El retorno de las chuzadas

La clave del escándalo de las supuestas nuevas interceptaciones ilegales es la llamada Sala Gris que funcionaba en la Central de Inteligencia Militar en Bogotá. Los coletazos están aún por verse.

El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa tuvieron que salir esta semana a hacerle frente a este nuevo episodio de supuestas chuzadas ilegales. / EFE

El síndrome de las interceptaciones ilegales, que ha marcado la historia de Colombia en las últimas décadas, vuelve a protagonizar titulares y a reeditar los fantasmas del espionaje. Sin que la Fiscalía aclare lo que estaba sucediendo en un local comercial del barrio Galerías, en Bogotá, donde supuestamente funcionaba una central de chuzadas, esta denuncia atravesada en la recta final de la campaña política tiene a propios y extraños buscando a los posibles responsables.

Desde septiembre de 2012, cuando el gobierno Santos admitió que en estricto sigilo venía adelantando conversaciones de paz con las Farc en La Habana (Cuba), no sólo se concretó la ruptura con el expresidente Álvaro Uribe, enemigo de esa posibilidad política, sino que empezó a rumorarse que había sectores en el interior de las Fuerzas Militares reacios a la directriz de la Casa de Nariño. De paso, comenzaron las especulaciones sobre el contenido de esos diálogos.

Cuando las negociaciones de La Habana cobraron forma, desde noviembre del mismo año, la temperatura política fue creciendo. La oposición, encarnada por el expresidente Uribe, no se cansó de insistir en que se dijera cuál era el verdadero alcance de los acuerdos alcanzados. Una y otra vez, el presidente Santos tuvo que salirle al paso diciendo que las instituciones no estaban en juego y que la integridad de las Fuerzas Armadas era un asunto que jamás iba a ser tratado con los jefes de la guerrilla de las Farc.

La primera semana de abril de 2013, cuando los diálogos de La Habana avanzaban hacia la firma del acuerdo agrario, súbitamente el expresidente Uribe reveló a través de su cuenta de Twitter un mensaje de inteligencia militar sobre la inminente suspensión de operaciones militares en varios municipios del Meta, con la ubicación de sitios exactos en los cuales se iban a movilizar voceros de la guerrilla hacia Cuba. Esta información causó revuelo y la exsenadora Piedad Córdoba habló de ruido de sables.

Como vocera de Marcha Patriótica, Piedad Córdoba sostuvo que era inminente la división en las Fuerzas Militares frente al proceso de paz. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, la enfrentó y alcanzó a decirle que le sorprendía que opinara de las Fuerzas Armadas porque no las conocía, y en cambio sí sabía de las Farc “porque se la pasaba planeando actividades con ellos en Cuba”. El general Alejandro Navas, entonces comandante de las Fuerzas Militares, tuvo que calmar los ánimos.

“De ninguna manera hay ruido de sables. Las Fuerzas Militares de Colombia por tradición han sido constitucionalistas rodeando al presidente”, aseguró el general Navas, mientras se abría un nuevo debate sobre quién le había filtrado la información al expresidente Uribe. Se especuló que el entonces jefe de operaciones del Ejército, general Javier Rey, era el responsable. Sin embargo, éste lo negó y le pidió a Uribe que revelara la identidad de su fuente para evitar más suspicacias. El tema terminó en una denuncia contra el exmandatario.

La interpuso el representante Iván Cepeda, quien le pidió al fiscal Eduardo Montealegre que averiguara cómo había obtenido el exjefe de Estado una información tan confidencial y que sólo manejaban los negociadores en La Habana y los militares que habían recibido la orden para suspender operaciones en el Meta. Cepeda agregó el comentario que dejó el tema en punta: “Cabe la hipótesis de que algún miembro de las Fuerzas Militares filtró la información, pero también la posibilidad de que estemos hablando de nuevas chuzadas”.

Nunca se aclaró el caso, pero sí continuaron los rumores de voces disidentes al proceso de paz en las Fuerzas Militares y de que las incomodidades circulaban en torno a la posibilidad de que los jefes guerrilleros recibieran indultos o se acordara en La Habana la reducción de las tropas. Antes de que salieran a flote los malestares militares, una grave noticia cambió el panorama mediático: el jefe de investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón, el 1° de mayo de 2013 fue blanco de un atentado en cercanías a Melgar.

Sin que las investigaciones tomaran forma, las sospechas recayeron de inmediato sobre un sector de los militares, dado que el periodista no sólo había divulgado varias denuncias sobre privilegios de uniformados presos en la cárcel militar de Tolemaida o de torturas en otras guarniciones, sino que además se dijo que Calderón estaba investigando un escándalo mucho más grave entre altos mandos del Ejército. Al parecer le tendieron una celada para quitarle la vida. Milagrosamente resultó ileso.

