"En el tema de drogas vale la pena explorar alternativas": MinJusticia

Yesid Reyes criticó el modelo "represivo" de la política de drogas.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes.

En las últimas horas se llevó a cabo en Bogotá el foro “¿Qué opinan los ciudadanos sobre la política de drogas?”, organizado por los ministerios de Justicia, Salud y Relaciones Exteriores, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Allí, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, cuestionó la judicialización de los consumidores y señaló que es hora de privilegiar la educación y los tratamientos. Por eso, refiriéndose a los intentos de las autoridades por combatir el consumo, aseguró que “el derecho penal solo debe intervenir frente a comportamientos que tengan considerable impacto en la vida de la relación social. Si ese impacto es leve debe recurrirse a otras formas de tratarlo, no solo para conservar el carácter excepcional de la pena, sino para evitar que su imposición genere más perjuicios”.

En el mismo sentido, dijo que “cuando se decide utilizar el derecho penal para atacar un determinado problema se está recurriendo a la última posibilidad de intervención sin haber probado otras que con un impacto social podrían resolverlo. Esto es lo que ha venido ocurriendo en el mundo de la política antidrogas y por eso vale la pena explorar alternativas diversas”. De ahí que el Ministerio, en asocio con otras instituciones, se haya propuesto iniciar un ciclo de encuentros con periodistas, estudiantes, congresistas, empresarios, académicos y expertos, para discutir la política de drogas, más aún cuando una posible firma de los acuerdos entre el gobierno y las Farc transformaría drásticamente el fenómeno del narcotráfico en la región.

Sin embargo, Eduardo Vergara, director de Asuntos del Sur, uno de los centros de pensamiento más influyentes de América Latina, opina que el auge de la discusión sobre el tema de las drogas no ha servido para realizar cambios efectivos en las políticas públicas, teniendo en cuenta que “la educación, el debate y la entrega de herramientas se encuentran raptadas por trabas morales, tabúes ideológicos y conveniencias políticas”. Muestra de ello es la brecha que existe entre la opinión favorable hacia las reformas que expresa un sector de la sociedad y la postura restrictiva del Estado. En su más reciente informe sobre Colombia, el Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública reveló que el 51% de las personas entre los 18 y los 35 años no están de acuerdo con las campañas gubernamentales de prevención.

Además, el 30% opina que las labores de la policía y el Ejército no ayudan a reducir completamente el consumo, y el 48% lo considera un problema de salud pública. Respecto al ministerio que debería articular la política de drogas, el 55% respondió que debía ser el de Salud y no, por ejemplo, el de Defensa o el de Justicia. Según la investigación, “el 93% de los colombianos declara que las personas con adicción a las drogas deben ser tratadas con políticas sanitarias y tratamiento”, ubicándose por encima de Argentina, Bolivia, Chile, México y El Salvador.

A similares conclusiones llegaron los profesores Wilson López, de la Universidad Javeriana; Claudia Pineda, de la Universidad Santo Tomás, y Etienne Mullet, del Institute of Advanced Studies de Francia, quienes estudiaron la percepción de los bogotanos sobre la legalización de las drogas. De acuerdo a los resultados de la investigación, el 50% de los encuestados considera que el consumo no es un problema crítico, mientras el 37% piensa que la política debería estar orientada a la regulación y las campañas de información, educación, prevención y tratamiento. Tan solo el 9% del grupo consideró la prohibición como la única alternativa posible para combatir el problema.

Por su parte, la FIP le preguntó a dos expresidentes, tres excandidatos presidenciales, dos alcaldes, columnistas de cinco periódicos, académicos y empresarios qué pensaban de la política de drogas del país. El 69% respondió que el modelo fracasó, porque “es ineficaz, propaga el negocio criminal, multiplica las bandas narcotraficantes, genera corrupción, es represivo, costoso y aumenta los niveles de violencia y el consumo de drogas”. Según el informe, “la mayoría de propuestas de los entrevistados para avanzar en el tema estuvieron orientadas al cambio de la política actual, siendo la regulación la que contó con mayor crédito y la prohibición la postura con menos adeptos”.

El ministro aseguró que los foros continuarán y que se buscará “conformar un gran diálogo nacional sobre el futuro de la política de drogas en Colombia”.

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