La decisión de la SIC se conocería en mayo de 2020
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“Soborno no afectó licitación de Ruta del Sol 2”: abogada de Odebrecht en caso de la SIC

La frase es de la abogada Adriana López, apoderada de Odebrecht en el proceso que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en contra de la multinacional y sus socios en Colombia. En entrevista con este diario, la jurista dio más detalles de cómo van las investigaciones y agregó que, hasta ahora, no hay pruebas para sancionar a su apoderado.

Según la SIC, Odebrecht pagó sobornos para que la multinacional y sus socios colombianos se quedaran con el contrato de la Ruta del Sol 2.  / AFP

La investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por el escándalo de corrupción de Odebrecht está en su etapa final. Con la lista de testimonios e indagatorias por acabarse, solo falta que las partes presenten sus alegatos finales y que los funcionarios de la entidad le den sus recomendaciones a su director para que él defina si sanciona o no a la multinacional brasileña y a sus socios en Colombia, el Grupo Aval. Adriana López, abogada de Odebrecht en este caso, habló con El Espectador de cómo ha sido el trabajo de investigación y de sus peros frente a las decisiones que tomó hace dos años el entonces superintendente, Pablo Felipe Robledo, que dieron pie a este proceso.

La abogada, experta en derecho internacional privado y derecho procesal, se refirió a que no han encontrado pruebas de las supuestas irregularidades de las que habló la SIC al abrir la investigación a María Victoria Guarín, Diego Solano y José Elías Melo (condenado). Según la Superintendencia, los tres habría cometido irregularidades pues sus investigadores encontraron una serie de correos electrónicos que probarían que, durante la estructuración del proyecto, Guarín, estructuradora designada por la Corporación Financiera Internacional, y Melo intercambiaron mensajes que habrían beneficiado al grupo Aval.

¿En qué va el proceso de la Superintendencia de Industria y Comercio?

En septiembre de este año se inició el desarrollo de la etapa probatoria de acuerdo con todas las pruebas solicitadas por los investigados. Se ha venido desarrollando de manera permanente desde el 21 de septiembre y, hasta ahora, hay un cronograma para terminarlo el próximo 25 de noviembre. Ello sin perjuicio de que faltan algunas pruebas por reprogramar. Pero estamos ad portas de finalizar la etapa probatoria.

¿Qué tipo de pruebas se han practicado?

Aparte de las pruebas documentales que fueron allegadas por cada uno de los investigados en sus diferentes competencias e intervenciones, durante la etapa de descargos que culminó en febrero de 2019, se han practicado pruebas de naturaleza testimonial. Han acudido testigos, tanto trabajadores como empleados internos de la concesionaria, por ejemplo. Adicionalmente, han sido citados todos los funcionarios públicos y asesores que intervinieron durante el proceso de licitación. También hemos practicado interrogatorios de parte, que son los testimonios de los investigados.

¿Interrogatorios a quiénes, exactamente?

Por ejemplo, a Gabriel García Morales (exministro de Transporte, ya condenado por recibir un soborno por parte de Odebrecht) y Luis Carlos Sarmiento Jr. José Elías Melo (expresidente de Corficolombiana) tiene previsto hacerlo el próximo 25 de noviembre. En total, llevamos aproximadamente unas 40 declaraciones.

¿En esas declaraciones también están las de Diego Fernando Solano Saravia, funcionario del Grupo Aval, y María Victoria Guarín Villegas, de la Corporación Financiera Internacional (IFC)?

Solano Saravia ya rindió declaración. El caso de María Victoria Guarín es diferente, pues los funcionarios de la IFC citados a rendir declaración se han abstenido de asistir sobre la base de que se pueden acoger a una inmunidad que les da el Banco Mundial. Ella no ha declarado.

¿Cuál es el común denominador en todas las declaraciones y testimonios que han recopilado y qué puede concluir Odebrecht sobre ellas?

El común denominador ha sido que el viceministro Gabriel García Morales no podía, por sus funciones y por el momento en el que ingresó al Inco (Instituto Nacional de Concesiones, hoy ANI), alterar bajo ninguna forma los términos o las condiciones de la licitación.

¿Cómo así?

Cuando él fue nombrado director del Inco , los pliegos de la contratación ya se habían publicado y, entre la fecha en que ingresó al Inco y la fecha en que se cerró la licitación, no hubo una sola modificación a los pliegos. Es decir, él no pudo, con soborno o sin él, alterar lo que tiene que ver con los términos de la licitación. Sobre la evaluación y adjudicación del proyecto, ha habido absoluta consistencia: todos los miembros de los comités, expertos del caso y asesores que le dieron un soporte al proceso, avalaron la propuesta que finalmente ganó sin que mediara nada más que su experticia.

