En el departamento de Arauca

El regaño al Estado por incumplir fallo de la Corte IDH por masacre de Santo Domingo

Al resolver una tutela, el Consejo de Estado también estableció los mecanismos que deberá seguir el Estado colombiano para garantizar el cumplimiento de la sentencia emitida en 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre perpetrada el 13 de diciembre de 1998.

El fallo se apoyó en las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano y contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Viena. Cortesía

Un duro regaño recibió el Estado colombiano por el incumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que lo declaró responsable por la masacre de Santo Domingo perpetrada en diciembre de 1998. La reprenda vino por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, tras estudiar una tutela, concluyó que no se ha cumplido a cabalidad con el fallo emitido por el tribunal internacional el 30 de noviembre de 2012. (Le podría interesar: Estado reconoce responsabilidad por la masacre de Santo Domingo (Arauca))

El alto tribunal aseguró que las entidades accionadas, los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, “no han cumplido a cabalidad la orden emitida el 30 de noviembre de 2012, pues se evidencia que nunca se refirieron a la puesta en marcha del mecanismo interno expedito para reconocer las indemnizaciones por los hechos ocurridos en el municipio de Tame (Arauca), a las víctimas identificadas por la Corte IDH”. El Consejo de Estado manifestó que obligar a las víctimas a acudir a procesos administrativos para el reconocimiento de la indemnización, mecanismo fijado por el juez de primera instancia, implica revictimizar a las personas que sufrieron daños o perjuicios.

De igual manera, desestimó los argumentos del Ministerio de Defensa que indicó que las indemnizaciones no se han podido reconocer por falta de pruebas. Al respeto, el Consejo de Estado precisó que “ha transcurrido un lapso de tiempo considerable para que el Estado ejecute un mecanismo expedito para reparar a las victimas identificadas en la sentencia de la Corte IDH”. Y criticó el deber del Estado de otorgar y ejecutar en un año las indemnizaciones y compensaciones –por daños materiales e inmateriales– a las victimas heridas por la masacre, a los familiares de las víctimas y a cinco parientes de dos víctimas fallecidas y que no fueron reparadas. (En contexto: Corte Interamericana condena a Colombia por masacre de Santo Domingo)

El pronunciamiento del Consejo de Estado se dio al resolver una tutela presentada por dos mujeres dijeron ser víctimas indirectas de la masacre y a quienes, según la demanda, el Estado no les ha garantizado un mecanismo para establecer si tienen derecho a las indemnizaciones y compensaciones. Al estudiar el recurso, el alto tribunal concluyó que el mecanismo establecido en la Ley 288 de 1996 garantiza los derechos al debido proceso, defensa, contradicción y a la reparación integral.

El fallo se apoyó en las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano y contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Viena. El Consejo de Estado, igualmente, le ordenó al Ministro de Relaciones Exteriores que convoque a los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa Nacional, para conformar un comité que determinará si las dos mujeres tienen derecho a la indemnización. Asimismo, ordenó que los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores presenten informes mensuales sobre la ejecución del mecanismo al Tribunal Administrativo de Arauca, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, y además remitir copia a la Corte IDH de los actos que se realicen para cumplir las órdenes del fallo de la tutela. (Lea: Corte fijó plazo para que el Gobierno pida perdón por la masacre de Santo Domingo)

Finalmente, al alto tribunal ordenó remitir la copia de la sentencia al procurador general, Fernando Carrillo, y al defensor del Pueblo, Carlos Negret, para que brinden el acompañamiento para garantizar la participación y los derechos de las dos mujeres durante todo el procedimiento.