El timonazo del Consejo de Política Criminal en favor de la cadena perpetua a violadores

Por mayoría, ese organismo emitió un concepto a favor de imponer la prisión perpetua a abusadores sexuales de menores, un asunto que se debate en el Congreso de la República. En el pasado, ese organismo se ha opuesto a esta medida.

La cadena perpetua a violadores de niños es un tema que genera también división en la opinión pública. Óscar Pérez - Archivo El Espectado

En el Congreso de la República se suspendió el debate sobre un proyecto de ley que busca imponer la pena perpetua a abusadores sexuales y asesinos de menores mientras que el Consejo de Política Criminal entregue una postura oficial sobre la viabilidad de la propuesta. Por mayoría, ese organismo emitió concepto favorable a esa iniciativa, una posición que sería contraria a las que ha tomado esa entidad en el pasado sobre la misma cadena perpetua y en medidas como racionalizar la detención preventiva, para evitar el llamado "populismo punitivo".

El Ministerio de Justicia confirmó en un comunicado que la decisión se tomó luego que el Comité Técnico del Consejo analizara y evaluara el proyecto de ley. Esa entidad está conformada, entre otros, por el Ministerio de Justicia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría, el Inpec,  el ICBF y la Procuraduría. Esta última entidad no estuvo de acuerdo con esa posición.

El Gobierno explicó que la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura solicitaron que el concepto que se remita al Congreso debe ir acompañado por las observaciones que presentaron junto con su voto. Y que, por ahora, este aval se remitirá a las comisiones primeras de Senado y Cámara para que sea difundido. Según se expuso en el comunicado, de esta manera, "el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, responden a la visión que tienen de la Política Criminal, en la que la cadena perpetua es un elemento esencial para hacer frente al delito de asesinato y abuso de menores de edad".

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El "timonazo" el Consejo Superior de Política Criminal con esta postura sorprende, pues, ya en conceptos anteriores los integrantes de esta instancia se habían opuesto a la cadena perpetua. Por ejemplo, en un extenso documento enviado al Congreso en 2016, se había rajado la propuesta de enviar de por vida a los condenados por delitos sexuales, así como otras dos proyectos legislativos que buscaban, por un lado, castigar a violadores de menores con la castración química y, por otro, en empadronamiento de los abusadores. 

Asimismo, en el Consejo, que fue creado por orden de la Corte Constitucional para que hubiera coordinación entre todas las instituciones que juegan un papel en la administración de justicia, se habían hundido otras propuestas que, aunque populares, violarían preceptos constitucionales. Por ejemplo, el Consejo se había opuesto ya a la creación de una sala especial para el juzgamiento de militares en la Corte Suprema y a la creación de cuerpos policiales para los colegios y entornos educativos.

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Aunque los conceptos del Consejo Superior no son de aplicación obligatoria, la voz de las entidades que velan por la administración de justicia sí tienen peso en la toma de decisiones en esta materia. De hecho, además de los conceptos, como este, que deben elaborar sobre todas los proyectos legislativos que tengan que ver con derecho penal, pueden enviar recomendaciones al Congreso y hasta presentar sus propias reformas al sistema carcelario y de justicia.

Tras conocerse la postura, varios expertos en la materia cuestionaron la decisión que adoptaría el Consejo de Política Criminal. Así lo indicó en sus redes sociales Ricardo Posada, quien hasta hace unos meses presidía la Comisión Asesora de Política Criminal que, a petición de la entonces ministra de Justicia, Gloria Maria Borrero, en febrero pasado, había emitido un concepto considerado como "innecesaria, inútil y desproporcionada" la pena perpetua.

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La Comisión no alcanzó a entregar el concepto técnico antes de la salida de Gloria maría Borrero del Ministerio de Justicia. A su llegada a esa cartera, Margarita Cabello fue abordada por periodistas sobre el contenido del documento y de entrada le comenzaron a preguntar si se trataba del primer "encontrón" con el presidente Duque. La nueva ministra, entonces, aseguró que lo dicho por la Comisión no era "vinculante" (de obligatorio cumplimiento) y que no conocía el documento. 

Al parecer, esto molestó al presidente de la Comisión, Ricardo Posada, quien renunció a su cargo en julio pasado. A través de una carta, el director de Derecho Penal de la Universidad de los Andes señaló que "los acontecimientos de las últimas semanas me han llevado ha reflexionar profundamente sobre la independencia académica de la Comisión y sobre el papel que viene desempeñando el Ministerio de Justicia en su labor".

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El pasado 20 de agosto se aplazó la discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes alrededor sobre el proyecto de acto legislativo de cadena perpetua para violadores de menores de edad. Esto, a solicitud de la congresista Margarita Restrepo, del Centro Democrático, de esperar un concepto sobre el Consejo de Política Criminal sobre el asunto. 

Esta discusión no es menor. De surtir sus ocho debates en el Legislativo, propondría una reforma a la Constitución que, en su artículo 34, prohíbe las penas de “destierro, prisión perpetua y confiscación”. En ese sentido, el proyecto cambia la concepción actual del Estado colombiano frente al respeto a la vida, incluso la de una persona que comete crímenes sexuales contra menores.

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Según explicó el Gobierno, el proyecto de ley actual consta de dos artículos. Uno que elimina la prohibición de cadena perpetua que está en la Constitución. Y el segundo crea una reglamentación que dice que es una medida "excepcional". "Solo se aplica cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes (...) para las conductas constitutivas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o incapacidad de resistir".

"Constituye el máximo de la pena a imponer y, por lo tanto, no es automática. Es revisable en un término no menor a 25 años, sujeta a la resocialización del condenado. Tiene control automático por parte del superior jerárquico. Establece que le corresponde a una ley desarrollar la materia en concreto",agregó el Ministerio.

Nota de la editora: la primera versión de esta noticia hablaba de una votación preliminar al interior del Consejo de Política Criminal que se actualizó con la información oficial entregada por el Ministerio de Justicia en horas de la noche de este lunes.

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Redacción Judicial

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