Por un contrato de concesión minera otorgado por el gobernador Sergio Fajardo a Manuel Antonio Mesa, esposo de su secretaria de Participación, Beatriz White, la Procuraduría está ad portas de resolver si formula pliego de cargos en contra del mandatario y otros dos funcionarios de la Gobernación de Antioquia o si archiva la investigación que abrió por estos hechos el pasado 3 de diciembre.
El contrato que enreda a Fajardo es el 5967, concedido a Mesa el 26 de julio de 2012 y con el que se le permite al esposo de la secretaria de Participación, explotar durante 30 años un yacimiento de arenas y gravas naturales en Santa Rosa de Osos, Antioquia. La adjudicación fue denunciada por el abogado Jaime Alberto Cárdenas Restrepo y por Francisco Javier Galvis, exfiscal, excandidato a la gobernación de Antioquia y, según dicen, cercano al exgobernador Luis Alfredo Ramos.
Los demandantes aseguran que el gobernador de Antioquia violó el régimen de inhabilidades al otorgarle un contrato de concesión minera al esposo de su secretaria de Participación, una de sus colaboradoras más cercanas. De acuerdo con Cárdenas y Galvis, el mandatario Sergio Fajardo conocía muy bien a Beatriz White y a su esposo y debía saber que la Ley 80 de 1993 de contratación impide que el cónyuge de un funcionario de nivel directivo contrate con la entidad en la que trabaja su pareja. Por eso, los demandantes insisten en que lo ocurrido en este caso constituye un hecho sin precedentes en Antioquia”.
Por ello se abrió investigación en su contra el 3 de diciembre, mediante un auto conocido por El Espectador. En el documento de cuatro páginas, firmado por la procuradora delegada para la Moralidad Pública, María Consuelo Cruz y conocido por este diario, se ordenó abrir la investigación contra Fajardo, la secretaria de Minas de Antioquia, Claudia Cecilia Cadavid, y la directora de Titulación de Minas, Melissa Álvarez Licona.
Asimismo se decretó la obtención de toda la documentación relacionada con el contrato de concesión minera 5967, que firmaron el gobernador y Mesa, los certificados laborales y de bienes de Fajardo y White, el registro del estado civil de la secretaria de Participación y su esposo, entre otras, así como el registro de matrimonio de la pareja.
En noviembre de 2012, Fajardo le dijo a El Colombiano que Mesa “empezó el proceso de legalización de su mina en 2003, hizo todo lo que la ley le exigió, su contrato pasó los exámenes, terminó todos los trámites en 2011, en la administración anterior, y para cumplirle con su derecho adquirido, mi obligación era firmar el contrato. No tengo la menor duda de que hice lo correcto”.
Por su parte, la secretaria de Minas, Claudia Cecilia Cadavid, le dijo a El Tiempo, en noviembre del año pasado, que hay excepciones a las incompatibilidades denunciadas por los demandantes y que éstas se dan cuando quien debe firmar está correspondiendo a un deber y a un procedimiento legal, como sería el caso del gobernador Fajardo.
En diálogo con este diario, el mandatario indicó que no tiene nada que decir diferente a que será respetuoso de los procedimientos judiciales y atenderá los requerimientos que le hagan. A inicios de este mes, a través de un auto conocido por este diario, la procuradora Cruz ordenó el fin de la etapa de recolección de pruebas contra Fajardo y las dos funcionarias de la Gobernación. Ahora, el Ministerio Público debe estudiar el material recopilado y decidir si este es suficiente para formularle pliego de cargos al gobernador de Antioquia y a las funcionarias investigadas por este hecho.
No es la primera vez que Fajardo es investigado por la Procuraduría. El año pasado, la Red de Veedurías Ciudadanas demandó su elección como alcalde ya que, en su criterio, estaba impedido para ejercer el cargo; sin embargo, la Procuraduría no encontró pruebas del supuesto impedimento y archivó la investigación.
Fajardo también es investigado por la denuncia que hizo en su contra su antecesor, Luis Alfredo Ramos, por cuenta de algunas declaraciones hechas por el gobernador de Antioquia en su controversial Libro Blanco, en el que denuncia supuestos malos manejos por parte de Ramos. No obstante, no se le han abierto procesos formales por este hecho. Próximamente se sabrá qué va a pasar con este proceso que podría afectar el futuro político del gobernador, excandidato presidencial, una de las cabezas del Partido Verde y quien muchos creen será de nuevo candidato a la Presidencia de la República en 2018.