El testimonio que compromete al alcalde de Puerto Gaitán con financiamiento de paramilitares

El mandatario de este municipio petrolero, donde los paramilitares han hecho presencia por largo tiempo, está bajo investigación por supuestos nexos con un grupo para. Este es el testimonio que lo compromete.

Redacción Judicial
10 de julio de 2019 - 03:00 a. m.
José Alexánder Fierro, alcalde de Puerto Gaitán (Meta), niega nexos con grupos ilegales. / Alcaldía de Puerto Gaitán
José Alexánder Fierro, alcalde de Puerto Gaitán (Meta), niega nexos con grupos ilegales. / Alcaldía de Puerto Gaitán

La comunidad de Puerto Gaitán (Meta), el tercer municipio más grande del país y uno de los que más regalías reciben del petróleo, lleva años denunciando presuntos actos de corrupción en la administración local. Después de agotar la mayoría de instituciones llamadas a intervenir —Fiscalía, Procuraduría—, líderes del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta le pidieron en las últimas semanas a la Defensoría del Pueblo que intervenga de alguna manera, pues, dicen, el municipio está “en manos de la ilegalidad”.

Ejemplo de esto, dicen los líderes de la región, es la reciente condena por corrupción contra el exalcalde Óscar Bolaños, así como los cuatro procesos que tiene en la Fiscalía el actual alcalde de Puerto Gaitán, José Alexánder Fierro. El que va más avanzado, a pesar de la “lenta acción de la justicia” que denuncian, tiene que ver con que Fierro supuestamente hizo pactos con bandas criminales, con la ayuda del ahora candidato a la Alcaldía Luis Alberto Bohórquez. La investigación se abrió de oficio en 2017, a raíz del testimonio de un exintegrante de Libertadores del Vichada, grupo paramilitar residual.

Según la declaración dada a la Fiscalía por Wilson Delgado, alias Don Wilson, conocida por El Espectador, los Libertadores del Vichada hicieron un “compromiso de campaña” con el alcalde Fierro. El trato consistió, en palabras de Delgado, en apoyar al candidato Fierro a cambio de que él, ya desde la Alcaldía, les entregara el 3 % de los contratos del municipio. Don Wilson dijo que se reunió con Fierro, y aún más con un emisario suyo, Luis Alberto Bohórquez. En mayo de este año, los indicios contra Bohórquez y Fierro llevaron a la Fiscalía a imputarles cargos por concierto para delinquir y financiamiento de bandas criminales.

Fierro, quien llegó a la Alcaldía en enero de 2016 tras obtener 5.546 votos con MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social), habría recibido de manos de los Libertadores del Vichada cerca de $800 millones para su campaña y, una vez en la Alcaldía, habría empezado a cumplir su compromiso: por un lado, al grupo paramilitar le habría llegado el 3 % del valor de cada contrato firmado por la administración local, y por otro, le habría dado millonarias sumas en efectivo, según Delgado, “para que no los fueran a molestar y les prestaran seguridad en una finca”. En la mayoría de operaciones, Bohórquez habría sido el emisario.

En la región aseguran que Bohórquez es el candidato del Centro Democrático. El Espectador consultó a miembros del partido, quienes aseguraron a este diario que, por ahora, no hay avales oficiales para ningún candidato en regiones. Lo que se sabe, porque se evidencia en sus redes sociales, es que Bohórquez ya comenzó campaña para las elecciones de octubre y cuenta con el respaldo de Fierro, quien es, además, tío de su esposa. Una campaña desde ya empañada por la investigación formal que se abrió contra los dos, en la cual también figura el concejal liberal Fernando Villalobos, quien supuestamente controla la contratación del municipio.

En esa investigación, asimismo, aparecen los funcionarios Rubén Darío González, quien habría entregado información privilegiada al grupo armado de Don Wilson, y José Damián Londoño, quien habría servido de emisario del alcalde Fierro. Ni ellos, ni el concejal Villalobos, ni el aspirante Bohórquez, ni el alcalde Fierro han aceptado cargos. Al contrario, se declaran completamente inocentes. No obstante, Don Wilson sostiene que Bohórquez, a quien conocen en la zona como Pollo, lo ha contactado para pedirle favores. Por ejemplo, para que ayudara a otro hombre a entrar a la cárcel con el fin de hablar con uno de los jefes de los Libertadores del Vichada conocido como Yayo.

