El rastro de Andrés Sanmiguel, empresario salpicado en el caso Odebrecht, en la contratación pública

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El Espectador conoció nuevos documentos sobre las obras que ganó el cuestionado hombre de negocios y que están bajo la lupa de las autoridades.

Andrés Sanmiguel, mencionado en el escándalo de Odebrecht como uno de los empresarios que habrían movido dinero de la multinacional para la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, pasa por un momento difícil. Hace pocas semanas la Fiscalía anunció que le fueron imputados cargos por haberse quedado, presuntamente, con dineros públicos ($12.241 millones) para la construcción de un parque deportivo en San Andrés Islas (SAI) denominado Tropical Park. Y en mayo, según fuentes cercanas a su proceso, será citado para imputarle los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por su presunta participación en el escándalo de la constructora brasileña.

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El Espectador conoció documentación de la Contraloría y de la Fiscalía que evidencia que varios de los contratos que obtuvo por licitación pública en varias zonas del país están bajo la lupa de las autoridades por incumplimiento en la construcción de varias obras, las cuales se financiaron con dineros públicos. Sanmiguel no ha sido condenado y sus abogados reafirman que su actuar ha sido en el marco de la ley, pero sí han terminado implicados antiguos gobernadores, alcaldes y funcionarios de esas administraciones rindiendo cuentas ante los organismos de control. Esta es la radiografía de los contratos que quedaron en manos de este empresario cuestionado por las autoridades.

San Andrés Islas

Aunque la Fiscalía publicó un escueto comunicado el pasado 22 de febrero sobre la imputación por el parque en el archipiélago, El Espectador conoció la audiencia completa que se realizó tres días antes. El ente investigador señaló que la obra quedó inconclusa, que hubo un manejo inadecuado de los recursos y que esta debió quedar finiquitada en septiembre u octubre de 2018, sin que el plazo se cumpliera. “En SAI hay un déficit cuantitativo y cualitativo de parques, por lo que en el lote del antiguo hospital Timothy Britton, propiedad de la Gobernación, se planteó la construcción del parque, que debería tener espacios verdes, plazoleta de acceso, zona de picnic, parque de skate, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, baños y parqueaderos públicos”, explicó el fiscal del caso.

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En este proyecto, en el que participaron las sociedades Licuas y Sercom de Sanmiguel, la Fiscalía dijo que no hubo ninguna planeación del proyecto y se violaron varios procesos previos a la adjudicación de las obras. Sobre el empresario, el fiscal del caso comentó que realizó préstamos a empresas que no tenían nada que ver con la construcción del parque y relacionadas con otras sociedades, consorcios y personas con construcciones en otras zonas del país. “Estaba tapando deudas que tenía en otros lados con el dinero del parque y pensó que nadie se iba a dar cuenta”, señaló una fuente del caso. “Posiblemente Sanmiguel se apropió de dinero en favor de terceros por un valor de $3.706 millones”, dijo la Fiscalía.

Este diario identificó que una de esas empresas que recibieron dinero fue CC Hípica 2017, también controlada por Sanmiguel, y que le fue adjudicado el proyecto de la construcción del Centro de Cultura Hípica en San Andrés, dentro de las cuales se prometió un hipódromo al sur de la isla, por un valor de $26.946 millones. El desenlace infructuoso de esta obra implicó una sanción penal para los exgobernadores Ronald Housni Jaller y Aury Guerrero Bowie, condenados por recibir dineros en campaña de un empresario que luego participó en esa obra. La obra fue adjudicada a Sanmiguel y su gente seis días después de la del Tropical Park y el contrato fue liquidado por la Gobernación en noviembre de 2019.

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“Usted, señor Sanmiguel como representante del consorcio a cargo de la obra (...) también se apropió de recursos en favor propio por $600 millones”, le reprochó el fiscal del caso, quien apuntó que esos dineros los recibió aun sabiendo que no había ejecutado la obra y se construyeron otros aspectos de la obra que no estaban contemplados o no con los requisitos legales. Por ejemplo, dice la Fiscalía, se construyó un muro de contención que no estaba previsto, hubo actividades que se pagaron y no se ejecutaron o se ejecutaron en menores cantidades de las contratadas.

