El 'superfiscal' Montealegre

En el primer mes del año el Fiscal Montealegre ha sido protagonista en el país por sus decisiones, aquí un recuento de éstas.

A dos meses de iniciar su tercer año frente a la Fiscalía General de la Nación, el abogado Eduardo Montealegre Lynett protagoniza en Colombia. Este comienzo de 2015 notificó por radio al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y a su hijo que deberán comparecer en interrogatorio por el escándalo del hacker. Días después se despachó con la tesis de que el proceso de paz que se adelanta en La Habana no necesita refrendación. Son las particularidades de un fiscal que, entre publicitados procesos y recatadas omisiones, se volvió personaje central de la agenda pública.

En marzo de 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia lo designó para reemplazar a la hoy congresista Viviane Morales y completar su periodo institucional, fueron varias las voces que elogiaron su designación. No solamente por su condición de abogado penalista sino también por su trayectoria como viceprocurador y magistrado de la Corte Constitucional. Una experiencia que rápidamente se tradujo en una gestión encaminada a modernizar el ente investigador y darle un giro importante en la metodología para adelantar investigaciones de alto impacto social y político.

Por eso, antes que mostrar resultados frente a las investigaciones que venían en curso cuando asumió como Fiscal, haciendo uso de su potestad para proponer proyectos de ley y cambios administrativos, lideró la puesta en marcha de una reforma institucional respaldada con algunas leyes. De paso, generó varias modificaciones en la estructura del organismo que, por ejemplo, permitieron la creación de la Unidad de Análisis y Contexto para encarar las investigaciones pendientes de graves sucesos del pasado, así como la unidad contra los falsos testigos para responder a un reclamo público.

En la misión penal propiamente dicha, Eduardo Montealegre asumió en momentos en que los escándalos de moda eran los del carrusel de la contratación en Bogotá, y los de los coletazos de la parapolítica, las chuzadas del DAS o los procesos derivados de las pesquisas de Justicia y Paz contra el paramilitarismo. En los distintos casos, le dio continuidad a las investigaciones, al tiempo que fue creando su propio equipo de trabajo, liderado por quien sigue oficiando como su vicefiscal, el abogado Jorge Fernando Perdomo. En otras áreas también se fueron dando necesarios relevos.

Sin embargo, con el paso de los días, fue también quedando en evidencia su talón de Aquiles: una inconveniente combinación entre la gestión penal y la exposición mediática. Prueba de ello fue su primera salida en falso: el craso error de investigar y convertir en un hecho escandaloso la captura del exdiputado del Valle, Sigifredo López, a quien se sindicó de conductas ilegales alrededor del secuestro de sus 11 compañeros que en 2007, en cautiverio, fueron asesinados a sangre fría por las Farc. En octubre de 2012, la Fiscalía tuvo que salir a pedirle perdón a López por los excesos cometidos.

En esa misma línea, tomó forma también otro de los expedientes de mayor exposición mediática en los últimos tiempos en Colombia: el denominado caso Colmenares. En medio de innumerables filtraciones de piezas del expediente a los medios de comunicación, las averiguaciones por la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes Luis Andrés Colmenares, se convirtieron en un show mediático, agravado además por la utilización de testigos falsos por parte de uno de los fiscales del caso. Hoy el proceso sigue en veremos con la correspondiente mala imagen para la Fiscalía.

Aunque en la misma época se abrieron paso algunas investigaciones como las suscitadas a raíz del escándalo en la Dirección Nacional de Estupefacientes, también se insistió en la equivocada combinación de proceso penal y ruedas de prensa para anunciar capturas en casos que probatoriamente nunca tuvieron el alcance de los anuncios públicos, en más de una ocasión planteados junto a funcionarios del poder Ejecutivo, sin estricto acatamiento al principio constitucional de la separación de los poderes públicos. Esta tendencia motivó reclamos por desconocimiento del debido proceso.

Cuando caía el telón de 2012, Colombia empezó a vivir un cambio de rumbo en su cotidianidad política, al tiempo que estalló uno de los escándalos de mayor interés mediático. En primer término, el gobierno de Juan Manuel Santos hizo público el proceso de paz con las Farc que adelantaba de manera secreta en La Habana (Cuba); y en segunda instancia, se produjo el descalabro de la firma comisionista de bolsa, Interbolsa. En uno y otro caso, las actuaciones del fiscal Eduardo Montealegre empezaron a provocar elogios y críticas, según la mirada de los interesados o afectados.