Según su versión, la SIC investiga a partir del soborno que recibe el exviceminsitro García y no antes...

Correcto.

Pero la SIC sí tenía en su poder varios correos electrónicos de varias personas de Corficolombiana, entre ellos José Elías Melo y María Victoria Guarín, sobre lo que sería la estructuración financiera del contrato. ¿Esto no entra en la investigación?

Sí. Hay un cargo, del que no hace parte Odebrecht, pero sí Corficolombiana, Diego Solano y María Victoria Guarín, que es el de aprovechamiento de un supuesto conflicto de intereses que habría podido generar algún beneficio dentro de esta licitación. A pesar de que no es un cargo que defiendo, se ha logrado probar que Diego Solano es un funcionario del Grupo Aval, pero nunca lo fue de Corficolombiana ni de Episol. Segundo, Solano no participó en las reuniones en las que se debatió si al grupo le convenía participar o no del proyecto. Y tercero, muy importante, los pliegos de condiciones permitían o autorizaban que cualquier proponente pudiera tener contactos privados con el estructurador. Así está establecido en los pliegos.

¿O sea que no eran ilegales las comunicaciones entre Melo o algún miembro del Grupo con María Victoria Guarín o alguien de la IFC?

Correcto. Los pliegos de la licitación lo permitían. Y sobre el tema del aprovechamiento del conflicto, a pesar de que, repito, no soy la abogada, lo que se ha demostrado es que el señor Solano no tuvo ninguna injerencia en la licitación ni en la labores que adelantó Corficolombiana para participar en el proyecto.

¿Cuál es el rango de fechas de la investigación de SIC?

Es más o menos 2007 hasta la adjudicación del contrato.

¿Y el testigo principal de esa investigación es Gabriel García Morales?

Correcto. Él era el delator y colaborador que iba a contar todo lo que había pasado. Pero todo arranca en diciembre de 2016, cuando se conoce el escándalo en Estados Unidos.

¿La SIC basó su investigación en el pago del soborno a Gabriel García Morales y desde ahí inició todas las pesquisas?

La SIC dice que el soborno afectó la licitación y, por lo tanto, hubo una colisión entre un funcionario público, el exviceministro, y quien iba a beneficiarse del proyecto, o sea, Odebrecht. Ese soborno, dice la SIC, estuvo encaminado a alterar tanto las condiciones o los términos de la licitación, como la fase de evaluación y adjudicación. Pero era imposible que eso sucediera. Hemos logrado demostrar que tampoco hubo presión ni influencia de García para lograrlo. Además ha quedado claro que fueron tres los proponentes en este caso: el consorcio conformado por Odebrecht y Corficolombiana, el grupo de los Nule con unos chinos, y OHL.

¿Y qué pasó con ellos?

Desde el comienzo de la licitación, por unas observaciones que se le hicieron al grupo Nule que no pudieron subsanar, ellos enviaron una carta diciendo que se retiraban. Al final quedaron compitiendo OHL y el grupo de la futura concesionaria Ruta del Sol. El primero, durante la jornada de preguntas y respuestas, consultó que si, dentro del requisito de experiencia que tenían que cumplir, podían acreditar su experiencia en temas de trenes. Les dijeron que no, que se necesitaba experiencia en infraestructura vial. Hay otro punto aquí que es clave y es que la SIC ha dicho que la propuesta de Odebrecht era la más cara.

¿Acaso no lo era?

Finalmente, el único sobre que se abrió en 2010 fue el de la concesionaria Ruta del Sol, pues solo quedaban habilitados ellos. Pero, a raíz de la investigación, se abrieron los otros y, realmente por muy poca diferencia, la propuesta de OHL era inferior a la de Odebrecht. Pero hay que tener en cuenta que ellos habían decidido participar en economía de escala, es decir, tanto en el sector 1 como en el 2 de la Ruta del Sol. Y esto les redujo los precios, pues rebajaban costos porque era el mismo personal y maquinaria para ambos proyectos. Ellos pudieron ofertar menos. La SIC dice que el soborno no solo afectó los términos, sino que adicionalmente influyó en que, de forma no objetiva, se descalificara a los otros dos proponentes y se favoreciera a Odebrecht. Por ahora tampoco hay pruebas sobre esto.

Entonces, ¿por qué Odebrecht pagó el soborno?

No me corresponde decirlo porque no estoy manejando el tema penal. Lo que sí puedo decir es que las pruebas muestran que el soborno no afectó la licitación. El exviceministro García no era el funcionario que escogía o adjudicaba el contrato. Esto dependía de 23 personas, 17 de un comité evaluador y otras siete del comité asesor. Todos han dicho que ninguna fue influenciada o se dejó afectar por el soborno. Y a García, que por ser el delator y colaborador del caso, le podría interesar involucrar a más gente, ha dicho que todo fue un tema solo con él, que no habló con absolutamente nadie de quienes podían alterar el proceso en realidad.

