en contra de su voluntad.
Mientras este proceso judicial avanza, Medicina Legal aún no confirma la identidad o edad de los diez cuerpos que recibió de las autoridades tras el bombardeo en Calamar. En medio de la confusión y las declaraciones del ministro Molano, la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, que ha acompañado el caso, llamó a otras organizaciones sociales a que se unan para formar una comisión humanitaria.
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El llamado, además, lo extendió a las comisiones de Paz del Congreso, a la Defensoría del Pueblo, a la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de la OEA, entre otros organismos. Buscan que esa comisión humanitaria “se desplace al lugar de los hechos para verificar lo ocurrido allí, al igual que recoger testimonios de pobladores”.