Al tiempo que prematuramente Montealegre empezó a hacer comentarios públicos sobre los delitos imputados a los guerrilleros de las Farc, e incluso alcanzó a decir que contra esa organización no existían expedientes por crímenes de lesa humanidad, en el caso Interbolsa comenzó a ser criticado por la tardanza para emprender las averiguaciones pertinentes. En escenario mediático, pronto cobró forma la discrepancia jurídica entre el fiscal y el procurador Alejandro Ordóñez, frente a la forma en que el Estado debía encarar el tema de la justicia transicional en el proceso de paz.

Mientras estos debates ocupaban la agenda del país, en el Consejo de Estado se hizo realidad la primera demostración de que el fiscal Montealegre tenía cuerda para rato. Aunque esa misma corporación judicial había dicho los periodos de cuatro años del Fiscal General eran institucionales, en abril de 2013 cambió su jurisprudencia y falló que la misión al frente del ente investigador era personal, en otras palabras, extendió a cuatro años el periodo de Eduardo Montealegre al mando de la Fiscalía General de la Nación, es decir, hasta el mes de marzo de 2016.

Con ese respaldo a bordo, el estilo y gestión de Montealegre se vio en mayor dimensión. Entonces su apoyo al proceso de paz de La Habana se hizo aún más explícito. Días antes de que el Consejo de Estado fallara en su favor, se sumó a una marcha en Bogotá de partidarios de las negociaciones en Cuba. De manera simultánea, se volvió protagonista opinando sobre el alcance de la Corte Penal Internacional en Colombia, en contravía del procurador Ordóñez y de los opositores a ultranza de los diálogos con la guerrilla. Esa postura pública recibió tantas adhesiones como críticas.

Aunque en el campo penal, el organismo a su cargo fue mostrando importantes avances como las investigaciones por el despojo de tierras a campesinos en las regiones de Córdoba y Urabá, o en el ámbito de la Unidad de Análisis y Contexto se registraron sucesos importantes en la aclaración del magnicidio de Luis Carlos Galán o del interminable expediente por el Holocausto del Palacio de Justicia, los críticos de su gestión comenzaron a reclamarle que en el caso Interbolsa y otros de impacto reciente, no se veía la misma dinámica que en los expedientes de impacto mediático.

En especial, el mayor reparo a su gestión provino de quienes comenzaron a reclamar la falta de avances en la investigación por el escándalo de Saludcoop. Aunque Montealegre, desde el comienzo de su gestión se declaró impedido en este expediente porque había oficiado como abogado de la entidad de salud, la ausencia de decisiones para aclarar las defraudaciones denunciadas por la Procuraduría o la Contraloría, permitieron que se crearan dudas respecto a su neutralidad frente a este espinoso asunto. Resquemores que aún existen en varios sectores de la opinión.

En la medida en que fue pasando el tiempo, este reclamo se volvió permanente, pero también el fiscal Montealegre, inicialmente elogiado por sus posturas en temas como el apoyo al proceso de paz, fue casando múltiples peleas institucionales que dejaron ver el auge de su poder. Inicialmente porque se cuestionó que estuviera incidiendo en nombramientos de magistrados en las altas cortes, y definitivamente, porque para la opinión pública se convirtió en un asunto tan difícil como inconcebible, su enfrentamiento personal con la entonces contralora general, Sandra Morelli.

Al tiempo que esta funcionaria, también con exceso de exposición mediática, le enrostró una y otra vez a Montealegre su falta de determinaciones en el caso Saludcoop, el fiscal se llenó de razones para investigar a la contralora por una onerosa negociación para el arriendo de la nueva sede del ente fiscal. Poco a poco, el asunto fue derivando en una confrontación personal, con tutelas de por medio para definir las facultades de investigación mutua, y con comentarios públicos de lado y lado, sin que finalmente la sociedad conociera conclusiones concretas de los señalamientos.

Pero las peleas de Montealegre no se quedaron ahí. El otro frente de sus discrepancias estuvo en el despacho del entonces ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. Distanciados alrededor de las reformas requeridas para modernizar la justicia, el fiscal no tuvo inconveniente en asegurar ante las cámaras de televisión que desafortunadamente el ministro Gómez se había convertido en un obstáculo gigantesco para los avances de la justicia penal en Colombia. Al final, para su segundo mandato, el presidente Santos relevó de su cargo al ministro.

Entonces aumentaron las críticas entre los generadores de opinión. Ya abiertamente, periodistas como María Isabel Rueda, María Elvira Samper o Cecilia Orozco, cuestionaron sus ambiciones personales. Incluso se llegó a decir que estaban prevaleciendo “su afán electorero”, “la rosca del intercambio de favores magistrados-Procurador para armar la suya propia”, o que estaba seducido “por las ilusiones presidenciales”. Montealegre hizo caso omiso a los cuestionamientos y no se contuvo ni en sus comentarios ni en su interés por aparecer en los micrófonos.

