El teléfono roto de Uribe

En el documento a través del cual la Fiscalía archivó la investigación por el supuesto ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Santos en 2010 se concluye que en las denuncias del expresidente Uribe prevalecieron testigos de oídas y abogados amparados en el secreto profesional. Nada pudo probarse.

J.J. Rendón.

Desde el pasado 20 de mayo se sabe que la Fiscalía archivó la investigación por el supuesto ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010. Lo que apenas ahora trasciende es el contenido de esa decisión basada en ocho líneas de investigación que, según la Fiscalía, no lograron probar que los hechos denunciados por el expresidente Álvaro Uribe en mayo de 2014 realmente hubieran sucedido.

El Espectador tuvo acceso a la decisión adoptada por el vicefiscal Jorge Perdomo, de la cual se desprende inicialmente que ésta quedó circunscrita a la posible injerencia indebida de dineros en la campaña presidencial, porque lo relacionado con la supuesta entrega de US$12 millones al publicista venezolano J.J. Rendón, a cambio de mediar en un eventual sometimiento a la justicia de algunos narcotraficantes, hace parte de otra investigación por resolverse.

El análisis del vicefiscal Perdomo arranca evaluando si, a la luz del Código de Procedimiento Penal, los comentarios públicos del expresidente Uribe podían ser calificados como una denuncia. En su criterio, pese a que el exmandatario se abstuvo de acudir a la Fiscalía y optó por hacerlo ante la Procuraduría, era necesario admitir sus señalamientos como hechos por investigar, sobre las mismas líneas de averiguación sugeridas por Uribe.

Los elementos en los que el expresidente se basó para sus denuncias es que recibió informaciones según las cuales J.J. Rendón se ufanaba de haber contribuido a sanear con dinero los déficits de la campaña de Santos en 2010. Su fuente fue el abogado Jaime Lombana. Además, Uribe aseveró que el abogado del consejero presidencial Germán Chica le había dicho al abogado Jaime Granados que él estaba dispuesto a contarlo todo si le daban protección.

Respecto al primer asunto, después de escuchar la versión de J.J. Rendón, la Fiscalía concluyó que el desvío de supuestos dineros de la propuesta de los narcotraficantes a la campaña presidencial de Santos es inverosímil. En primer lugar porque está probado que el Consejo Nacional Electoral dio por liquidada la campaña en agosto de 2010, y Uribe sitúa sus denuncias entre mayo y junio de 2011, es decir, 10 meses después de concluido el debate electoral.

El vicefiscal resaltó que “resulta a todas luces contrario a la lógica y a la experiencia” concluir que, en vez de ser remunerado como estratega general de la campaña de Santos en 2010, el asesor venezolano J.J. Rendón hubiera terminado aportando US$2 millones. En otras palabras, que la conducta que el exmandatario atribuye a Rendón “es insostenible porque, además de desafiar el sentido común”, no es acorde con las pruebas recaudadas.

En cuanto a la conversación entre el abogado Jaime Granados y el de Germán Chica, la historia resulta más larga. Se trata de lo que Granados oyó del abogado Jesús Albeiro Yepes y que éste a su vez oyó de Germán Chica. Es decir, una cadena de testigos de oídas que “torna poco fiable el mensaje transmitido y arroja un serio cuestionamiento acerca de su origen”. Además, recalcó el vicefiscal, entre los abogados media el secreto profesional.

La conclusión es que la declaración que Uribe atribuyó a Germán Chica “se encuentra más cercana a la categoría del rumor público que a la de una prueba”. Sin embargo, como quiera que Chica era la única fuente para corroborar o desmentir, la Fiscalía precisa que lo citaron a interrogatorio en junio de 2014 y no fue. Tampoco lo hizo un mes después. Luego expresó su voluntad de acogerse al derecho de guardar silencio. La Fiscalía decidió respetarle esa garantía.

Otra de las situaciones evaluadas por el vicefiscal fue la aseveración de Uribe según la cual Carlos Holmes Trujillo había escuchado al abogado Diego Cadena decir que había tenido como cliente al narcotraficante Diego Rastrojo, y que éste estaba en condiciones de declarar por el pago de los US$12 millones. Perdomo concluyó que esta declaración también adolece de los mismos problemas de secreto profesional y testigos de oídas.

Es más, el vicefiscal calificó la transmisión de esta información como la típica “dinámica del teléfono roto”, en donde el paso de un mensaje por diversos testigos finalmente lo distorsiona. En el caso específico, la información supuestamente salió de Diego Rastrojo, quien se la pasó al abogado Diego Cadena, éste al dirigente Carlos Holmes Trujillo, luego al abogado Jaime Granados y finalmente al expresidente Uribe, que lo hizo denuncia.

Como quiera que Uribe solicitó que se indagara la relación entre Germán Chica y la nueva directora de la Federación Nacional de Departamentos, Gloria Escalante, porque de esa declaración se podían conocer detalles de la financiación de la campaña de Santos, la Fiscalía tomó ese testimonio. Escalante se mostró asombrada de que le preguntaran por la campaña de Santos o por J.J. Rendón, y manifestó que no le constaba absolutamente nada.

Para agotar todas las líneas de investigación sugeridas por Uribe, también fueron escuchados los abogados Abelardo de la Espriella y Jaime Lombana. El primero precisó que un correo recibido de una ONG, citado por Uribe como elemento a investigar, nada tiene que ver con financiación de campañas. Por su parte, Lombana observó que los comentarios que le hicieron sobre un supuesto viaje de Rendón a Miami fueron hechos al amparo del sigilo profesional.

En síntesis, el vicefiscal recalcó que del desarrollo de las pesquisas del ente investigador surgió “la imposibilidad legal de acceder a información, en razón de encontrarse de por medio el secreto profesional”. Perdomo recordó que, según el artículo 74 de la carta política, “el secreto profesional es inviolable”. Además, agregó el vicefiscal, la Corte Constitucional ha dicho que constituye una garantía de no hacer pública información obtenida por ejercicio de una profesión u oficio.

La conclusión frente al interrogante de si hubo injerencia de dinero procedente del narcotráfico en la financiación de la campaña presidencial de Santos en 2010 es que después de una valoración individual de los hechos y elementos debe decirse que los sucesos denunciados no existieron, y a la Fiscalía no le era dable exigirles a los profesionales del derecho que suministraran información de reserva.

La génesis del escándalo

El origen de la supuesta infiltración de dinero sucio en la campaña Santos se sitúa a partir de la declaración de Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos Comba, recluido en una cárcel de Estados Unidos desde 2012. En esa diligencia manifestó que entre 2010 y 2011, él y otros narcos como Diego Rastrojo, Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo y Daniel Barrera, alias el Loco Barrera recogieron US$12 millones y se los entregaron a J. J. Rendón para que desarrollara una fórmula de sometimiento a la justicia y se la transmitiera al Gobierno.

Aunque J. J. Rendón negó haber recibido dinero, reconoce que ofició como canal para darle a conocer al Gobierno la propuesta de los capos, la misma que no se materializó, según Comba, porque “el Gobierno colombiano dilató el proyecto”.

En mayo de 2014 se abrió una investigación luego de que el expresidente Uribe dijera que US$2 de los US$12 millones habían terminado en la campaña Santos.