El retorno de las víctimas de “Tuto” Castro a Sabanas de San Ángel, Magdalena

El próximo 14 de junio, los habitantes de la vereda Santa Martica (Sabanas de San Ángel, Magdalena) recibirán de la mano de un juez los títulos que certifican su propiedad sobre los terrenos de los que hace 20 años fueron despojados por el paramilitarismo. Hasta hace unos años, los lotes figuraban a nombre de Augusto Francisco Castro Pacheco, alias el Tuto Castro, quien según la justicia colombiana, entre los años 90 y el 2000 fue el hombre de confianza del jefe del Bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Aunque las 13 familias ya habían retornado al territorio en 2009, los campesinos no contaban con ninguna prueba documental de que fueran propietarios de las 569 hectáreas que esta semana les restituirán. En marzo pasado, un juzgado civil de restitución de tierras de Santa Marta les pidió a la Unidad de Tierras y otras instituciones del Estado que, además de adjudicar las tierras, los hiciera beneficiarios de proyectos productivos en sus territorios y quedar exentos del pago predial por dos años, mientras las familias ponen en marcha los cultivos y la ganadería.

El despojo de estas tierras arrancó en agosto de 1997 cuando la comunidad de Santa Martica fue citada en un predio de la zona conocido como La Boquilla, por paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas. Los hombres armados de Jorge 40 les dijeron a los campesinos que tenían que abandonar sus tierras porque iban a ser vendidas a un tercero. Finalmente los paramilitares, como ocurrió en los municipios aledaños, compraron a precios muy bajos e, incluso, en varios casos nunca cumplieron con lo pactado con los campesinos. En los años siguientes, las amenazas y los asesinatos terminaron convirtiendo el centro y el sur del Magdalena como uno de los fortines del paramilitarismo en Colombia.

Para los grupos paramilitares, Sabanas de San Ángel fue una zona estratégica. Según las versiones libres dadas por Jorge 40 en Justicia y Paz, el municipio era un corredor estratégico para mover armas, paramilitares, drogas y ganado robado en la frontera con Venezuela. Lo mismo ocurrió a finales de los años noventa y el 2000 en municipios aledaños como Plato, Pivijay y Chibolo. Incluso, en este último las autodefensas y las élites políticas costeñas se reunieron para fraguar un plan que les permitiera controlar las instituciones del Estado, vía electoral.

El Pacto de Chibolo nació cuando Jorge 40 citó a políticos y líderes en el corregimiento de La Estrella, a veinte minutos del casco urbano de Chibolo, para acordar las candidaturas de las elecciones regionales de 2000. Posteriormente, partidos políticos como el Liberal y el Conservador les dieron luz verde a los nombres acordados. El Pacto de Chibolo fue la prueba piloto para que se hicieran otros acuerdos: Pivijay (septiembre de 2001) y Magdalena (2002). Este último fue acordado por aspirantes al Congreso con diputados y alcaldes para hacer una “parcelación electoral”, que les garantizaría participación a nivel local, regional y nacional. Este fue uno de los capítulos del escándalo de la parapolítica que sacudió al país.

Las alianzas hechas entre paramilitares y políticos le permitieron a Jorge 40 hacerse a la contratación pública en infraestructura, salud y otros rubros. Las autoridades también han logrado establecer que funcionarios regionales del extinto Incoder fueron claves para que la máquina de despojo de Jorge 40 fuera una realidad. A su vez, el jefe paramilitar acogió como uno de sus testaferros a Tuto Castro, quien se hacía pasar como un reconocido ganadero de la región. Sin embargo, en 2010 su imagen se vino a pique cuando su hermano, el exsenador Jorge Castro Pacheco, fue condenado a siete años de prisión por sus nexos con paramilitares

El Tuto Castro se desmovilizó en marzo de 2006 en Valledupar, Cesar, pero nunca se postuló a la Ley de Justicia y Paz y permaneció prófugo hasta el 10 de octubre de 2012, cuando fue capturado en Barranquilla. La mano derecha de Jorge 40 aceptó cargos por desplazamiento forzado y por asociarse con grupos paramilitares, entre otros. Tuto Castro, a quien las autoridades le atribuyen el despojo de cerca de 10.000 hectáreas en el Magdalena, se acogió a sentencia anticipada y fue condenado a ocho años de prisión; no obstante, duró un poco más de dos años tras las rejas y le fue concedida la prisión domiciliaria.

Los peligros actuales

Los campesinos de Santa Martica aseguran que, en comparación con años atrás, hay tranquilidad entre los habitantes. Sin embargo, en abril del año pasado los ánimos se caldearon cuando los conflictos se exacerbaron entre reclamantes, segundos ocupantes, ganaderos y políticos de la región. Ese mismo mes, el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, citó una audiencia pública en Sabanas de San Ángel para escuchar los argumentos de quienes afirman ser víctimas de la restitución de tierras.

En ese momento los reclamantes señalaron estar siendo amedrentados por hombres armados y que en la región se habría creado un grupo antirrestitución supuestamente manejado por hombres de dudoso pasado, con apoyo de ganaderos y políticos. La Corporación Jurídica Yira Castro, que representa al grupo de reclamantes de Santa Martica, recogió en un documento las denuncias y las presentó a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Tierras y la Unidad de Víctimas.

La denuncia advirtió que en la región se conformaron la Asociación de Pequeños y Medianos Ganaderos Compradores de Buena Fe de Sabanas de San Ángel y la Asociación Nacional de Víctimas de Despojo del Estado (Asovides), las cuales estarían integradas por personas con serios cuestionamientos penales. La corporación señaló para entonces que desde la salida de alias Tuto Castro de la zona ha comenzado una nueva etapa de violencia de una manera disimulada y que detrás de estas organizaciones, según los campesinos, está Castro. Las comunidades no descartan que estos grupos vuelvan a ponerse en marcha.

Aunque la Unidad de Tierras le aseguró a El Espectador que la presencia de la Fuerza Pública es constante, un líder de Santa Martica, cuyo nombre este diario no revela por motivos de seguridad, contradijo la versión y aseguró que la última vez que vio a miembros de la Policía o el Ejército fue hace dos meses. “En esa oportunidad le conté a la Policía que, por las noches, desconocidos entran a los predios y al otro día se encuentra ganado muerto, incluso hace poco violaron a una niña. Con estos hechos uno no puede estar tranquilo”. La fuente señaló que tienen la esperanza de que con los proyectos productivos con los que el Estado se comprometió a darles, haya un alivio para su comunidad, que lleva 20 años soportando los rigores de la guerra.