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Para el próximo miércoles 16 de septiembre está previsto que un juez, en los juzgados de Paloquemao de Bogotá, determine si el ahora exsenador Álvaro Uribe seguirá detenido preventivamente en su finca el Ubérrimo, mientras el proceso en su contra avanza. El expediente del exprimer mandatario hace un par de semanas que quedó a manos de la Fiscalía General, luego de que el pasado 18 de agosto renunciara a su curul en el Senado y un día después su defensa pidiera que su caso fuera manejado por el ente investigador de Francisco Barbosa. Su equipo de abogados argumentó que al perder su investidura como congresista, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema no podía seguir investigándolo.
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El abogado de Uribe, Jaime Granados, tendrá que argumentar ante el juez por qué su cliente tiene que recobrar la libertad. En ese mismo sentido tendrá que intervenir el fiscal del caso, Gabriel Jaimes Durán, quien también funge como coordinador de fiscales ante la Corte Suprema y reconocido como ficha del exprocurador general, Alejandro Ordóñez. Iván Cepeda, quien fue considerado por el alto tribunal como víctima en el caso Uribe, recusó a Jaimes pero este recurso fue negado por la propia Fiscalía. El alto tribunal también negó de manera unánime la recusación que presentó el congresista del Polo Democrático en contra del fiscal general, Francisco Barbosa.
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A principios de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió unánimemente que el expresidente debía ser enviado de manera preventiva a casa por cárcel. El alto tribunal señaló en un comunicado que esta determinación “fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe, como al representante Prada. Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado, al archivar una denuncia formulada por él”.
En decisión de 1.554 páginas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema consideró necesaria la medida de aseguramiento en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de un entramado ilegal para manipular testimonios. La decisión asegura que el exmandatario sí sabía de las maniobras ilegales en las que habría incurrido su abogado Diego Cadena para acercarse al testigo Juan Guillermo Monsalve, así como al paramilitar Carlos Enrique Vélez, quien recibió no menos de $47 millones de parte de Cadena.
Para la defensa del expresidente, la decisión de la Sala de Instrucción fue “infundada y sin precedentes en la justicia del país, demuestra cómo a Álvaro Uribe se le han violado en este proceso seis principios y derechos jurídicos consagrados en la Constitución de Colombia”. El abogado Jaime Granados aseguró que no era necesario dictar una medida de aseguramiento más de dos años después de iniciado el proceso y consideró que esta “no tiene nada de preventivo y suena más a vengativo”. Además, indicó que la decisión se basó en inferencias ya que -afirma Granados-en el expediente no habría una sola prueba o audio en el que Uribe Vélez haga referencia alguna a pedir que se cambien testimonios u ofrecimiento de beneficios.
El origen del caso contra Uribe
En febrero de 2012, durante un debate de control político sobre la génesis y auge del paramilitarismo en Antioquia, el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda presentó graves denuncias relacionadas con la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de los Uribe, ubicada en la región del Nus, entre San Roque y Yolombó, en el nordeste antioqueño. Cepeda reveló que, según testimonios de Juan Guillermo Monsalve, extrabajador de esa finca, y de un paramilitar conocido como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Cacique Pipintá de las Auc, la finca había sido sede del Bloque Metro de los paramilitares.
“Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando el Bloque Metro son el señor expresidente Ávaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”, reveló alias Alberto Guerrero al congresista Cepeda en agosto de 2011. En el curso del debate de 2012, lo presentó como una prueba de sus denuncias. Álvaro Uribe negó los señalamientos, reiteró que desde 1983 había dejado de ir a la hacienda, y para demostrar su desacuerdo con Cepeda, el mismo día del debate acudió a la Corte Suprema para denunciar al congresista del Polo por la presunta manipulación de las versiones de los exparamilitares.
En septiembre de 2014, cuando ya Uribe Vélez ejercía en condición de senador, Cepeda promovió un nuevo debate en el Congreso sobre paramilitarismo en Antioquia, y volvió a chocar con el expresidente. Uribe radicó en la Corte Suprema un memorial para que se tuvieran en cuenta varias entrevistas realizadas por un investigador privado a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, que señalaron a Cepeda de hacer ofrecimientos a cambio de declarar contra Uribe.
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La Corte Suprema se tomó seis años para adoptar una decisión, y en febrero de 2018, archivó la denuncia contra Cepeda señalando que no había pruebas para avanzar en esa indagación. Asimismo, ordenó que quien debía ser investigado por presunta manipulación de testigos y soborno debía ser el expresidente. Seis días después, el alto tribunal recibió información de la defensa de Iván Cepeda sobre supuestas presiones a Juan Guillermo Monsalve para cambiar su testimonio, razón por la cual la Corte Suprema abrió otra investigación a Uribe Vélez y lo llamó a indagatoria, junto con el representante a la Cámara por el departamento del Huila, Álvaro Hernán Prada, quien habría participado en esos hechos.