De esta manera, y en la medida en que se fue calentando la pugna política entre el gobierno Santos y el Centro Democrático liderado por el expresidente Álvaro Uribe, era de esperarse que el fiscal Montealegre iba a quedar suspendido en medio del fuego cruzado de los contendientes verbales. El detonante vino a ser la sucesión de rumores y filtraciones sobre los avances del proceso de paz, que con toda razón derivaron en investigaciones penales. Alguien estaba espiando los diálogos de La Habana y la Fiscalía más temprano que tarde se encargó de comprobarlo.

Sin embargo, el antecedente más claro de ese proceso quedó en el aire. A mediados de 2013, sin mucho escándalo, Eduardo Montealegre ordenó desmantelar la Sala Gris que operaba en la central de inteligencia militar al norte de Bogotá, y ordenó trasladarla al búnker de la Fiscalía. El propio Montealegre admitió sin ruido que se habían detectado irregularidades. Aún no se ha esclarecido qué estaba pasando en la Sala Gris, donde trabajaban al unísono personal de inteligencia militar, de la Armada y del CTI de la propia Fiscalía. Antes de que fuera escándalo se produjo el cambio.

En cambio, seis meses después, los mismos rumores de espionaje al proceso de paz derivaron en un terremoto político y judicial de marca mayor. Primero fue la detección de la denominada sala Andrómeda en el sector de Galerías en Bogotá, de la cual se alcanzó a decir que había sido la plataforma para chuzar las negociaciones de La Habana. Después fue la captura del hacker Andrés Sepúlveda, señalado de ser un enlace de la sala Andrómeda y de estar trabajando para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, con el propósito específico de sabotear los diálogos.

Todo ese maremágnum judicial y político, con sonoro impacto en los medios de comunicación, se dio mientras Colombia decidía el mandatario para el periodo 2014-2018. El hacker Sepúlveda fue capturado entre la primera y segunda vuelta electoral. Los críticos de la Fiscalía salieron a cuestionar que no se le hubiera dado la misma importancia a las denuncias sobre el supuesto pago de 12 millones de dólares por parte de un grupo de mafiosos interesados en rendirse ante el Estado, trámite en el que se llegó a decir había participado el exconsejero presidencial Germán Chica.

La fuerza del escándalo determinó que el uribismo en pleno cerrara filas frente al reclamo de que eran opositores y no criminales, pidiéndole al Fiscal que no siguiera incurriendo en acciones de persecución política. En contraste, los defensores de Montealegre respaldaron su gestión y le pidieron llegar hasta las últimas consecuencias, incluso respecto a la conducta de algunos militares que supuestamente también se habían sumado a la acción sistemática de sabotear el proceso de paz de La Habana. Hoy están por resolverse algunas imputaciones sobre el caso.

Esta semana, apenas despuntando el 2015, el asunto está al rojo vivo. El exasesor de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, el excongresista Luis Alfonso Hoyos, no compareció al interrogatorio al cual lo había citado la Fiscalía. Este viernes 30 de enero deberá hacerlo el propio excandidato Óscar Iván Zuluaga y también está citado su hijo David. Todas las pesquisas se desprenden del hacker Sepúlveda, quien permanece protegido por la Fiscalía pues se ha convertido en el testigo estelar del escándalo. Sin embargo, los opositores de este expediente quieren mover su propia fórmula.

Con el argumento de contrarrestar la justicia selectiva y la persecución política, promovieron la realización de un plantón frente a las instalaciones del búnker de la Fiscalía. Su propósito es cuestionar la gestión del fiscal Eduardo Montealegre, quien ha dicho que no persigue a nadie y solo cumple con su deber. Una misión que incluye seguir opinando sobre el proceso de paz. Su última idea es que no necesita refrendación alguna con la sociedad, y que el gobierno Santos puede llegar a acuerdos con la guerrilla de las Farc sin que pase por el filtro de las urnas.

¿Eduardo Montealegre se ha convertido en un superfiscal?, se preguntan los generadores de opinión. Lo primero es poner un espejo retrovisor y recordar que algunos de sus antecesores también se volvieron poderosos personajes, tanto así que después de dejar su cargo, se aventuraron en las turbulentas aguas de la política. Por esta razón, vuelve al ruedo la misma observación que se hace desde que la Fiscalía surgió en Colombia: ¿quién la regenta acumula un excesivo poder? ¿Se necesita una reforma para evitar este protagonismo? Por ahora lo único claro es que Montealegre manda.