El trasfondo de las chuzadas a periodistas

Tres oficiales serán escuchados en la Fiscalía, que sospecha, el mundo de las interceptaciones ilegales es un mercado negro sin control.

El escándalo por las interceptaciones ilegales de las que al parecer viene siendo víctima un grupo de periodistas reabrió el debate sobre el control que se realiza a las agencias de inteligencia estatales. Mientras el presidente Juan Manuel Santos conformó una comisión especial para documentar presuntas irregularidades al interior de la Policía, la Fiscalía citará a tres altos oficiales de esa entidad para que expliquen los señalamientos de corrupción y actividades ilegales que han salpicado a la Fuerza Pública. Más allá de estas decisiones, el trasfondo es una investigación que avanza en la Fiscalía sobre el mercado ilegal de información de inteligencia en el que estarían implicados uniformados y civiles.

Aún no es claro cómo funcionará la comisión creada por el presidente Santos, quien escogió a los exministros de Defensa Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez, y a Jorge Hernán Cárdenas ¬quien fue contratista de la Policía en 2014 y recibió alrededor de $1.000 millones¬. Por ejemplo, Claudia Morales, una de las periodistas que al parecer está siendo chuzada por la Dirección de inteligencia de la Policía (Dipol), aseguró que estas medidas son pañitos de agua tibia que le sirvieron al presidente para quitarse de encima el problema, pues los integrantes de la comisión “no tendrán la menor posibilidad de acceder a la información que permitirá establecer la podredumbre que hay dentro de la institución”.

Esclarecer lo que está pasando se hace urgente. La Fiscalía citó a declarar en calidad de testigos al director de la Policía, general Rodolfo Palomino, junto a los generales Jorge Luis Vargas y William Salamanca, director de la Dipol y director de Protección y Servicios Especializados, respectivamente. El llamado de la Fiscalía se da tras analiza los más de 170 correos electrónicos que se cruzaron la periodista Vicky Dávila y un informante que le entregó información sobre cómo, supuestamente, la Dipol le estaba realizando seguimientos a ella, y a otros periodistas, como Gustavo Álvarez Gardeazábal, María del Rosario Arrázola, Claudia Morales y Daniel Coronell.

En esos correos, el informante hace referencia a que desde la Dipol se creó un equipo especial que cuenta con dos salas de interceptaciones para realizar seguimientos a periodistas, políticos y militares o policías, “con el pretexto de blindar el proceso de paz”. Al parecer, el objetivo era controlar a quienes se atrevieran a cuestionar a la Policía. En el caso de Vicky Dávila, el informante precisó que se convirtió en un “objetivo de alto valor” por las investigaciones de su equipo que salpicaban al general Palomino en la compra de unos inmuebles y sobre la llamada “comunidad del anillo”.

Frente a este último escándalo, el informante le advirtió que la comunidad del anillo “sí existió y existe, y con ella han sido manipulados congresistas, políticos, militares y periodistas. Es una red de prostitución al servicio del alto mando policial. Son hombres y mujeres que drogan o alcoholizan y luego graban teniendo relaciones sexuales. Posteriormente manipulan con las grabaciones para que se presten a todas sus fechorías. Por eso, difícilmente los involucrados van a hablar. Tienen miedo y vergüenza”.

Otro de los generales que será llamado a la Fiscalía es el general Jorge Luis Vargas, director de la Dipol y quien es nombrado por el informante de Vicky Dávila. El general Vargas, hijo del fallecido general (r) José Luis Vargas ¬comandante de la Policía de Bogotá durante los hechos del Palacio de justicia¬, participó en la persecución al cartel de Cali en sus inicios y de ahí quedó ligado a temas de inteligencia.

Al llegar a la Dipol, donde lleva seis años a la cabeza, el general Vargas construyó el dossier más completo que existe contra las Farc. Además, fue el encargado de comandar operaciones de gran importancia contra esta guerrilla, como por ejemplo, las que dieron muerte de los comandantes Raúl Reyes y el Mono Jojoy. Sin embargo, la Fiscalía lo citó para que explique por qué aparece nombrado en los correos entre el informante y Vicky Dávila y la razón de que en su dirección se haya creado un supuesto grupo para realizar seguimientos ilegales.

