El salvavidas de la Corte Suprema a Diego Palacio para ingresar a la JEP

El alto tribunal consideró que, a pesar de las conductas ilícitas que cometió el exministro de Protección Social, no se puede considerar "simétrico, equilibrado ni equitativo" que un agente del Estado que no mató a nadie no pueda acceder a los mecanismos que sí están gozando los otros actores de la violencia.

Exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt.Archivo particular.

La Corte Suprema de Justicia, en decisión de este miércoles 25 de octubre, le ordenó al Tribunal Superior de Bogotá que emita una nueva sentencia para determinar si el exministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, puede acceder a los beneficios que ofrece la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe fue condenado a 80 meses de prisión (6 años y ocho meses) por haber participado en los hechos que rodearon el sonado escándalo de la “yidispolítica”. (Lea: Niegan libertad condicional al exministro Diego Palacio)

El 23 de marzo, Palacio Betancourt solicitó ingresar a la JEP y recibir los beneficios argumentando que su condena estaba relacionada al conflicto. Decisión que ratificó un día después al suscribir un acta de compromiso ante el secretario del sistema de justicia transicional, Néstor Raúl Correa, con el fin de ser beneficiado con la libertad transitoria prevista para los agentes del Estado. Sin embargo, el 2 de mayo, el Juzgado 29 de ejecución de penas le negó la petición porque, en pocas palabras, no “no estaban satisfechos los presupuestos” para que el exministro ingresara a la JEP.

No conforme con la decisión, Palacio Betancourt impugnó la sentencia al considerar que el juez carecía de facultades para verificar si se dan o no los presupuestos para conceder el beneficio. Además manifestó que en la solicitud adjunto la carta de compromiso ante el secretario de la JEP y, asimismo, no había sido condenado por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el 8 de agosto, el exministro tuvo una nueva derrota, pues el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia.

Ante esta situación, Palacio Betancourt interpuso una tutela ante la Corte Suprema de Justicia argumentando que el Tribunal “excedió sus competencias como fallador de segunda instancia y, por otra parte, incurrió en una indebida valoración probatoria por omisión en el análisis de todos los soportes documentales que adjuntó”. Al estudiar el recurso, la corporación –como primer argumento– consideró que el Tribunal de Bogotá no se extralimitó en las facultades con las que cuenta ni se presentó errores en el procedimiento.

La Corte también manifestó que no se presentó una omisión de los elementos de prueba que Palacio Betancourt, pues consideró que esto se quedó en una simple “enunciación” y no fue desarrollada. No obstante, la Corporación sí precisó que haber limitado el estudio de la petición a los argumentos que en su momento expuso el Tribunal, así como las pruebas y argumentos de cada una de las partes, puede resultar una interpretación “sesgada que no guarda coherencia con los principios de tratamiento penal especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo para los agentes del Estado”. (Le podría interesar: “Mi solicitud a la JEP no es un asunto del uribismo”: Diego Palacio)

Asimismo, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, de la Sala Civil, la Corte explicó que el delito por el que fue condenado Palacio Betancourt (Cohecho) consistió en manipular, a través de ofrecimientos burocráticos, el voto de dos congresistas frente a la iniciativa que buscaba archivar la reelección de Uribe. “Es decir, la conducta (de Diego Palacio Betancourt)  fue evidentemente enderezada a favorecer la permanencia de dicho gobernante en la presidencia, lo cual, sin temor a equívocos, corresponde a un punible con móviles abiertamente políticos y cometido en el marco del conflicto armado colombiano, no solo por la época en que aconteció, sino por la lucha frontal contra la insurgencia que lo caracterizaba”, precisó el alto tribunal.

No es para nadie desconocido –afirma la corporación– que la propuesta de “Seguridad Democrática” de esa administración tenía como fin combatir los grupos armados como, por ejemplo, las Farc. Y que, de hecho, los constantes ataques contra autoridades estatales y población civil llevaron a aumentar el pie de fuerza del Ejército y la Policía. “Cualquier conducta tendiente a favorecer la continuidad de ese plan de gobierno en el país, lícita o no, tenía una clara relación con la situación de conflicto interno que por más de 50 años ha padecido el país”, agregó el alto tribunal. 

La Corte Suprema considera que, a pesar de la conducta reprochable de Palacio Betancourt, “no puede considerar simétrico, equilibrado ni equitativo que un agente del estado que no segó la vida de nadie, no pueda acceder a los mecanismos que sí están gozando actores de la violencia, como integrantes de las Farc y miembros de la fuerza pública que acabaron con la vida de inocentes para obtener prebendas laborales, administrativas y patrimoniales”.