Pero ¿cómo se explica que un soborno no haya afectado el proceso de licitación? ¿Para qué se paga si no es para beneficiarse de alguna manera?

Es importante aclarar que en este proceso no se defiende el soborno, ni se avala. Lo cuestiono, no solo como abogada, sino también como ciudadana. Pero hay escenarios para revisar las afectaciones que esta práctica puede tener. En el escenario de la SIC, que es sobre el que estamos hablando, no hay una sola prueba que determine que el soborno per se generó un acto de anticompetencia. En otras palabras, lo que la Superintendencia debe demostrar en este caso es si ese soborno ocasionó una violación a los derechos de la libre competencia durante la licitación. No se puede salir de ese marco.

¿La SIC se equivocó entonces en abrir una investigación por esto?

Yo creo que no tenía competencia. Ese no era el escenario natural para llevar a cabo este tipo de reproches.

¿Por qué lo hace entonces?

Para entenderlo es importante tener en cuenta quién era en ese entonces el superintendente (Pablo Felipe Robledo, quien consultado por este diario dijo: “Lo que diga Odebrecht poco me interesa... Se trata de la empresa más corrupta del mundo). Era una persona mediática. Aquí también había ese tema de salir a mostrar gestión y ser el primero en pisar duro. Existe una agenda política en todo esto. Pero esto son solo hipótesis.

¿Esta arista de la investigación por la corrupción de Odebrecht ha servido para politizar el caso?

Para mí, este escenario no era el natural para llevar a cabo esta investigación. Era el Tribunal de Arbitramento que bien, mal o regular, tomó su decisión en agosto de este año y ordenó la terminación del contrato.

Si en este caso la SIC resuelve archivar esta investigación, ¿qué implicaciones podría tener la decisión en otros planos, como el penal o el administrativo?

Desde el punto de vista penal, ninguna, porque la responsabilidad es personal y este proceso tiene que ver con el papel de las empresas y la libre competencia. Desde el punto de vista del tribunal de arbitramento, en donde se analiza solamente un tema contractual, el soborno tiene un significado muy diferente. En el proceso de la SIC, lo que se tiene que probar sobre el soborno es que sí se adulteraron las reglas de la licitación. Pero, hasta ahora, lo que se ha demostrado es que eso no pasó porque el que mandaba en este proceso no era el viceministro. Él nunca se les acercó a decirles a las personas que podía cambiar la situación para favorecer a Odebrecht.

En este proceso, la SIC decretó una medida cautelar para la terminación del contrato. Paralelamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó otra que hablaba de suspensión del negocio. ¿Cómo se vio esto en su momento?

La medida cautelar de la Superintendencia se profiere en una etapa poco natural. Históricamente, solo una vez se había tomado esta decisión en un proceso que hasta ahora estaba en la etapa de indagación preliminar. La medida siempre se había tomado después de ese momento. Por otra parte, esa etapa es reservada y las partes no tienen oportunidad de conocer qué pruebas hay. Además, los requisitos para adoptar estas decisiones son estrictos en la ley, teniendo en cuenta que es una anticipación de una decisión futura, a pesar de que eso no significa que haya prejuzgamiento, pues más adelante se pueden cambiar las cosas. Pero sí tiene que haber casi una comprobación de muy alto nivel frente a los hechos que se están imputando. En este caso, no existían las pruebas en ese momento.

¿Cómo así?

La SIC se tomó 20 meses, entre la medida cautelar y la apertura de la investigación, para abrir una investigación. Además, antes de que la Superintendencia ordenara esas medidas cautelares, el Tribunal ya había intervenido en la protección de ese interés general que era el derecho de los ciudadanos y la no afectación del servicio público. Entonces, lo de la SIC era innecesario. Además, con las medidas del Tribunal había una gran diferencia, pues aquí no se ordenó terminar el contrato, sino que se ordenaba una suspensión, con la garantía de que la construcción de la carretera continuara. Igualmente decía que quien debía definir la terminación del contrato era el tribunal de arbitramento.

¿Qué hubiera pasado si la SIC no emite la medida cautelar (que ordenó en 2017) para terminar el contrato y las obras hubieran seguido?

Que los colombianos tendríamos hoy terminada al 100 % la Ruta del Sol 2.

¿En algún otro país salpicado por el escándalo pasó algo similar a que no se terminaran las obras?