Después de esa visita, Yayo habría comenzado a llamar a Don Wilson insistentemente: “Era por $300 millones que el alcalde de Puerto Gaitán, Alexánder Fierro, les debía de un compromiso que habían hecho con Capi (otro jefe del grupo) y Yayo, los comandantes en esa época”, cuenta. Al cabo de unos días, supuestamente, José Damián Londoño, otro de los implicados, lo citó en un hotel del municipio y le entregó $20 millones: “Me dijo que era lo único que habían mandado, que después organizaban, que al final en la cárcel habían cuadrado con Yayo en $200 millones, pero que ahorita estaban sin plata”.

En un encuentro en un café del municipio, Bohórquez presuntamente “traía una bolsa de papel y la colocó debajo de la mesa”. En la bolsa había $100 millones, que Don Wilson habría recibido junto con las instrucciones de entregarlos a uno de los jefes del grupo. “Yo le dije que así como regalaban plata me ayudara con un contrato. (Bohórquez) me dijo riéndose que si quería sacara $20 millones, pero no saqué nada porque esa plata era muy delicada”, le contó a la Fiscalía. En un momento, dijo, Bohórquez le manifestó que no podría reunirse tanto, pues se iba a lanzar a la Alcaldía. Don Wilson aseveró que con Fierro solo se reunió una vez en 2015, antes de posesionarse.

Además de Don Wilson, de estos encuentros y transacciones habría al menos otros tres testigos. Mientras la investigación continúa, Fierro sigue en su cargo, Bohórquez en campaña para sucederlo y los cinco (incluidos el concejal Villalobos, Rubén Darío González y José Damián Londoño) están en libertad. Ricardo Iregui, abogado del alcalde Fierro, le dijo a El Espectador que todo se trata de un montaje: “Estamos en período electoral”. El litigante culpa por este “entramado” al defensor de Wilson Delgado, Óscar Poveda. Sin embargo, registros de la prensa local indican que el abogado Poveda murió víctima de un ataque sicarial en abril de 2018.

El contubernio en los Llanos

Puerto Gaitán, así como Puerto López, Mapiripán y otros municipios del Meta, ha sido por años testigo de la escalada paramilitar y sus alianzas con el poder. El Centro Nacional de Memoria Histórica recoge en el informe “Violencia paramilitar en la altillanura” cómo en esta región del sur del país los esmeralderos financiaron ejércitos privados, que luego se aliaron con el narcotráfico y consolidaron un poder paralelo al del Estado. Así ocurrió con el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (Erpac), comandado por Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, grupo que a su vez surgió de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Tras la muerte de Cuchillo, en 2010, un cisma en las filas del Erpac creó dos disidencias, enfrentadas hasta el día de hoy: los Libertadores del Vichada y el bloque Meta. Aunque el Erpac y las Auc tenían dominio militar en la zona y gozaban de alguna legitimidad entre la población, estas características no las reunían los Libertadores del Vichada. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el grupo “opera más que todo como un puente y un facilitador para dinamizar las economías criminales del narcotráfico con segmentos de carácter transnacional”, pues operan en el corredor por el que sale la droga desde el Meta hasta Venezuela.

Además, dice la FIP, el desgaste organizacional a raíz de que tantos integrantes estén judicializados ha llevado a que el grupo se financie principalmente de la extorsión y el microtráfico. Al parecer, alias Capi y alias Yayo, ya presos, siguen órdenes de Sergio Manuel Córdoba, alias 120, desmovilizado en el proceso de Justicia y Paz. El testimonio de Don Wilson dice, por ejemplo, que 120 fue el enlace inicial entre la Alcaldía, Capi y Yayo. Don Wilson habría ayudado a Bohórquez a ponerse en contacto con alias Farid, otro jefe de los Libertadores, y después de una reunión Farid llegó con $150 millones y el anuncio de que, cada seis meses, la Alcaldía haría “aportes” a la organización.

Por Redacción Judicial

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