En ese momento volvió a hablarse de espionajes y seguimientos. Incluso se dijo que el periodista Calderón y otros reporteros más estaban chuzados o tenían hackeados sus computadores por cuenta de sus investigaciones. Aunque el presidente Santos les pidió a la Policía y obviamente a la Fiscalía que cuanto antes aclararan qué ocurrió, tampoco hasta ahora se conocen avances en ese expediente. No obstante, volvió a salir a flote el rumor de que las chuzadas estaban operando de nuevo y que sectores militares obraban como rueda suelta.

A mediados de 2013, las habladurías sobre interceptaciones ilegales siguieron creciendo e incluso se decía que además de los opositores al proceso de paz, hasta el Gobierno mismo estaba siendo escuchado. Semanas después, una fuente le dijo a El Espectador que con extrañeza un día había llegado a la Central de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (CIME), ubicada en la calle 100 con carrera 8ª en Bogotá, y que súbitamente habían desmantelado la denominada Sala Gris, habilitada para desarrollar labores de inteligencia.

En efecto, el 1° de agosto de 2013, sin mucho ruido, el fiscal Eduardo Montealegre ordenó desmontar y trasladar la Sala Gris al búnker de la Fiscalía. Dicha sala formaba parte del Sistema Esperanza, desde el cual se direccionan los trabajos legales de inteligencia. En la Sala Gris, cuando estuvo en la CIME, trabajaba personal de inteligencia militar, la Armada y el CTI de la Fiscalía. Esta semana el fiscal admitió que ordenó el traslado de esta sala de inteligencia por las versiones de presuntas irregularidades.

Además de las especulaciones sobre la Sala Gris, existía un antecedente incómodo. Durante el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales del DAS y la Policía en la era Uribe, este mismo sitio había resultado comprometido en chuzadas contra el entonces magistrado investigador de la parapolítica, Iván Velásquez Gómez. Es más, en ese momento se determinó que dos funcionarios del CTI y uno más de la Policía, que trabajaban con algunos militares en inteligencia, se habían confabulado para espiar al magistrado de la Corte Suprema.

Aunque los comprometidos resultaron condenados por la justicia, Iván Velásquez siempre reclamó que se aclarara quién había dado la orden para que desde esa Sala Gris le espiaran las conversaciones con su familia e, incluso, con el agregado judicial de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá James Faulkner. No obstante, así como nada se dijo sobre el responsable de filtrar las coordenadas a Uribe, o del caso del periodista de Semana Ricardo Calderón, tampoco hubo respuestas para Velásquez.

Diez días después del traslado de la Sala Gris a la Fiscalía, el país conoció que se había decidido reemplazar a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas. El primer mandatario anunció el relevo asegurando que esta nueva cúpula tenía la enorme responsabilidad de continuar “la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las bandas criminales y la delincuencia común”. En ese retiro salió el general Sergio Mantilla, comandante del Ejército, de quien se rumoraba que era la piedra en el zapato de los diálogos.

Paralelamente al registro de este relevo en la cúpula militar, los medios de comunicación empezaron a averiguar qué había sucedido con la Sala Gris. La prueba de estas pesquisas quedó consignada en un trino del exvicepresidente Francisco Santos, emitido el 14 de septiembre de 2013, en el cual escribió: “En El Espectador y en Semana tienen una información muy gorda sobre chuzadas en este gobierno. ¿Por qué no ha salido?”. Francisco Santos no dijo cómo ni por qué se enteró de las investigaciones de estos dos medios de comunicación.

Ese fue el momento más crítico en el proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc. Se discutía el acuerdo de participación política, y los paros y las protestas nacionales crearon un clima de contradicciones políticas en el que se dijo que se trataba de marchas infiltradas por la guerrilla, mientras las delegaciones en La Habana libraban un pulso por impedir que los hechos en Colombia estropearan las conversaciones. Los opositores al proceso arreciaron sus críticas mientras el debate electoral de 2014 mostraba sus primeras cartas.

El expresidente Uribe ya era candidato al Senado y sus copartidarios no daban tregua en sus críticas al proceso de paz. Tras la firma del segundo punto en la agenda sobre la posible participación política de las Farc, el presidente Juan Manuel Santos se lanzó a la reelección. Hubo una pausa de fin de año, incluso en la guerra; los analistas políticos lamentaban que el proceso de paz tuviera como telón de fondo la campaña política de 2014, pero la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se tomó la agenda noticiosa y política.