El Espectador contactó al abogado José David Teleki, defensor en este caso de Sanmiguel, quien señaló que “se trata de una imputación que desconoce que la contratación estatal puede tener ajustes precisamente para lograr cumplimiento, como fue el caso del parque. Existió una expectativa infundada en la comunidad, pues se recibió a conformidad y se invirtieron todos los recursos en lo que allí se puede ver, ya que olvida la Fiscalía que ese terreno tuvo que ser adecuado con altos costos económicos (muros de contención, redes) en la zona donde se ve que está, a la orilla del mar. Eso no lo ve la Fiscalía. De ningún recurso se ha apropiado mi defendido”.

Este diario encontró que a Sanmiguel, por otro proyecto en San Andrés, la Contraloría le abrió un proceso de responsabilidad fiscal en agosto de 2020. Según el documento de 74 páginas, el empresario estuvo a la cabeza de una obra de rehabilitación de una vía importante de SAI que da con la zona industrial. El organismo determinó que la obra estaba suspendida, era de “mala calidad” y que hubo sobrecostos. Fue adjudicada en octubre de 2016 por $8.500 millones y, tres años después, la Gobernación declaró como incumplida (ocurrió en marzo de 2019) y en proceso de liquidación. Es decir, por obras en SAI, Sanmiguel tendría dos procesos fiscales, ya que existe uno por el Tropical Park.

Magdalena, Huila y Tolima

Existe documentación que señala que proyectos en esos departamentos y en los que participaron empresas de Sanmiguel terminaron también bajo la lupa. Sanmiguel fue vinculado en febrero de 2020 a otro proceso de responsabilidad fiscal como representante legal de la empresa española Comsa, que hizo parte del proyecto de construcción de los distritos de riego de Tesalia y Paicol, en Huila. La Contraloría dice que el empresario y otros, los recursos que se perdieron en la fracasada obra ascienden a $23.235 millones por pagos dobles o mayores a lo presupuestado. Los contratistas, además, tenían un plazo de 12 meses, pero en el proceso de ejecución demoraron más de tres años.

En Honda, Tolima, la Contraloría le abrió junto al exalcalde de ese municipio otro proceso de responsabilidad fiscal por las irregularidades que se presentaron en las obras adecuación del río Gualí por cerca de $26.000 millones. De acuerdo con el ente de control, la obra se demoró cinco años más de lo previsto y aunque la obra se terminó no cumple con las especificaciones técnicas para contener el arroyo del río y representa un peligro para la población del municipio. También está en la mira de la Fiscalía el contrato de concesión de la vía Aracataca-El Retén que ganó la empresa Inprocos de Sanmiguel. El ente investigador indaga cómo esta empresa, creada pocos días antes de la adjudicación y con pocos activos se ganó el contrato de $70.000 millones.

La conexión española

Sanmiguel es el representante en Colombia de Licuas, pero la casa matriz de la empresa está en España y, en ese país, la sociedad tampoco escapa de los grandes escándalos. Su nombre aparece mencionado como una de las firmas cercanas al Partido Popular (PP) y en los archivos de la investigación de la trama Gürtel, una red mafiosa de empresas cercanas a este tradicional partido. La cabeza de Licuas, Joaquín Molpeceres, fue imputado en el caso Lezo, una investigación judicial que indaga sobre posibles irregularidades que se cometieron en la empresa pública Canal de Isabel II. Los fiscales llevan adelante audiencias contra particulares y políticos del PP que desviaron dineros públicos.

A este difícil panorama se suma la denuncia que hizo en este periódico Ángel Bedriñana, un antiguo amigo de Sanmiguel, quien asegura que este último falsificó los papeles de la empresa española Licuas para ganarse contratos en Colombia. Bedriñana, empresario colombo-español, dice que quiso entregarle todas las pruebas a la Fiscalía en Colombia, pero que en ese momento solo les interesaba información sobre el caso Odebrecht.

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