No solo país, sino países. Cuando sale el escándalo en Estados Unidos y se ve que hay coletazos en países de Latinoamérica y África, cada país empezó a revisar de forma diferente cómo manejar las investigaciones frente a los contratos que se estaban ejecutados. Salvo en Colombia, absolutamente en todos los demás países, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos, con independencia de los procesos penales y de la condena al soborno y a las sanciones ejemplarizantes que deben tener este tipo de actuaciones, se resguardó lo que está detrás: la inversión y el servicio público. Especialmente, lo que tiene que ver con las obras.

¿Podría darnos ejemplos?

En el caso de Estados Unidos, Odebrecht estaba con la ampliación del aeropuerto internacional de Miami y esa obra se acabó. Los estadounidenses, independientemente de las indemnizaciones que ordenó y de las investigaciones penales, exigió que se terminara la obra. En Brasil pasó algo similar: se termina un programa que venía desarrollando Odebrecht al más alto nivel, que eran programas de submarinos nucleares, un programa de vital importancia en temas estratégicos y militares del país. En Panamá también pasó esto, y además Odebrecht propuso terminar las obras como muestra de su interés por reparar los daños causados, porque independientemente de todo esto, ellos son unos constructores impecables.

¿Qué obra tenían?

La del terminal 2 del aeropuerto de Tocumén y la construcción de la línea 2 del metro. Ambas se terminaron. En República Dominicana se terminó la hidroeléctrica más grande de las islas del Caribe, que se llama Punta Catalina. En Perú se está terminando la interoceánica, que une a Arequipa con el mar. Odebrecht en Colombia no ha perdido su presencia, sigue con sus oficinas abiertas, casi destinadas a atender requerimientos y colaborar con las autoridades. Les va tocar abrir una ventanilla solo para esto. En Colombia hubo un comportamiento sui generis frente a lo que sucedió en otros países.

¿Qué otras irregularidades creen que hubo frente a las actuaciones de la SIC?

Quisiera resaltar que en este proceso se han respetado todas las garantías del debido proceso. La SIC es una de las autoridades públicas más apegadas al ordenamiento. Más que irregularidades, aquí lo que hay es una falencia absoluta de pruebas que demuestren o sustenten los cargos de la Superintendencia. Este proceso, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico establecido, no ha debido existir. Aquí entra un poco el tema de lo que es una conducta de algunas personas, y otra es utilizar todo el ordenamiento del Estado colombiano para salir a sancionar desquiciando los órdenes de un Estado que supuestamente es de derecho. Como abogada, no abogada de Odebrecht, sino jurista que soy, esto me ha impactado. Los procedimientos sí tienen una finalidad, fundamentos y estructuras diferentes para cada caso.

Si este caso se llega a archivar, ¿qué consecuencias podría tener para el Estado colombiano?

Si esto sucede, significa que la medida cautelar que se dictó el año pasado se cae y esto determinaría que hubo un error administrativo en la toma de una decisión que no estaba soportada.

¿Podrían demandar al Estado?

Sí.

¿Y lo han estudiado?

Para nada. Esa posibilidad no la ha revisado Odebrecht. Lo que sí hemos hablado es que hay una diferencia muy grande en las percepciones. En lo jurídico todo pareciera estar muy claro, y es que no había pruebas, ni las hay hoy en día, para decir que el soborno afectó la licitación del contrato. Pero en lo político, esto podría llevar a otra decisión, pues una entidad debería blindar como fuera una decisión pasada emitida por ella misma.

¿Cuándo habrá una decisión?

El superintendente dijo hace poco que esperaba sancionar a Odebrecht antes de terminar este año. Lo dijo así, anticipando la decisión. Pero, por los tiempos que estamos manejando los abogados y los testimonios que hace falta recopilar, creemos que será para mayo de 2020. Aquí es importante recalcar algo y es que Odebrecht ha estado poniendo la cara, sigue atendiendo a las autoridades, entregando documentación, y hoy tiene una infraestructura precisamente para esto. Su intención es reparar y lo ha ofrecido desde el primer día. Pero sí busca que se le garantice el debido proceso, como a cualquier persona o empresa. Aquí estamos en un Estado de derecho.

¿A qué se refiere?

Como abogada, me duele que el ordenamiento jurídico no se mantenga en cada escenario y para todos los casos. Como ciudadana, me duele ver cómo en otros países sí tienen las carreteras y las obras, y aquí tenemos todo a pedazos. Hoy podríamos tener una vía terminada. Rehabilitar lo que hay hoy. Son obras que también les van a costar a los colombianos. Siempre he pesando que los actos de corrupción se tienen que castigar de manera ejemplar, pero también hay que revisar el interés general. Hay que buscar una verdadera reparación. ¿Qué sacamos los colombianos con sentencias para enmarcar y con personas en la picota si al final nos quedamos con nada?

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2019-11-19T21:56:21-05:00

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2019-11-20T09:37:55-05:00

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Redacción Judicial

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