En los correos que recibió la periodista, el informante contó que supuestamente ese grupo de la Dipol fue el que filtró el polémico video que puso en jaque a la exsenadora María luisa Piraquive y su partido político MIRA. En esa grabación, la líder religiosa manifestó que si sus seguidores “ven el predicador sin un brazo, no se van a agradar mucho. Por la conciencia, otros dirían por estética, no lo ponemos en el púlpito”.

En uno de los correos que le escribió el informante a Vicky Dávila se lee: “Lo de MIRA, lo de la senadora Piraquive, lo consiguió Carvajal con las salas y luego lo filtraron porque la senadora se atrevió a cuestionar a mi general Vargas”. Cabe recordar que la hija de Maria Luisa Piraquive, la exsenadora Alexandra Piraquive, fue una de las congresistas que en 2012 se opuso a que Jorge Luis Vargas, en esa época coronel, fuera llamado a curso de ascenso porque, según un anónimo que llegó a la oficina de la excongresista en esa época, Vargas habría manipulado las hojas de vida de los aspirantes desde la Dipol.

El debate que armó la exsenadora Alexandra Piraquive en 2012 fue de tal magnitud que se hablaba de una “rosca” al interior de la Policía. Sin embargo, finalmente Vargas fue llamado a curso de ascenso a general y continuó al frente de la Dipol. Dos años más tarde, en enero de 2014, fue publicado a través de redes sociales el video de María Luisa Piraquive que, a pesar de comenzar como un tema de discriminación, terminó en un proceso en la Fiscalía por lavado de activos contra ella y su partido MIRA.

Del general Jorge Luis Vargas se ha dicho que su carrera ha logrado tal crecimiento ya que es yerno del excomandante de la Policía y general retirado Roso José Serrano. Su esposa, Claudia Serrano, fue asesora clave de la excontralora Sandra Morelli. Por esa razón, uno de los detalles que no puede pasar desapercibido es que entre los líos de corrupción que hoy salpican a varios exfuncionarios de la entidad se encuentran personajes cercanos al general Vargas y su esposa.

Se trata del coronel (r) Carlos Barragán y el coronel Jairo Gordillo, quienes hoy están siendo procesados por la Fiscalía por irregularidades en la contratación entre 2012 y 2013 de un software de inteligencia para la Contraloría. Ambos hombres, quienes ejercían como jefe de Seguridad Tecnológica e Informática de la Contraloría, y jefe de la oficina de Telemática de la Policía, respectivamente, fueron cercanos al general Vargas por ser expertos en temas de inteligencia.

El trasfondo de toda esta situación es más grave aún: es la sospecha, bien fundada, de que en Colombia la información privada de figuras públicas o que de alguna manera están ligadas a algún poder está siendo comercializada, como si se tratara de una mercancía a la que puede ponérsele precio. Y así ha sucedido. Fuentes de alta confiabilidad le contaron a este diario que, en lo que se ha encontrado, en Colombia ‘chuzar’ un whatsapp puede costar $50.000. Menos que un balón de fútbol decente. Y aunque por ahora apenas se han mencionado los nombres de algunos periodistas posiblemente interceptados de forma ilegal (María del Rosario Arrázola, Claudia Morales, Vicky Dávila, Felipe Zuleta), la historia colombiana muestra que, cada vez que un episodio de “chuzadas” sale a la luz pública, la lista de víctimas suele ser extensa.

Así las cosas, una hipótesis que empieza a tomar fuerza en las entidades del Estado que han estado haciendo seguimiento a este tema es que en el país empezó a expandirse el modelo Andrómeda. Es decir, civiles que hackean información y se la venden al mejor postor, que hasta pueden ser militares o policías. Un modelo que tiene sentido en un mundo interconectado digitalmente, donde todas las plataformas –correos electrónicos, chats y otros medios que funcionan con computadores y celulares–, al parecer, son mucho más vulnerables de lo que prometían ser. El problema fundamental es: ¿cómo combatir un monstruo que tiene tantas cabezas que, a su vez, son prácticamente invisibles? ¿Cómo saber quién, de qué manera y por orden de quién está siendo “chuzado” ahora mismo? ¿Quién controla estos abusos?