Cuando nada distinto alteraba el debate político y el país se aprestaba a decantar candidaturas, la revista Semana destapó un nuevo episodio de chuzadas ilegales. El 24 de enero pasado, sin que trascendiera oficialmente, la Fiscalía allanó un local ubicado en el corazón del barrio Galerías en Bogotá llamado Buggly Hacker. El lugar, que oficiaba como una fachada militar denominada ‘Andrómeda’, al parecer era utilizado para interceptar correos o chats de altos funcionarios del Gobierno y de los negociadores de paz en La Habana.

Diez días después del allanamiento, en el que la Fiscalía decomisó 26 computadores y otros aparatos tecnológicos, Semana en su edición electrónica divulgó el escándalo. El martes 4 de febrero, el presidente Santos dio instrucciones al Ministerio de Defensa para que aclarara la denuncia, relevó a dos generales de inteligencia militar —Mauricio Zúñiga y Jorge Zuluaga— y calificó de inaceptable que la inteligencia se hiciera contra los ciudadanos, la oposición política o cualquier funcionario del Estado.

Pero al día siguiente le puso freno de mano al tono de sus reclamos: dijo que la fachada de ‘Andrómeda’ era legal e incluso aseguró que si el fiscal Montealegre lo hubiera sabido, no habría habido un allanamiento. El giro en su discurso causó desconcierto, pues la Fiscalía apenas está desencriptando los computadores. El tema está al rojo vivo y ya empezaron a trascender los coletazos del escándalo. Por ejemplo, Noticias RCN aseguró el viernes pasado que en los computadores se hallaron más de 2.000 correos de uno de los voceros de las Farc en La Habana, Hermes Aguilar.

Asimismo, se informó que ya se descubrieron mensajes que habrían salido de un teléfono del alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y supuestas chuzadas a dos ONG de derechos humanos y a algunos congresistas y dirigentes de oposición. En todo caso, la Fiscalía avanza en entrevistas e interrogatorios al dueño del local Buggly, Carlos Mejía Durán, y varios hackers que habitualmente se reunían allí para tratar de descifrar los alcances de esta supuesta central paralela de los militares.

De la Sala Gris nada se habla. En cambio, el local ‘Andrómeda’ ha dado para todo. Desde La Habana las Farc responsabilizaron a Uribe de estas interceptaciones. El presidente Santos dice que muchos quieren pescar en río revuelto y que su gobierno defiende el Estado de derecho y no el de opinión, en una clara alusión a su antecesor en la Casa de Nariño. El expresidente Uribe, en la otra orilla, exige explicaciones y asegura que no demora en salir un testigo falso para endilgarle estas supuestas chuzadas.

En cuatro semanas se definirá cómo va a quedar conformado el Congreso para el cuatrienio 2014-2018. Dos meses después será la primera vuelta presidencial. Hasta hace poco la modorra política era el común denominador. Ahora el fantasma de las chuzadas ronda con su alud de escándalo y ofensiva judicial. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Podrá aclarar la Fiscalía qué pasó con la Sala Gris y ‘Andrómeda’ antes de estos comicios parlamentarios? ¿Los coletazos de esta crisis política tendrán efectos en La Habana?

Los generales relevados

Dos generales han sido relevados de su cargo tras conocerse las denuncias hechas por la revista Semana sobre supuestas interceptaciones ilegales a, entre otras personas, los negociadores del Gobierno en La Habana. Se trata de los generales Mauricio Ricardo Zúñiga Campo y Jorge Andrés Zuluaga López. Los dos fueron relevados, de acuerdo con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, “mientras avanzan las investigaciones y buscando mayor transparencia y mayor claridad”. Zúñiga se venía desempeñando como jefe de Inteligencia del Ejército. Antes había sido comandante de la regional de Inteligencia Militar N° 4 y director de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. Por su parte, Zuluaga se venía desempeñando como comandante de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército. Durante los casi dos años que estuvo en el cargo, formó parte de algunas de las operaciones de inteligencia más importantes, entre ellas la ‘Operación Jaque’.

Colombia chuzada

Las denuncias de la revista Semana, sobre posibles interceptaciones ilegales a los negociadores del Gobierno en La Habana, al igual que a opositores al Gobierno, constituyen un nuevo aparte de la ya larga historia de las chuzadas en Colombia. Cabe recordar, por ejemplo, que en 2007 doce generales de la Policía fueron relevados de su cargo tras descubrirse que la dirección de esa fuerza estaba interceptando de forma ilegal.

 

Dos años después estalló el escándalo por las chuzadas del DAS. Por este caso la justicia investiga a varios exfuncionarios de esa entidad, entre ellos su exdirectora María del Pilar Hurtado —asilada en Panamá desde 2010— y al exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno.