El testimonio clave en el proceso contra Santiago Uribe

El ganadero fue señalado de tener participación y conocimiento directo en los crímenes cometidos por la estructura paramilitar conocida como “Los 12 Apóstoles”.

Para la Fiscalía General existen suficientes elementos materiales probatorios para inferir la participación del ganadero antioqueño Santiago Uribe Vélez en la conformación, financiación y expansión de un grupo armado ilegal conocido como los 12 Apóstoles. El objetivo de esta estructura armada era atacar todo lo que tuviera relación con los grupos guerrilleros que delinquían en el municipio de Yarumal (Antioquia) en la década de los 90.

Sin embargo, con el tiempo el objetivo se fue expandiendo y cobijaba además a los expendedores de droga, consumidores, prostitutas, entre otro universo de gente en el municipio y zonas aledañas. El grupo armado tenía varias “funciones” entre las que se encontraban prestarle seguridad a los ganaderos, hacendados y empresarios de la región de las acciones ilegales, principalmente la extorsión, de los grupos guerrilleros y bandas delincuenciales.

En la resolución de acusación contra Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir por la conformación de grupos paramilitares y homicidio agravado la Fiscalía fijó siete grupos que fueron afectados directamente con las acciones criminales de “los 12 Apóstoles”. En total, señala el escrito de 206 páginas, ejecutó 533 asesinatos selectivos en la región. 

El ente acusador le da validez a varios de los testigos que aseguran cómo en la hacienda la Carolina –propiedad del hermano menor del senador Álvaro Uribe Vélez- se creó el plan para conformar ese grupo armado ilegal. Allí además se dieron instrucciones precias para atentar, amenazar y perseguir a personas que consideraban que atentaban en contra de sus intereses.

Eunicio Pineda, un conocido jornalero de la región, le aseguró en repetidas oportunidades a la Fiscalía General que en 1994 trabajó en la finca El Buen Suceso de propiedad de Álvaro Vásquez Arroyave. En uno de sus días de labores, que se dividían entre ordeñar las vacas y darle de comer a los cerdos, fue llamado para ayudar en unas labores a Santiago Uribe Vélez.

En ese momento fue testigo directo de las reuniones que se celebraban en La Carolina. Uribe Vélez y Vásquez Arroyave –indicó- le entregaban armas y radios a un grupo de hombres vestidos de civil, acción que parecía no importarles a los policías que también se encontraban en el lugar, entre los que se encontraban el mayor (r) Juan Carlos Meneses.

Otro día un hombre al que identificó con el alias de ‘Rodrigo’ dio la orden directa para que se asesinara a ‘Gavilán’, integrante de Los 12 Apóstoles. Pineda, quien fue testigo del asesinato, recibió la advertencia para que no contara nada de lo ocurrido a nadie sino quería perder su vida. El hombre –reconocido jefe paramilitar- le prohibió salir de la región.

Ese día la vida del jornalero se partió en dos. Sabía que su vida se encontraba en riesgo por ser testigo de esa acción, temores que pocos días después sabían que no eran infundados ya que en una oportunidad, mientras limpiaba unos tubos de desagüe de la marranera de la finca El Buen Suceso escuchó una conversación en la que Uribe Vélez, Arroyave y ‘Rodrigo’ señalaron que lo mejor era matarlo.

Por eso tomó la decisión de abandonar el municipio esa misma noche. Tres meses después, por motivos que no fueron aclarados durante su declaración, decidió regresar al municipio. Sin embargo, fue interceptado en el bus en el que se movilizaba por hombres fuertemente armados que lo trasladaron a un lugar desolado donde lo amenazaron por “saber demasiado”, posteriormente lo torturaron.

Posteriormente le pidieron que corriera, “le dispararon por la espalda, lo hirieron en el brazo y lo persiguieron para ultimarlo. No obstante, logró evadir a sus agresores y luego ocultarse”. Cuando sintió que el peligro había pasado salió a la carretera y tomó un bus con destino a Medellín. En la capital de Antioquia tuvo que esconderse puesto que temía que lo siguieran buscando para asesinarlo.

Este temor lo llevó a buscar años más tarde asilo en España. Allí fue donde le empezó a narrar a las autoridades colombianas los detalles que rodearon las reuniones en La Carolina, las charlas que sostenían casi siempre las mismas personas para atentar en contra de un grupo de personas que tendrían relación con grupos guerrilleros o de erradicar a seres indeseables, como drogadictos, extorsionistas y habitantes de la calle.

La defensa de Uribe Vélez ha sostenido en repetidas oportunidades que el testimonio de Pineda no es creíble puesto que solamente se conoció en el año 2013, casi dos décadas después que sucedieran los hechos materia de investigación. Advierte que el jornalero ha incurrido en contradicciones en tiempo, modo y lugar frente a las actividades de las que aparentemente fue testigo.

