Por la presunción de inocencia

El reclamo de un defensor de servidores públicos, ante anuncio de capturas masivas de la Fiscalía

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El abogado Ricardo Mejía Jaramillo, defensor de los servidores públicos, a través de una carta instó al fiscal Francisco Barbosa a abstenerse de “la frívola costumbre de realizar capturas masivas”, y no caer en la tentación de la justicia espectáculo.

“Cuide a sus muchachos”, fue el comentario del contralor Carlos Felipe Córdoba al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. Se lo dijo en un foro público para advertirle sobre el excesivo costo de sentencias en contra del Estado que causa el ente investigador por privaciones ilícitas de la libertad. Ahora, Córdoba decidió sumarse al frente común que con el fiscal Francisco Barbosa y el procurador Fernando Carrillo, anuncian redadas judiciales contra unos 40 alcaldes por dudas en los manejos de dineros para atender la emergencia del coronavirus.

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El comentario del contralor fue recordado este lunes por el abogado José Ricardo Mejía Jaramillo, en carta dirigida al fiscal Francisco Barbosa, para pedirle que se abstenga de realizar capturas masivas de servidores públicos y que, como corresponde a una justicia “serena y discreta”, se adelanten primero investigaciones rigurosas y exhaustivas. “Le ruego no caer en la tentación de la justicia espectáculo”, agrega Mejía pidiéndole que no caiga en esta vieja manía de sus predecesores, con anuncios parecidos que arrasan con el debido proceso y el derecho de defensa.

Sin nombrarlos, su evocación trae a la memoria las capturas masivas que el exfiscal Luis Camilo Osorio promovió en la era Uribe Vélez, cuando enviaba a los pueblos a decenas de agentes para llevarse presos a centenares de sospechosos. El abogado Mejía Jaramillo recuerda que hasta un ciego de Quinchía (Risaralda) lo capturaron y señalaron de ser el jefe de explosivos de las FARC. “Esas capturas masivas terminaron en absoluciones masivas con alto costo para el Estado por los abusos”, añade el jurista, conocido como el defensor de los servidores públicos.

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El abogado José Ricardo Mejía Jaramillo tiene argumentos de sobra para advertir contra los peligros de la justicia espectáculo, porque fue, es y será el alumno dilecto de J. Guillermo Escobar Mejía, un respetado jurista de Fredonia (Antioquia) que huyó de la política porque la encontró “frívola y anodina”, y luego fue juez, procurador y profesor de derecho penal en las universidades de Antioquia y Medellín, destacándose por su defensa acérrima de los perseguidos políticos en causas judiciales.

“Conceptos fiscales por los que nacen procesados” es el título de la obra que recogió los casos más significativos de sus defensas procesales, en la perspectiva de que los seres humanos no deben ser victimas de atropellos del Estado por un mal ejercicio del derecho. Uno de los animadores de esa misma línea de pensamiento es el abogado Mejía Jaramillo, que en 1991 fue su asesor en el consultorio jurídico de la Universidad de Medellín, y que heredó esa misma visión del derecho sin el eco político y mediático.

Graduado en esa misma universidad, Mejía Jaramillo fue por un lustro fiscal en Medellín, hasta que no pudo más y en diciembre de 1998 renunció al entonces fiscal Gómez Méndez con una sola frase: “Me voy por una razón, mi corazón está del otro lado”. Entonces se dedicó a defender casos perdidos, especialmente alcaldes de pueblos caídos en desgracia por los juegos de la política resaltados por los periodistas, hasta que en 2007 creó una organización para extender a todo el país su causa judicial.

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Lo llamó Bufete de abogados, magister y especialistas (BAME), hoy tiene una red de profesionales del derecho que cubre 202 cabeceras de circuito, con defensa a bajos precios a través de un sistema de afiliación. “Los verdaderos ladrones no nos buscan porque ellos creen que pagando honorarios altos a los abogados del poder van a evadir sus culpas”, aclara Mejía, que se terminó especializando en asistir alcaldes de pueblos, secretarios, gerentes de hospitales, funcionarios que no pueden pagar una defensa.

“Suele pasar que a una persona le abren investigación y la defensa le cuesta cien millones de pesos”, recalca Mejía para advertir que lo grave es que tiempo después sale absuelto y algo recupera demandando al Estado, pero la mayoría de veces no recobra su reputación. El abogado señala que, tal como lo ha reconocido el director de la Agencia de Defensa del Estado, en pocos años la Nación ha pagado 2.5 billones de indemnizaciones por privación ilícita de la libertad, y las demandas pendientes pueden llegar a 40 billones.

El asunto se agrava cuando se cercenan garantías judiciales y los casos van acompañados de frentes morales arropados de autoridad. “En estos casos, el derecho de defensa se reduce, y si los jueces de garantías no tienen carácter e independencia, muchos se sienten intimidados. Peor ahora con la figura que se inventaron de los jueces de garantía ambulantes, porque no hay nada más peligroso que un juez interino que suele acceder a todo lo que diga la Fiscalía”, agrega Jaramillo Mejía.

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Por esas razones, el abogado Mejía estima que no le queda bien al procurador Fernando Carrillo, “hombre de posiciones democráticas”, salir a acabar con un gobernador del Chocó, arrasando con su derecho de defensa. “Sepárelo del cargo si lo cree conducente, y hágalo a través de una resolución, pero no le diga corrupto para quedar bien con el público, y si lo hace, al menos dígale presuntamente corrupto, porque eso es lo que ordena la constitución, y lo que se espera del Procurador en defensa de todos”.

“Es mejor un culpable libre que un inocente en la cárcel”, advirtió hace dos siglos en Italia Cesare Beccaria. Esta semana volvió a invocarlo Ricardo Mejía antes de escribirle al fiscal Barbosa, no solo para pedir respeto a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y duda procesal, sino también invitándolo a que él “y sus muchachos”, lean detenidamente “los sabios consejos que don Quijote de la Mancha le dio a su escudero antes de asumir el gobierno de la ínsula de Barataria”.

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