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Este martes, ante el juez 75 de control de garantías, continuó la audiencia de medidas urgentes que pidió la Fiscalía para mitigar la crisis ambiental de la represa de Hidroituango en el bajo Cauca antioqueño. La petición se realizó en audiencia pública en contra de EPM y de los contratistas de la empresa en el proyecto y tiene como fin proteger la salud y la integridad de las personas de la región.
Aunque la Fiscalía anunció que pediría estas medidas desde el pasado 10 de abril, la audiencia había sido aplazada en dos ocasiones, pues EPM (otrora Empresas Públicas de Medellín) había alegado que era necesario que estuvieran el resto de implicados: todas sus empresas contratistas en la hidroeléctrica de Ituango. Así, la diligencia comenzó el pasado lunes 10 de junio con siete abogados en el estrado de los acusados y una sala llena de ingenieros de la empresa antioqueña.
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Las medidas cautelares, informó la Fiscalía, “fueron sustentadas en investigaciones, visitas e informes de peritos expertos de variadas áreas y entidades públicas”. La entidad pidió acciones urgentes, pero todavía no señala a responsables del daño ambiental. Como víctimas en el proceso, están los líderes del bajo Cauca, en cabeza del movimiento Ríos Vivos, para quienes las medidas pedidas por la Fiscalía no son suficientes, pues denuncian que la gente en la zona necesita un sustento.
Los abogados iban desde el del consorcio que construyó la vía de Puerto Valdivia al proyecto, hasta los contratados por EPM para recolectar el buchón que se tomó el río Cauca. Uno a uno, intentaron refutar la necesidad de las medidas, según argumentaron, porque varios de los problemas que advirtió la Fiscalía en abril ya fueron resueltos en estos meses, lo que en derecho se llama una “carencia de objeto” o bien, porque habría imprecisiones en los datos que presentó el ente investigador.
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Uno de los últimos en hablar fue el abogado de EPM, Álvaro Giraldo Pérez. El abogado sustentó cada uno de sus puntos llamando al estrado a ingenieros de la empresa antioqueña, algo que el juez aprovechó para hacerles preguntas y precisar detalles. El ingeniero forestal que explicó por qué el río estaba lleno de buchón, se refirió a una “contingencia ambiental” y reconoció que “hemos generado algunas afectaciones en la zona, pero no ha sido algo voluntario”.
“¿Esa contingencia ambiental ocurrió por causas naturales o a raíz de la acción del hombre?”, le preguntó el juez al ingeniero, ante lo cual los abogados se miraron. Después de que el togado tuviera que repetirle tres veces la pregunta para que quedara más claro, el ingeniero respondió: “Sí señor, ocurrió a raíz de que se estaban desarrollando labores de ingeniería en la zona”, dijo Giraldo.
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La Fiscalía ha dejado claro a lo largo de este proceso que las medidas que se ordenen no son excluyentes de la responsabilidad penal que se pueda endilgar a quienes sean encontrados culpables, más adelante en el proceso. Por su parte, el juez de control de garantías dijo que comunicará su decisión de conceder o no las medidas cautelares el próximo miércoles 12 de junio.
¿Cuáles son las medidas? La primera consiste en implementar de manera urgente e inmediata un plan de choque para la recolección del buchón de agua o las macrofitas presentes sobre el cauce del Río Cauca. Según la fiscalía, sobre el río Cauca, a la altura de Sabanalarga (Antioquia), los investigadores constataron la invasión acelerada de buchón, una planta acuática que crece en zonas en las que el agua se empoza y un manto que bloquea los rayos del sol.
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La segunda medida cautelar que se pidió es un cierre técnico, urgente de la planta de asfalto ubicada en la vía que de Toledo conduce a Puerto Valdivia en Antioquia, sobre la ronda del río San Andrés, uno de los afluentes que nutre al Río Cauca. Así la recolección y la disposición inmediata y técnica de los residuos material carburado del petróleo y otros elementos peligrosos dispersos indiscriminadamente, provenientes de los trabajos de obra civil para la hidroeléctrica.
La tercera medida cautelar es la estabilización urgente e inmediata de taludes y manejos de aguas superficies en la escombrera de El Higuerón, ubicado entre Puerto Valdivia y la hidroeléctrica. Así como el cumplimiento de las normas técnicas de cierre y abandono establecidas por la autoridad ambiental. La razón es que se encontraron de 2,5 a 3 millones de toneladas de residuos sólidos, aproximadamente.
La cuarta medida cautelar busca mitigar los efectos adversos sobre las poblaciones de Ituango, Puerto Valdivia, Briceño, Cáceres, Taraza, Caucasia y demás municipios que sustentan la pesca y sustento diario de esta cuenca. De acuerdo con la Fiscalía, la presencia de buchón y los otros riesgos están reteniendo “la riqueza biológica y de minerales del Río Cauca en la parte sur del proyecto Hidroituango, es decir, antes de la presa”.