En sus alegatos de conclusión el abogado defensor fue más allá y tildó a Pineda de “loco”, señalando que tiene una condición psicológica atípica que debe ser tenida en cuenta a la hora de evaluar la validez de su declaración. En este sentido considera que no se le puede dar credibilidad a su dicho ya que es inexacto y proviene de una persona con esquizofrenia.

Sin embargo, en el escrito de acusación se manifiesta que Medicina Legal estableció que “no se identifican fallas en la memoria procedimental ni semántica” de Pineda, resaltando que “el pensamiento es de orden lógico y de curso normal” y que pese a que “se evidencian ideas de tipo paranoide persecutorias de muerte, estas no obedecen a una estructura delirante sino que se sustentan en sus antecedentes traumáticos”.

“Si bien la condición de salud mental de Pineda es crítica, es importante señalar que las funciones mentales superiores que permiten tener un adecuado contacto con la realidad, valga decir el pensamiento, la orientación, el cálculo, la inteligencia, el juicio y el raciocinio, se encuentran globalmente conservadas. Su capacidad de testificar está preservada”, precisa uno de los apartes del informe citados en el escrito de acusación.

Los 12 Apóstoles y la Fuerza Pública

Cuando llegó a Yarumal a comandar la estación de Policía el mayor (r) Juan Carlos Meneses fue citado a una reunión con Santiago Uribe Vélez y otros hacendados de la región. En ese encuentro se le contó sobre el grupo armado que se había conformado para defenderse de los delincuentes.

Los testigos citados en el escrito de acusación señalaron que estas reuniones eran comunes en la finca La Carolina, señalando que los miembros de la Fuerza Pública conocían perfectamente las actividades ilegales y criminales adelantadas por estos hombres armados que fueron financiados por los ganaderos y empresarios del municipio antioqueño.

Meneses sostuvo en varias declaraciones que Uribe era uno de los principales financiadores de esa estructura –que en ese momento no se conocía como Los 12 Apóstoles- y que en su hacienda se realizaron muchas reuniones para tratar el tema de la lucha contra la subversión, los vendedores de drogas y las personas que afectaban la seguridad de la zona.

En su testimonio el oficial de la Policía aseguró que en uno de esos encuentros se planeó el asesinato del conductor de bus escalera Camilo Barrientos tras acusarlo de ser parte de un grupo guerrillero. Para Meneses fue Santiago Uribe el que dio la orden directa de asesinarlo.

El crimen de Camilo Barrientos

El 25 de febrero de 1994 un grupo de hombres fuertemente armados interceptaron el vehículo que manejaba Barrientos en la carretera que conduce del municipio de Yarumal a Campamento. Sin mediar palabra lo ultimaron en la zona. Pese a que los testigos sabían quiénes eran los verdugos por miedo prefirieron callar.

“Estamos en frente de dos conductas punibles de lesa humanidad en la medida en que ellos se enmarcan en un repudiable entorno de macrocriminalidad integrado por ataques generalizados, sistemáticos e inhumanos en contra de la población civil por razones claramente discriminatorias, que condujeron a inaceptables operaciones de ‘limpieza social’.

En el escrito de acusación se señala “el homicidio de Camilo Barrientos, era un crimen de lesa humanidad y por ende, la asociación ilícita para ejecutar este u otros crímenes a fines”. En este sentido se manifiesta que Uribe Vélez “de manera consciente y voluntaria, formó parte del grupo armado ilegal cual, con su conocimiento y participación, perpetró el homicidio de Camilo Barrientos y de 533 personas más”.

El escuadrón de la muerte

En 1993 la personera de Yarumal, Lilian Soto le envió a la Fiscalía General un completo informe sobre los asesinatos que se habían registrado en el municipio entre el 6 de julio y el 27 de octubre de ese mismo año. Los crímenes selectivos fueron ejecutados por hombres fuertemente armados que hacían parte de una estructura de autodefensa.  

“Dentro de las referencias de contexto se menciona que el 16 de julio en la finca La Carolina, de propiedad del senador Álvaro Uribe Vélez, un grupo de hombres fuertemente armados que prestan vigilancia en esta dieron muerte a Manuel Vicente Varelas, quien habría recibido siete disparos en cabeza, cara, cuello y hombros. La víctima sería el jefe de una reconocida banda de expendedores de droga”, dice el documento de la Fiscalía.

A finales de ese año Amnistía Internacional envió una alerta a varias autoridades de Colombia con el fin de que se investigaran las denuncias de ejecuciones extrajudiciales que se estaban haciendo. La acción urente fue enviada a la Presidencia de la República, la Procuraduría General, el Ministerio de Defensa. Para el organismo internacional era un “escuadrón de la muerte” el que estaba detrás de estas acciones con la complacencia de comerciantes de tierras y la Policía.  

Sobre estos hechos también se registra un informe de la oficina de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) en el que se hace referencia directa a los crímenes ejecutados por ‘Los 12 Apóstoles’ en el municipio de Yarumal y sectores aledaños.